LECCIÓN 9: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.
♦ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Durante todo el s. XIX, La Administración no respondía por los daños causados excepto en casos
singulares y en virtud de texto legal expreso (daños causados a los particulares por el ferrocarril…). Había una
situación de irresponsabilidad absoluta del Estado. Pero dicha situación cambió en 1954 con la llegada de la
LEF, la cual puso fin a esa situación de irresponsabilidad de la Administración, declarando que ésta
respondería de los daños causados a los particulares en los bienes ‘’a los que esta ley se refiere’’ por el
funcionamiento normal o anormal de la Administración. La única limitación material es que dicho daño tenia
que referirse a unos bienes concretos determinados en la ley, pero luego eso fue corregido. A pesar de este
cambio, no fue fácil en la practica la consolidación del sistema instaurado en la LEF, aunque a principio de la
década de los 70 se empezó a vislumbrar un cambio en este sentido.
♦PRINCIPIOS BASICOS DEL SISTEMA: CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD.
La CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el sistema de responsabilidad de todas las
Adminisraciones públicas. Dicho sistema de responsabilidad es general y único para todas las AAPP, todas se
rigen por una misma ley, la LPC art. 139 y ss. La responsabilidad en que puedan incurrir las Administraciones
Públicas cuando actúen en relaciones de Derecho Privado también se exigirá con lo previsto en los art. 139 y
ss. De la LPC.
La responsabilidad patrimonial de la Administración puede surgir tanto de una actividad jurídica
(reglamento o acto administrativo), como de una actividad puramente material o técnica, o de una simple
omisión.
Desde la perspectiva del sujeto dañado (la victima), la ley se refiere ‘’a los particulares’’, pero el
empleo de esta expresión no impide que una Administración reclame a otra distinta la reparación de los daños
en su patrimonio sufridos por ella por el funcionamiento de la otra. Dentro del término ‘’los particulares’’,
también entran los funcionarios y el resto de personal al servicio de los entes público, pues también puede
sufrir daños por consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
♦CONFIGURACIÓN OBJETIVA Y DIRECTA.
La responsabilidad de la Adminsitración se formula en los art. 121 LEF y 139 LPC como una
responsabilidad directa. La clausula general prescinde de la culpa o ilicitud de la actuación administrativa
como principio o fundamento general y único del sistema: puede coincidir una actuación licia de la
Administración que cause un daño al particular y que no se corresponda con el deber del particular de soportar
el perjuicio de dicha actuación. Esta fundamentación de la obligación de responder patrimonialmente que
pasa a ser contemplado desde la perspectiva del dañado y no desde la del agente causal es lo que se denomina
objetivización de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
El fundamento del sistema está en la protección y garantía del patrimonio de la víctima. Quedan
incluidos en la formula legal no solo los daños ilegitimos que son consecuencia de una actividad culpable de
la Administración o de sus agentes, sino también los daños producidos por una actividad perfectamente ilícita
(funcionamiento normal) que el perjudicado no tiene la obligación de soportar.
♦LESIÓN RESARCIBLE:
La responsabilidad es un mecanismo que se pone en funcionamiento solo si y en la medida en que se
haya producido una lesión patrimonial en sentido propio por una acción u omisión de la Administración.
El concepto de lesión es el auténtico centro de gravedad del sistema, por lo que hay que definirlo con
precisión, sobre todo desde el punta de vista técnico-jurídico, para evitar el resigo de que el sistema legal
pueda ser interpretado y aplicado como una formula inespecífica que puediese amparar cualquier pretencion
indemnizatoria aunque fuese absurda.
El concepto de lesión difiere del de perjuicio (perdida patrimonial cualquiera). La lesión al que se
refiere la Ley y la CE es otra: para que exista lesión no basta un perjuicio patrimonial, sino que dicho
perjuicio debe de ser antijurídico. En esa antijuridicidad esta el fundamento de la obligación reparatoria, pero
esta es una antijuridicidad relativa, pues no es que la lesión sea antijurídica porque la conducta de quién lo
ocasiona sea contraria a derecho, sino que la lesión es antijurídica cuando el dañado no tiene del deber
jurídico de soportar esa conducta. Por tanto, hay lesión y por tanto responsabilidad de la Administración,
