Colisión de derechos (introducción)
Se confrontan dos derechos: el derecho de manifestación (ligado especialmente a la
libertad de expresión de las personas que se agrupan en los alrededores del domicilio
del cargo representativo) y el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio del
político.
- La libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, gozan de una
posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una
especial protección.
En una sociedad democrática se debe ofrecer una adecuada oportunidad de expresión de
las ideas políticas que discutan el orden existente, siempre que su realización proponga
por medios pacíficos, a través del ejercicio del derecho de reunión, así como por otros
medios legales. Legitima cierta dosis de exageración o provocación sin caer en el
insulto.
- Una confrontación física es algo distinto a la confrontación verbal, argumental,
intelectual o dialéctica siendo necesario establecer ciertas medidas para evitarlo o
controlarlo.
Derecho de personalidad
- La peculiaridad del escrache radica en que pretende una confrontación entre los
participantes en la manifestación y los cargos públicos que han de adoptar una decisión
que aquéllos no comparten. Toda manifestación tiene un componente de presión.
Dentro del derecho de personalidad, también se da una confrontación entre los derechos
de libertad de expresión y el derecho de intimidad, en función de la situación de presión
o atención que sufre el personaje publico.
Este como hemos dicho tiene derecho a no ser objeto de atención de los medios cuando
no esta desempeñando sus funciones publicas.
A finales de los años ochenta, la jurisprudencia constitucional consolidó los criterios hermenéuticos para
la resolución de colisiones entre esas libertades y derechos. Tres elementos han sido decisivos al respecto.
El primero, lo constituye el reconocimiento de que los derechos al honor, a la intimidad y a la propia
imagen no representan sólo un límite a la libertad de expresión, en los términos del artículo 20.4, sino que
son, a su vez, derechos fundamentales proclamados en el artículo 18.1 CE. En consecuencia, cuando esos
derechos colisionen, no puede partirse apriorísticamente de que los reconocidos como límites prevalecen
como bienes preponderantes ante la libertad de expresión, sino que se produce, en tales casos, un
verdadero conflicto entre derechos (SSTC 107/1988, 214/1991, 85/1992, 15/1993), por lo que no
necesariamente el honor, la intimidad o la propia imagen, deben prevalecer sobre la libertad de expresión.
El segundo elemento resulta ser la llamada “ponderación adecuada”, esto es, una ponderación que respete
la correcta valoración y definición constitucional de los derechos puestos en conflicto (SSTC 20/1990,
171/1990 o 240/1992), lo que ha permitido al Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la
Constitución, la revisión material de la ponderación realizada en sede de la jurisdicción ordinaria. Y, en
tercer lugar, el Tribunal introduce en la “adecuada ponderación” la doctrina del “valor preferente” de las
libertades de expresión. El reconocimiento en la STC 12/1982 de que el derecho a la libertad de
expresión significa “el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la
opinión pública libre”, indisolublemente ligada con el pluralismo político, valor fundamental y requisito
del funcionamiento del Estado democrático, sirvió a la STC 104/1986 para afirmar que “Esta dimensión
de garantía de una institución pública fundamental, la opinión pública libre, no se da en el derecho al
honor; o dicho con otras palabras, el hecho de que el artículo 20 de la Constitución garantiza el
mantenimiento de una comunicación pública libre otorga a las libertades del artículo 20 una valoración
que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales.” Mas, a partir de aquí, se
fue haciendo necesario entrar en una modulación de este criterio. Pronto, por razones obvias, empezó a
puntualizarse que “valor preferente” no significa “valor jerárquico” (SSTC 240/1990, 178/1993,
336/1993, 42/1995), lo que va a permitir, en caso de concurrencia de los derechos del artículo 20 y del
artículo 18 un enfoque basado, no en la jerarquía de unos sobre otros sino en la identificación del alcance
del derecho en cada caso concreto; es decir, la cuestión se reduce a decidir “[…] hasta qué punto puede
apreciarse que determinadas expresiones son ejercicio de un derecho fundamental, reconocido y
