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Tipo: Apuntes
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Nuestro país se caracteriza por tener un gobierno con base democrática y constitucionalista, es decir, una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales respetando las normas impuestas en la carta Magna pero debemos reconocer que las autoridades se han enfrentado muchas veces a las críticas de sus gobiernos por la falta de claridad al rendir las cuentas anuales y por los innumerables actos de corrupción entre los funcionarios del estado y dueños de empresas privadas. Sin embargo, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2013), en el intervalo de los años 1980 y 2000, el idealismo democrático tuvo una contraposición por grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país que buscaban destruir al Estado democrático e instaurar un Estado socialista; su idea de estado socialista tenía como objetivo un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. En 1980 se inició el terrorismo, encabezado por el grupo armado Sendero Luminoso quienes propiciaron un ambiente terrorífico para los ciudadanos, llegando a afirmarse que “sus acciones criminales no pueden convalidarse como “delitos políticos conexos con comunes” sino como crímenes de lesa humanidad sujetos a la legislación penal interna y condenados por el Derecho Internacional” (Ramacciotti, 2015).
Según nos narra Tramontana (2014). “Cuando Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980, no solo sorprendió a todos los sectores políticos y al gobierno, sino que también encontró desprevenidas a las Fuerzas Armadas.” Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica situación por la que pasaba el país y a cómo la población percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la injusticia. Y por otro lado estaba el contexto política, la voluntad de los insurgentes y el comportamiento de los actores sociales, políticos y militares. Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición maoísta en el Perú producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (pro-soviético) y Bandera Roja (pro- chino). Abimael Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja. Se recuerda este periodo como los años negros del Perú por la violencia, el número de muertos y el miedo que se sentía. Se estaba regresando a una democracia después de 12 años de dictadura bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Tal dictadura hizo una revolución a nivel social con reformas populares y nacionalistas como la reforma agraria, pero en un contexto de privación de libertades. Se denominaba el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y fue derrotado a partir del paro de los policías en su contra, lo que lo debilitó. En 1975, Velasco sufrió de un aneurisma y terminó en silla de ruedas; el general Francisco Morales Bermúdez tuvo que tomar el mando, y se encontró obligado a convocar a una Asamblea Constituyente en 1979 para restablecer la democracia. Así, después de las elecciones, regresó como presidente, en 1980, Fernando Belaunde Terry, él que había sido derrotado 12 años antes por el mismo Velasco Alvarado.
La corrupción puede ser abordada desde dos perspectivas, que en absoluto son antagónicas; más bien, creo, permanecen en un tipo de relación de género a especie. En efecto, por un lado, es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de la función pública delimitados en la legislación administrativa o penal, pero, por otro lado, es necesario entender la corrupción en un sentido más amplio, esto es, como un clima de mentalidad colectiva, sentimientos y práctica histórica que denominamos “fenómeno de la corrupción” (Montoya, 2016) Sayéd y Bruce (1999) definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.
1.2 CAUSAS:
Nos menciona Montoya, I. (2016) que las causas que propiciaron la corrupción son las siguientes: La ausencia de valores en la sociedad, lo que explica la interesada poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Un ejemplo de lo mencionado lo encontramos en las declaraciones del líder político Luis Bedoya Reyes cuando, respecto del proceso penal seguido contra su hijo, Bedoya de Vivanco, por complicidad en delito de peculado realizado por Vladimiro Montesinos, señaló que su hijo había cometido, en todo caso, un pecado, pero no un delito.
Uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. Los sobornos a las autoridades. El tráfico de influencias. La evasión fiscal de impuestos. Las extorsiones entre los funcionarios públicos. Los fraudes. La malversación de dinero.
Ninguna disposición normativa o diseño organizacional alternativo puede resultar eficaz contra la corrupción si no se presentan y mantienen dos presupuestos básicos: en primer lugar, es imprescindible un mínimo consenso político favorable a esta causa. Este contexto no sólo dota de legitimidad a las políticas que se implementen sino que otorga continuidad a las mismas por encima de las coyunturas particulares. En segundo lugar, resulta necesaria la garantía de una suficiente independencia interna (dentro de su propio aparato institucional) y externa (respecto de influencias del poder político o económico de turno) de los órganos responsables del sistema de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú). Efectivamente, el Ministerio Público como titular único de la acción penal, así como el Poder Judicial, órgano de decisión de los conflictos, son órganos del sistema de justicia que deben superar su histórica pasividad e ineficacia frente a los abusos del poder. La independencia en el desarrollo de sus funciones es presupuesto esencial de una política eficaz de persecución de la corrupción. Sólo esta independencia les otorga la fortaleza necesaria para enfrentar los costos de esta causa nacional.
“Hay jóvenes soldados que están arriesgando su vida en el VRAEM en la lucha contraterrorista y no vamos a permitir que altos oficiales hagan mal uso de los recursos, que tanto requiere el país”, afirmó el ministro Huerta en relación al caso del general José Cruz Flores Guerrero. “Tal como lo ha dicho el presidente Martín Vizcarra, que caiga todo el peso de la ley sobre los malos elementos, también en las Fuerzas Armadas. Quiero ser enfático en decir que en las Fuerzas Armadas no hay lugar para la corrupción”, señaló.
Por terrorismo se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. En términos jurídicos, aunque la comunidad internacional aún no ha adoptado una definición general de terrorismo, en declaraciones, resoluciones y tratados «sectoriales» universales vigentes relacionados con aspectos concretos del terrorismo se definen ciertos actos y elementos básicos.
Se inicia el 17 mayo de 1980 con las primeras acciones armadas del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y concluye el 29 de diciembre de 1982 con el ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha antisubversiva. Integrantes de Sendero Luminoso queman 11 ánforas electorales en la localidad de Chuschi, Ayacucho. Los ciudadanos recuerdan este periodo como los años negros del Perú por la violencia, el número de muertos y el miedo que se sentía.
Las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por combatir el terrorismo debido a que la información que tenían sobre el maoísmo era insuficiente y la bibliografía sobre insurgencia era escasa. Otra dificultad con la que se encontraron fue que la mayor parte de los textos estaban desarrollados por el gobierno de Estados Unidos para combatir la guerrilla panameña, y difícilmente se podía aplicar al caso peruano. Los lineamientos estratégicos y las normas generales para la conducción de la contra subversión no se desarrollaron con la profundidad necesaria para plantear claros los objetivos fundamentales. A esto se sumó la equivocada concepción que tenían los militares sobre los aspectos de inteligencia; los cuales no se aplicaron correctamente. Por último las Fuerzas Armadas se encontraban frente a un Estado altamente burocratizado, que demoraba meses en decidir su intervención frente al problema del terrorismo. Fue en 1982 que el gobierno de Belaúnde decidió que las Fuerzas Armadas actuaran. El plan constaba de tres fases; intervención, pacificación y consolidación de la zona convulsionada. Lo que las Fuerzas Armadas no previeron fue que Sendero Luminoso no sólo actuaba en el interior del país, sino que recibía ayuda y conducción externa, lo que generó la falta de coordinación entre las directivas presidenciales y las militares. Había además vacíos de poder en aquellas zonas donde Sendero había logrado obtener una importante presencia antes del ingreso de las Fuerzas Armadas. Para 1984 la estrategia militar no cambió, pero se intensificó el accionar represivo y se mostró una preocupación especial por la organización de rondas antisubversivas. Para evitar el crecimiento posterior de Sendero era necesario aplicar estrategias en el campo político, económico y sociocultural.
Ese mismo año, Abimael Guzmán declaró que fueron los momentos más difíciles por los que atravesó el partido, lo que significó un gran avance para el gobierno, pero no fue suficiente. El gobierno de Belaúnde erró gravemente cuando se demoró en decidir el ingreso de las Fuerzas Armadas para combatir a la subversión y cuando esto ocurrió creyó, al igual que con las guerrillas de 1965, que bastaba la simple represión militar para batirlas exitosamente. “La interrelación del terrorismo, la inflación, la informalidad y el descenso general de la producción, así como la imposibilidad de pagar la deuda externa, contraída en su mayor parte durante el gobierno militar, contribuyeron al desgaste del gobierno de Fernando Belaúnde. En 1985 Alan García decide no pagar la deuda externa, y se esperaba de él y de su aparato político, el aporte necesario para que el nuevo gobierno perfilara una estrategia contrasubversiva integral y democrática. Nada de eso sucedió, ya que el énfasis del nuevo gobierno se centró casi exclusivamente en la necesidad de terminar con la guerra sucia y el llamamiento a los militares para que respetasen los Derechos Humanos. En septiembre del mismo año, Alan declaró ante las Naciones Unidas que su gobierno defendería la democracia contra el terrorismo pero con respeto a las leyes y los derechos humanos; sin embargo no se lograron mayores avances. Fue en 1989, que el gobierno aprista decidió otorgarle una importancia principal a la lucha contra la subversión terrorista. Pero las indecisiones anteriores, los errores cometidos y la desconfianza generada dentro de las Fuerzas Armadas hacían muy difícil desarrollar una estrategia contrasubversiva coherente y eficaz. Además, el grado de deslegitimación gubernamental era muy grande y se le veía como un gobierno que estaba de salida. En 1990 cuando Fujimori asumió la presidencia, decidió que los pilares de su gobierno serían, primero la reinserción económica y financiera internacional y segundo, utilizaría una estrategia contra subversiva en cada campo, no sólo en lo militar.
En otras palabras, era liberal en el sentido económico y autoritario o dictatorial [dependiendo de la circunstancia, tiempo y lugar] en el político. Este plan se apoyaba en una alianza cívico-militar que actuaría en favor de los intereses de la clase empresarial, pero buscando apoyo en la sociedad civil. Esto representó, por consiguiente, un claro alejamiento del Plan Inca, aunque algunos de los oficiales participantes habían sido partidarios del General Juan Velasco Alvarado, en los setenta. Aunque en un sentido programático el nuevo plan estaba bastante alejado de las ideas presentes en el Plan Inca, el objetivo básico era similar: las Fuerzas Armadas querían jugar un papel protagónico en el intento de reestructurar la sociedad sobre la base de cimientos más estables, que evitaran las crisis recurrentes y periódicas que habían afectado al Perú en décadas recientes, y de ese modo garantizar estabilidad y confianza para la inversión extranjera. Fujimori, en ese sentido, resultó ser el aliado civil que un sector castrense desilusionado con la política de Alan García había iniciado por su cuenta los trabajos de elaborar un Nuevo Plan de Gobierno: el desastre de la política aprista era evidente a nivel del país y del extranjero. Ya habíamos sido calificados como inelegibles (verdaderos parias en las finanzas internacionales) para las inversiones extranjeras. La causa principal para apoyar a Fujimori fue debido a que se trataba de un advenedizo en la política, sin programa de gobierno, sin partido, sin finanzas propias, un desconocido sin ser ligado a los políticos tradicionales. Resultó el civil perfecto que andaban buscando para regresar al poder, con un nuevo programa, acorde con los tiempos del fantasma que recorría el mundo en estos tiempos (Reagan y Bush): el neoliberalismo. Aquello impidió el golpe de Estado que estaban preparando, el libro referido así lo demuestra. La principal consecuencia del peso de las Fuerzas Armadas se había basado en temas que giraban en torno a las necesidades de pacificar el país. Ellos estaban preocupados de que no se entendiera que en cumplimiento con su objetivo de pacificar el país se cometieran “errores”, pero que a la luz de la opinión nacional y extranjera se trataba de verdaderos actos de violación a los derechos humanos, lo cual les había dañado seriamente su imagen y del Gobierno en el exterior.
Los militares en el poder, de manera velada a partir del 28 de julio de 1990 y de manera abierta a partir del 22 de abril de 1992, tenían toda una legislación que les daba impunidad por sus “excesos” en la lucha antisubversiva. Lo habían hecho con el cambio de estrategia en la pacificación del país (noviembre de 1991). Esta legislación se perfeccionó a partir del autogolpe con el Decreto Legislativo N.º 746 (nueva estructura del Servicio de Inteligencia Nacional, que según Carlos Tapia “fue decisiva con relación a la concentración del poder al interior de las estructuras del Estado, particularmente en la composición de la cúpula militar”, que según el general EP Luis Cisneros Vizquerra insospechable de cualquier posición antimilitarista, llegó a calificar a la nueva estructura de inteligencia como una verdadera “GESTAPO” dentro de las Fuerzas Armadas.
Durante el segundo gobierno del presidente Fujimori este proceso se agudizó y el peso de las Fuerzas Armadas en el gobierno fue excesivo. Esto se reflejó por la gran cantidad de decisiones políticas relacionadas con la presencia del Ejército en los gobiernos regionales, las “condenas” leves a militares por el delito de opinión. Así como la expedición de la ley del indulto militar, la decisión de la Justicia Militar de declarar contienda de competencia con el fuero común en el caso del asesinato de Barrios Altos, el tratamiento a los casos de narcotráfico vinculados a las Fuerzas Armadas.
La reparación es un requisito primordial de la justicia. El Estado peruano tiene la obligación de rendir cuentas por las acciones, u omisiones, cometidas en el pasado y es a través de la reparación que puede resarcir de manera directa a las víctimas por las violaciones y abusos cometidos contra ellas. El proceso de justicia transicional no puede ser entendido sin un profundo enfoque reparador, ya que de este depende no solo la reconstitución del Estado de derecho, sino la consolidación de un proceso de reconciliación en un país fragmentado. Desafortunadamente se puede afirmar que un gran número de víctimas siguen pasando desapercibidas, no son reconocidas o atendidas.
La presencia de terroristas en los lugares más alejados del país, se debió a que en los años 70 no hubo presencia del Estado y la satisfacción de las condiciones básicas era inexistente como educación, salud y otros pero hoy es otro escenario. Se convierte en terrorista una persona, porque es adoctrinado, inculcado, enseñado a actuar de esa forma por personas de ideologías extremistas que piensan que de esa manera se puede cambiar al país, inculcando el odio contra las demás personas.
Hemos visto en la exposición las consecuencias que trajo el terrorismo, como las 22,854 muertes y el costo económico de 30 mil millones de dólares en destrucciones que ocasionaron durante ese tiempo. Si bien es cierto los militares y policías han asesinado campesinos y han cometido masacres no se les juzgan como terroristas porque son acciones individuales, realizadas por una reacción espontánea ante una acción, estos hechos son condenados y han sido juzgados y los responsables encarcelados y separados de sus instituciones.
El primer argumento nos menciona que dentro de toda la corrupción estancada en las Fuerzas Armadas existe un número considerable de personas que trabajan honestamente, siguiendo su ética y un modelo ideal de ciudadanos, por lo que no podemos generalizar a todos las malas acciones.
El segundo argumento nos menciona el accionar indigno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchos de los miembros de la alta elite hambrientos de poder traicionaron al Perú por dinero y mejores cargos profesionales; recibieron las sanciones correspondientes.
El tercer argumento nos especifica la participación de los corruptos en la época del terrorismo, buscaron el beneficio del presidente de ese momento para obtener beneficios ilegales.
Por último, en el cuarto argumento puedo analizar que las personas víctimas de la corrupción fueron calladas por miedo, dejando de lado el dolor y siguieron sus vidas, lo que se busca es no conformarnos con el pasado sino buscar una reparación moral, que los culpables no castigados tengan sanciones. Nuestro país no debe olvidar la base del pasado histórico sino mejorarlo para tener una mejor convivencia.
Considero que gran parte de la sociedad tiene como debilidad la memoria frágil y actitudes de poca empatía hacia la historia de dolor que atravesó el país durante los años 1980 y 2000. Sumando la idea de que el Perú se encuentra acostumbrado a la delincuencia de nuestras autoridades, su corrupción y la falta de interés de las personas hacia los asuntos políticos, económicos y sociales. Tomando la postura mencionada como la idea principal de la interrogante puedo concluir mi hipótesis en lo siguiente: Las personas no se involucran en los procesos económicos ni políticos del país y han ido olvidando los acontecimientos tristes en el terrorismo porque pasado ese tiempo el país ha tenido una significativa mejora en su organización y su economía.
La investigación a desarrollar se justificará por su importancia teórica, ya que el Perú está sufriendo un mal que carcome de a pocos sus aparatos del estado, ese mal es la corrupción, cuya problemática fue tratada por gente adulta. Es importante que los jóvenes conozcamos el terror que vivió el país en la década de los 80 y 90, aprender de lo malo que hicimos como ciudadanos, como país en el pasado y no cometer los mismos errores. Finalmente, se justificará también por su trascendencia, dado que sus resultados tratarán de comprender o determinar la percepción que tienen las personas sobre la corrupción en el Perú.
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus escritos e investigaciones nos dan un amplio sentido sobre la definición del terrorismo, sus características y sus efectos en nuestro país.
Peruana de nacimiento y de corazón, aunque de nacionalidad argentina, y hoy radicada en la provincia de Mendoza, la Licenciada en Relaciones Internacionales. Aporto su tesis de licenciatura del tema del terrorismo que fue en publicado en diversas revistas.
SILVA SERNAQUÉ, SANTOS ALFONSO: Doctor en Derecho y diploma de estudios avanzados en Filosofía Teoría del Derecho en la Universidad del País Vasco, España. Tienes importantes escritos que nos enriquecen de investigaciones como: Control Social, Neoliberalismo y Derecho Penal (2002); Legislación Universitaria (2002); Código Civil de Puerto Rico (1998); Reflexiones Penales y Criminológicas (1997).
Sinthya Rubio Escolar: La especialista colombiana en Derecho Internacional Humanitario nos muestra el arduo proceso por el cual el Derecho Internacional ha ampliado su tutela a las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Así, la autora hace un recorrido por los diversos proyectos y principios hasta llegar al actual modelo de reparación de víctimas, el cual incluye entre otros, la indemnización, prohibición de prescripción de delitos
