SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO PRÁCTICO.
CUESTIONES PROCESALES
Recurso Contencioso-administrativo especial protección de derechos
fundamentales.
Legitimación. El grupo de ciudadanos marroquíes promotores de la manifestación-
concentración en apoyo a la justicia internacional referida a la RASD ostentan un
interés legítimo (art. 19.1.a de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa,
LJCA) ya que son los directamente afectados al haberles negado derechos y
libertades de reunión y manifestación que gozan en territorio español con plenitud
como cualquier ciudadano español en base a los artículos 13 y 21 CE.
Objeto. La medida adoptada por el Delegado de Gobierno de Madrid de no dejar que
se celebre la manifestación alegando que perturba los actos litúrgicos de la Plaza de la
Basílica y porque anteriores manifestaciones promovidas por los mismos convocantes
acabaron en serios altercados, siendo la alteración del orden público una de las
razones fundadas del Delegado y motivo por el cual pueden prohibirse las
manifestaciones en base al art. 21.2 CE
Plazo. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo especial para la
protección de los derechos fundamentales es de diez días, que se computarán desde
el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada, en nuestro caso, según
el art. 115.1 de la LJCA.
Tras este análisis de las cuestiones procesales debe concluirse que el recurso debe
ser inadmitido.
CUESTIONES MATERIALES.
1. Supuesta vulneración del artículo 21 CE.
El Delegado del Gobierno de Madrid ha prohibido las manifestaciones que los
ciudadanos marroquíes solicitaron poder llevar a cabo en la Plaza de la
Basílica, los cuales tomaron la prohibición del Delegado como una flagrante
vulneración de sus derechos como ciudadanos extranjeros de los artículos 13
y 21 CE, derecho de los extranjeros a gozar en España de las libertades
públicas y el derecho a reuniones y manifestaciones pacíficas,
respectivamente.
Los extranjeros, sin perjuicio de lo establecido en los citados artículos, pueden
libremente ejercer su derecho a reunión o manifestación sin objeción alguna
por parte de la Administración, toda vez que haya sido dada comunicación
previa a las autoridades y sin que su actividad pueda derivar en alteración del
orden público, y mucho menos pueda existir peligro para personas o bienes.
En nuestro caso, el Delegado de Gobierno fundamenta su decisión con el resultado de
las anteriores manifestaciones de los mismos promotores, acabando éstas en serios
altercados, razón por la cual el art. 21.2 CE permite prohibir dichas manifestaciones.
