DERECHO CONSTITCUCIONAL
Artículo 24
Voy a comenzar explicando el artículo 24 de la Constitución española, que se encuentra en
Titulo I Capitulo II Sección primera de los Derechos Fundamentales y de las Libertades
públicas, este precepto podemos dividirlo en dos partes:
En el apartado primero nos dice que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que,
en ningún caso, pueda producirse indefensión “
Y en el apartado segundo: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada
contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia”
Es decir este artículo en su apartado primero recoge el derecho a la tutela efectiva de los
derechos e intereses legítimos y en su apartado segundo, una serie de derechos y de garantías
procesales básicas que concretan, en el plano jurisdiccional, la idea del Estado de derecho (que
es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una
constitución) como bien recoge el articulo 1.1 de la CE “España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”
Respecto a la Ley de Tasas 10/2012 vigente es España, mediante la cual todas las personas
físicas y jurídicas, tienen la obligación del pago de una tasa (tributo) para actuar ante los
tribunales de justicia en todo orden jurisdiccional (incluido el laboral y contencioso) y toda
instancia (primera instancia, apelación, y casación), la jurisdicción penal quedara exenta de
estas tasas. Respecto a esta ley de tasas se ha pronunciado el TC en la Sentencia 20/2012, que
aprobaba un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con tasas.
Desde mi punto de vista la Ley de Tasas Judiciales impide el acceso a la Justicia a los
ciudadanos con menos recursos económicos y vulnera el Estado de Derecho recogido en al
artículo 1.1 CE y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el articulo 24
CE.
Voy a comenzar a explicar los motivos de mi opinión;
En primer lugar; el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse en su
Sentencia 20/2012, sobre la constitucionalidad de la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, ya que en su articulo 35 se establecían en determinados
supuestos la aplicación de tasas a las personas jurídicas, por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, el cual suscitando dudas de
constitucionalidad por vulneración del derecho de acceso al proceso, regulado en el art. 24.1 CE
no fue declarado inconstitucional. Sin embargo mas tarde fue derogado mediante la Ley
10/2012 que de manera mas extensa amplia la tasas judiciales.
En segundo lugar; la incorporación de las personas físicas al pago de las tasas hasta ahora
exentas. Pienso que las personas físicas deberían haber continuado exentas del pago de la tasa,
aunque el articulo 4.2 .a de la ley 10/2012 recoja la asistencia jurídica gratuita para las personas
