Venta a plazos de bienes muebles
Esquema-guión estudio
JGD 2014
VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES
• La Ley de ventas a plazos no es una ley de protección del consumidor, sino más bien de
facilitación o de fomento de la venta a plazos, mediante el establecimiento de garantías
que protegen los créditos de vendedores y prestamistas. La protección del comprador en
cuanto usuario financiero está en la Ley de crédito al consumo y supletoriamente en el
TR LDC. Se establece un orden de fuentes: 1.º) Ley de crédito al consumo , 2.º)
LVPBM. (Esto indica que la tutela del consumidor es preferente, pero este objetivo se
busca sin menoscabo de una protección vigorosa del crédito)
■Significado general de la figura. Reforzar la posición del financiador de
estas operaciones, sobre todo con derechos de preferencia,
procedimientos de ejecución y garantías jurídico-reales, para
fomentarlas en interés general del crecimiento económico y de la
elevación del nivel de vida y aun de la capacidad productiva
empresarial. Estas finalidades se han tratado de coordinar con la
protección de los intereses de los consumidores y con la prevención de
su endeudamiento excesivo. También puede funcionar, mediante el
manejo gubernativo de algunas variables financieras, como un
instrumento de regulación del crédito en sentido expansivo o
restrictivo.
■Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles
(BOE 14 julio 1998) http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1998-16717 Entró en vigor el 12 de septiembre de 1998.
■Inicialmente se reguló esta figura en la Ley 50/1965, de 17 de julio. El
Registro público en ella contemplado para dar publicidad a las ventas
de bienes muebles a plazos con pacto de reserva de dominio o
prohibición de enajenar, se reguló por una Orden de 15 nov. 1982.
■En 1986 se aprueba la Directiva del Consejo de las CC. EE. 87/102/
CEE, 22 dic. 1986, sobre Crédito al consumo.
■La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al consumo, se dicta para la
incorporación o “trasposición” de esa directiva.
■Se modifica la directiva en 1990. Directiva 90/88/CEE, 22 feb. 1990.
■Se modifica la Ley 7/1995 por la Ley 39/2002.
■La normativa de crédito al consumo se aplica a los contratos
empresario-consumidor de concesión o compromiso de concesión de
crédito, bajo cualquier forma jurídica, para necesidades personales
(familiares)
