La doctrina del
doble tiro
Antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre esta doctrina del «Doble tiro», los
Tribunales económicos administrativos así como las salas de los Tribunales Superiores de
Justicia resolvían, en base a la teoría del “tiro único”, que la Administración Tributaria tenía solo
una oportunidad para dictar un acto económico y si este era invalidado por sentencia judicial
no podía volver a girar una nueva liquidación, salvo que la invalidez lo fuera por defectos
formales donde se le concedía una segunda oportunidad.
la teoría del doble tiro por parte del Tribunal Supremo era hacer valer la justicia material sobre
un eventual resguardo procesal al que pudiera acogerse un contribuyente incumplidor. Sin
embargo, la aplicación práctica de esta teoría entendida en su sentido más amplio ha generado
una situación de indefensión material para los contribuyentes que se ven sometidos a
procedimientos de revisión eternos pues, pese a ir justificando la nulidad del acto
administrativo dictado frente a ellos, se le va permitiendo a la Administración volver sobre sus
pasos con nuevas actuaciones que vuelven a situar el procedimiento en la casilla inicial.
Pero, en su sentencia de 20 de julio de 2021, el Tribunal Supremo ha limitado de forma
sustancial la efectividad práctica de la retroacción y con ello ha erosionado la teoría del doble
tiro.
El caso se interpuso porque el proceso administrativo ordinario limitó el acceso a la protección
legal de un contribuyente que recibió una parte sustancial de una decisión de liquidación
porque no había motivación para impugnar el acuerdo de transacción. No se reconoció ningún
error formal y, sin embargo, el tribunal ordenó procedimientos retroactivos para corregir el
razonamiento defectuoso.
La Corte Suprema no solo ha criticado las limitaciones de la jurisdicción administrativa para
impugnar tales decisiones, sino que, ha limitado el efecto retroactivo de tales decisiones.
La primera parte de la sentencia se utilizará para proteger a los contribuyentes que quieran
completar su recurso lo antes posible antes de que la decisión sea retroactiva, ya que los
tribunales se han negado hasta ahora a examinar la posibilidad de legalidad en muchos casos
debido a la vía administrativa. está invertida de modo que no hay un objeto real de acción.
Cabe recalcar que incluso se han dado casos en que los contribuyentes tienen que pagar por la
presentación de dichos recursos.
En segundo lugar, limita la capacidad real de las agencias de gestión económica para aceptar la
