CASO PRCTICO PROF. BERMDEZ SNCHEZ
FACULTAD DE DERECHO,
Con fecha 3 de octubre de 2016, el Guardia Civil D. P. V., en un control de veh.culos, en la zona fronteriza del
Tarajal de Ceuta, tras advertir a un ciudadano marroqu. que no pod.a circular con el permiso de conducci6n
de Marruecos, y tras extenderle el correspondiente bole9n de denuncia recibi6 40 euros del citado
ciudadano, y as. permiti6 que continuara su viaje conduciendo el Veh.culo, sabiendo que lo hac.a sin e!
preceptivo permiso administrativo, y ello, porque una persona sin identificar le dice al ciudadano marroqu.
que si le daba dinero al Guardia Civil de control le dejar.a pasar. Como consecuencia, D. P. V. fue condenado
por Sentencia de la Audiencia Provincial de T. de fecha 12 de diciembre de 2017, a la pena de 40 euros de
multa y un a>o de inhabilitaci6n especial para empleo o cargo p@blico en el Cuerpo de la Guardia Civil, como
autor de un delito de cohecho de la referida condena de inhabilitaci6n especial por el tiempo de un a>o, y de
conformidad con el articulo 88.1.c) de la Ley 42)1999, de 25 de noviembre, de REgimen de Personal del
Cuerpo de la Guardia Civil, mediante Resoluci6n 160/02522111, de 8 de febrero (BOD n@m. 33), del Director
General de dicho Cuerpo se public6 la pErdida de la condici6n de Guardia Civil del interesado, con efectos a
partir del 17 de febrero de 2018.
Mediante instancia de fecha 20 de febrero de 2018, solicita su rehabilitaci6n en el mencionado Instituto, que
reitera en otro escrito de fecha 1 de junio de 2018.
Mediante Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2019, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Defensa, visto el expediente de rehabilitaci6n, instruido al que fuera Guardia Civil D. P. V., acuerda la
desestimaci6n de la solicitud formulada por el interesado de rehabilitaci6n en el Cuerpo de la Guardia Civil.
Por lo que respecta al fondo del asunto, seg@n dispone el ar9culo 86.1 .c) de la Ley 42/1999, de 25 de
noviembre, de REgimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, que el Consejo de Ministros podrH
conceder la rehabilitaci6n, a petici6n del interesado, de quien hubiera sido condenado a pena principal o
accesoria de inhabilitaci6n absoluta o inhabilitaci6n especial, atendiendo a las circunstancias y entidad del
delito cometido y siempre que se hubiese extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito, y en
este caso, resulta evidente que la conducta del interesado, tal como ha sido descrita, deviene incompatible
con todas y cada una de las normas que regulan el comportamiento profesional de quienes forman parte de]
Instituto de la Guardia Civil, que no solo establecen una indudable y especial obligaci6n de acomodar su
actuaci6n, tanto p@blica como privada, al ordenamiento jur.dico, tal cualidad no puede predicarse de quien,
como el interesado, no s6lo incumple la obligaci6n de velar por el acatamiento de las leyes y de prevenir la
comisi6n de actas delictivos, sino que se aprovecha, precisamente, de su condici6n de miembro del Cuerpo y
de la funci6n concreta que desarrolla para facilitar a perpetraci6n del delito. En consecuencia, y compartiendo
plenamente el criterio mantenido por las autoridades del Ministerio del Interior, entiende la Asesor.a Jur.dica
General del Ministerio de Defensa, de la misma manera, que proceder.a la desestimaci6n de la petici6n de
rehabilitaci6n formulada por D. P. V.
Contra dicho Acuerdo, D. P. V. interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo,
basando su petici6n en que ante la falta de resoluci6n expresa por parte del Consejo de Ministros, de su
primitiva solicitud de reingreso en el Cuerpo, de fecha 20 de febrero de 2018 anterior, deb.a operar el silencio
administrativo positivo, que es la regla general. En sus alegaciones de fondo, solicita la anulaci6n del Acuerdo
impugnado al carecer de motivaci6n suficiente la denegaci6n de su derecho a obtener la rehabilitaci6n, dada
la extinci6n de la responsabilidad penal, y que conforme a su hoja de servicios durante treinta a>os hab.a
prestado servicios como Guardia Civil sin que consten otras sanciones ni antecedentes penales, por lo que el
Consejo de Ministros no ha realizado una correcta interpretaci6n del precepto y sus conceptos jur.dicos
indeterminados, al no ponderar estas circunstancias, ni el carHcter puntual de los hechos sancionados, y
mediante esa motivaci6n extrema del Acuerdo recurrido, no se admitir.a ning@n supuesto de rehabilitaci6n,
ante cualquier conducta delictiva, lo que impedir.a cualquier aplicaci6n del supuesto de rehabilitaci6n del art.
86. 1 c) de la referida Ley 42/1999.
El Abogado del Estado se opone, alegando que el silencio en materia sancionadora siempre es negativo; y en
cuanto al fondo, de la lectura de este precepto cabe deducir fHcilmente, en congruencia ademHs con los
reg.menes de rehabilitaci6n aplicables a otros funcionarios y empleados p@blicos, que no se instituye un
