Mercedes Canoyra Cordero Grupo
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CASO PRÁCTICO I: BASES CONSTITUCIONALES
Un grupo de ciudadanos marroquíes residentes en España comunican con fecha de 1 de junio de 2010 al Delegado del
Gobierno de Madrid la decisión de celebrar una manifestación-concentración en la Plaza de la Basílica, el domingo 6
de junio de 2010, de 9 a 13h, con la instalación en la misma plaza de mesas informativas con megafonía y una tienda
de campaña saharaui o haima, con objeto de distribuir panfletos informativos, exposición fotográfica y vídeos,
pancartas y banderas saharauis, en apoyo a la justicia internacional referida a la RASD (República Árabe Saharaui
Democrática).
El Delegado del Gobierno con fecha de 4 de junio de 2010, comunica a los convocantes que la manifestación no podrá
celebrarse puesto que considera que perturba los actos litúrgicos de la Basílica, y porque que existen razones fundadas
de que puedan producirse alteraciones de orden público, dado que anteriores manifestaciones promovidas por los
mismos convocantes dieron lugar a serios altercados. Ante esta decisión, los promotores de la manifestación
interpusieron con fecha de 2 de julio de 2010, un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los
derechos fundamentales, alegando la flagrante vulneración de los derechos y libertades de reunión y manifestación
que, como extranjeros, gozan con plenitud en territorio español en aras de los artículos 13 y 21 CE.
Por su parte, el Abogado del Estado en fundamento de su defensa alega que en este supuesto no se puede hacer uso de
la vía procesal para la protección de los derechos fundamentales dado que los extranjeros no tienen reconocidos los
derechos políticos en España, y además, en todo caso, la resolución del Delegado del Gobierno está suficientemente
justificada.
Resuelva todas las cuestiones jurídicas que plantea este caso práctico estudiando también las vías procesales de
defensa de los recurrentes.
SOLUCIÓN AL CASO PRÁCTICO
Cuestiones Procesales:
Se trata de un recurso contencioso-administrativo especial de protección de los derechos fundamentales, se encuentra
regulado en la Ley 29/1998, de 13 de Julio que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículos 114 y
siguientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Objeto:
• En este caso, se trataría de la vulneración de los artículos 13 y 21 de la Constitución Española, que regula los
Derechos Fundamentales que tienen los ciudadanos y los extranjeros que viven en España. El artículo 13
regula la situación de los extranjeros que viven en territorio español: Artículo 13. 1. Los extranjeros gozarán
en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los
Tratados y la Ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento
de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los
delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La Ley establecerá los términos en
que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. El artículo 21
establece que se pueden celebrar reuniones siempre que estas sean de carácter pacífico: Artículo 21. 1. Se
reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización
previa.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación
previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden
público, con peligro para personas o bienes. El Delegado del Gobierno, es la autoridad competente para
permitir celebrar este tipo de reuniones, pero en este caso no da su consentimiento, alegando que pueden
