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TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CARACTERES. LOS VALORES
SUPERIORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LA CONSTITUCIÓN Y EL SISTEMA DE FUENTES.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES. LA REFORMA
CONSTITUCIONAL.
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CARACTERES
Proceso constituyente. La CE es resultado de un proceso constituyente que se inició el 15 jun 1977 con elección de las Cortes Constituyentes y finalizó el 6 dic 1978 con su aprobación por referéndum popular, seguida el 29 dic 1978 de su publicación en el BOE y entrada en vigor.
Estructura. La CE consta de 169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF. Su articulado se organiza en un Título Preliminar y 10 Títulos, que tratan: 1 “De los derechos y deberes fundamentales”, 2 “De la Corona”, 3 “De las Cortes Generales”, 4 “Del Gobierno y de la Administración”, 5 “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, 6 “Del Poder Judicial”, 7 “Economía y Hacienda”, 8 “De la organización territorial del Estado”, 9 “Del Tribunal Constitucional”, 10 “De la reforma constitucional”. El Título I corresponde a la parte dogmática y es el más extenso, pues consta de 46 artículos en 5 Capítulos: 1 “De los españoles y los extranjeros”, 2 “Derechos y libertades”, 3 “Principios rectores e la política social y económica”, 4 “Garantías de las libertades y ddff”, 5 “Suspensión de los derechos y libertades”. El Título III TB está dividido en Capítulos: 1 “De las Cámaras”, 2 “De la elaboración de las leyes”, 3 “De los Tratados internacionales”, así como el Título VIII: 1 “Principios generales”, 2 “De la Administración Local”, 3 “De las CCAA”.
Caracteres:
- Democrática. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho […]. De Derecho. Sumisión formal a la Ley, reconocimiento de derechos y libertades (Sección 1ª, Capítulo II, Título I) y protección de los mismos (53, 168). Democrático. Organiza sus instituciones desde la perspectiva de su carácter representativo y mediante un modelo de separación de poderes (importancia de los partidos políticos (6), “todo Estado democrático moderno es un estado de partidos”). Social. El Estado debe realizar una positiva labor de confirmación social (9.2). 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Monismo del poder, carácter democrático de la organización del Estado.
- Monárquica. 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
- Autonomista. 2. La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Estado de las Autonomías (Título VIII).
- Garantista. Auténtica declaración de derechos y medios de protección (53, 168).
- De consenso. Por un lado, amplitud de materias reguladas; por otro, diversa precisión de esta regulación
LOS VALORES SUPERIORES Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Diferencia. Los valores superiores (1.1) son objetivos generales a alcanzar por el Estado a través del ordenamiento jurídico, y por tanto alcanzan la totalidad del mismo. Los principios constitucionales (9.3), por su parte, son principios generales del Derecho que el legislador constituyente ha considerado necesario positivar para dar una guía de actuación a los operadores jurídicos, y no tienen ese valor de totalidad.
Valores superiores. 1.1. […] que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Libertad. Tiene dos dimensiones:
- Organizativa. Se refleja en las siguientes exigencias: 1 soberanía popular, 2 tolerancia, (^3) elección de gobernantes por sufragio universal, 4 separación de poderes, (^5) reconocimiento y garantía de derechos fundamentales.
- Status de las personas: Libertad-autonomía, por la que existe un ámbito de actuación del individuo sin injerencias ajenas. Libertad-participación, por la que el ciudadano participa de los asuntos públicos y creación de las leyes. Libertad-prestación, por la que el Estado tiene obligaciones positivas con respecto al ciudadano.
Justicia. Es un concepto difícil de definir: “dar a cada uno lo suyo”, pero no se define qué es lo suyo de cada cual; acoplamiento social, pero no se define cómo realizarlo; Derecho natural, pero no se define cuál es su contenido. KELSEN: se identifica con los contenidos de libertad del sistema democrático, y en esto no añade nada a la libertad o la igualdad. TC: a veces se identifica con la equidad, en cuyo caso no opera como valor superior del ordenamiento sino como mecanismo por el cual los jueces y tribunales incluyen criterios de moralidad en sus resoluciones; o con la igualdad, en cuyo caso no aporta nada nuevo. PECES BARBA: la inclusión de la justicia en el art. 1.1 es superflua por cuanto no aportada nada a la libertad e igualdad, y a veces genera más problemas de los que resuelve.
Igualdad. Hay varias manifestaciones en la CE: 1.1 (valor superior), 9.2 (Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas […]), 14 (igualdad ante la Ley).
Pluralismo político. Hace referencia al pluralismo democrático, representado en la CE por el art. 6 (partidos políticos). No obstante, también se aprecia un pluralismo social en el art. 7 (sindicatos y asociaciones empresariales), pluralismo social in genere en el art. 9. (individuos y grupos en que se integra), pluralismo territorial en el art. 2, pluralismo lingüístico en el art. 3.
Principios constitucionales. 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico. 9.3. La CE garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- Legalidad. AAPP: sometimiento a la Ley (103), control judicial de la legalidad de la actuación administrativa (106).
- Publicidad. El Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación en el BOE en el plazo de 15 días (91), los Tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (96).
- Seguridad jurídica. Es síntesis de los demás principios, e implica la previsibilidad de la interpretación y aplicación del Derecho por parte del poder público, lo que implica el necesario conocimiento tanto de las normas del ordenamiento como de los actos de su aplicación.
- Responsabilidad. AAPP por funcionamiento de servicios públicos (106), Administración de Justicia por error judicial o funcionamiento anormal de la misma (121), Gobierno por responsabilidad penal (102).
- Nuestro ordenamiento jurídico. 96. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. […]. Unos, teoría monista, otros, teoría dualista. DÍEZ DE VELASCO: el tratado es válido desde la fecha pactada internacionalmente por las partes y en ese momento se produce su recepción automática en el ordenamiento interno, pero para su eficacia (que cree derechos y obligaciones directamente exigibles por los particulares) se requiere su publicación en el BOE.
Rango. La doctrina entiende que tienen rango de ley, pero con particularidades, pues según el art. 96. […]. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. […].
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Función. Es una vía de adaptación de la CE a la realidad que se mueve entre dos polos: la necesidad de que la CE evolucione sin ruptura, y la necesidad de que la CE sea estable en el tiempo para permitir su conocimiento por los ciudadanos.
Iniciativa de reforma constitucional. 166. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas Legislativas CCAA, iniciativa popular).
Procedimiento. Ordinario. 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
- De no lograrse la aprobación por el procedimiento del ap. anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma.
- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Agravado. 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.
- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Observamos en el procedimiento agravado un bicameralismo perfecto y una excesiva rigidez, por cuanto se requieren mayorías muy cualificadas, 2 legislaturas diferentes y con 2 consultas populares (una por elección a Cortes Constituyentes, la otra por referéndum de ratificación).
Prohibición. 169. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el art. 116 [alarma, excepción o sitio].
TEMA 2. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS.
DECRETOS-LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS. LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY
Dimensiones. Material. Determinadas materias sólo pueden ser reguladas por ley, sea Lord o LO según establezca el principio de competencia; LEdo^ o LCA según establezca la distribución de competencias. ¿Existe vulneración si el Gobierno regula estas materias?
- Si la ley sólo realiza una regulación fragmentaria o no regula nada y se remite a los reglamentos (deslegalización de la materia): sí.
- Si la ley regula los elementos esenciales y deja los secundarios o accesorios a los reglamentos: no.
Formal. Una materia, una vez regulada por ley, sólo podrá ser modificada o derogada por otra ley posterior (2.2CC, 1.2CC). Esto es así porque su rango se ha elevado y se ha congelado en dicho nivel superior (“principio de congelación del rango”).
LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS
LO. 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- Materias. Las demás previstas en la CE: bases de la organización militar (8), DP (54), suspensión individual de ddff (55.2), orden sucesorio de la Corona (57.5), iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley (87.3), modalidades de referéndum (92.3), autorización para la celebración de Tratados Internacionales (93), funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las FFCCSeg (104.2), composición y competencia del Consejo de Estado (107), estados de alarma, excepción y sitio (116), constitución, funcionamiento y gobierno de los JyTrib, estatuto jurídico de los JyMag y del personal al servicio de la Admón Justicia (122), composición, organización y funciones del TCu (136), alteración de los límites provinciales (141.1), supuestos especiales de constitución de CCAA (144), policía de las CCAA (148. y 149.1), referéndum (151.1), ejercicio de competencias financieras de las CCAA (157.3), TC (165).
- Quórum.
Problemas de interpretación:
- Desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Desarrollo. Algunos: toda la regulación, incluso siendo parcial o indirecta; otros (doctrina mayoritaria y apoyada por el TC): sólo la regulación directa. Derechos fundamentales y libertades públicas. Sección 1ª del Cap 2 del Título I
- Las que aprueban los EA. EA. No son simples LO, pues de ser así podrían ser modificadas por otras LO posteriores. Esto se ve reforzado por: 1 exigencia, en los propios EA y de conformidad con la CE, de un quórum reforzado de 2/3 a 3/5 para su modificación; 2 necesario referéndum para la modificación de EA de CCAA que han accedido a la autonomía por la vía del 151 (152.2).
- Régimen electoral general. General. son todas las elecciones (generales, autonómicas, locales) Normas. No sólo las básicas sino también las puramente procedimentales.
DECRETOS-LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETOS-LEYES
- En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general.
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Límites:
- Presupuesto habilitante. Criterios cuantitativo y temporal, a valorar por el Congreso.
- Materias vetadas. Crítica a la expresión “instituciones básicas del Estado”, pues no se enumeran.
Control:
- Convalidación. Mantiene la denominación de Decreto-Ley.
- Derogación. Los efectos producidos anteriormente se mantienen, pues se dictaron en una situación legítima, salvo que el instrumento de derogación establezca otra cosa.
- Modificación. Pese al tenor del precepto, la práctica y el Reglamento del Congreso entienden que la convalidación y la modificación son decisiones sucesivas. Lógicamente la decisión de modificación, no ésta en sí misma, es lo que ha de hacerse en el plazo de 30 días.
DECRETOS LEGISLATIVOS
82-85. 82.1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior [LO].
- La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa, para cada caso concreto y con fijación de plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga de ella el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a Autoridades distintas del propio Gobierno. […].
- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de DLeg.
Tipos.
- Textos Refundidos. Tarea: refundir leyes. Delegación: Lord, 82.5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Forma: Decreto, pero Rango: Ley y por tanto cuando entra en vigor las normas refundidas pierden vigencia.
- Textos Articulados. Tarea: desarrollar las bases Autorización: Ley de Bases, 82.4. Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 83. Las Leyes de bases no podrán en ningún caso: 1 autorizar la modificación de la propia Ley de bases; 2 facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Forma: Decreto, pero Rango: Ley y por tanto puede modificar o derogar leyes anteriores. 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Control.
- Tribunal Constitucional, ante posibles vicios de inconstitucionalidad (161.1.a), 27 LOTC)
- 82.6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las Leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, 13 jul), en lo que exceda de la delegación por tener rango reglamentario.
LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Denominación. Reciben varias denominaciones: leyes autonómicas, territoriales, regionales… todas susceptibles de objeciones, por lo que la más adecuada es leyes de las CCAA.
Rango: Ley, pero con peculiaridades en cuanto a su sanción y promulgación: no se sancionan, pero se promulgan por el Presidente de la CA en nombre de S.M. el Rey, lo que garantiza su ejecución en la misma forma que las LEdo.
Materias: las que se hayan atribuido en sus EA en función de los criterios de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA (148, 149) y de su vía de acceso a la autonomía (plena, 151 ó DT2ª; gradual, 143), pudiendo ser en todo caso exclusivas o compartidas; y las transferidas o delegadas por el Estado (150.2).
Relación LEdo^ – LCA:
- En materias de competencia exclusiva de la CA: la LEdo^ es supletoria (supletoriedad, 149.3) y la LCA puede derogar LEdo preconstitucionales que regulen dichas materias.
- En materias de competencia compartida: la LEdo prevalece en caso de conflicto (prevalencia, 149.3).
Diferencias LEdo^ – LCA:
- Leyes de armonización de disposiciones normativas de las CCAA. 150.3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
- Suspensión de la vigencia. 161.2CE, 30 LOTC. El Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses.
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LAS CCAA
Su sistema normativo se compone de:
- Estatutos de Autonomía. Norma institucional básica, primer rango jerárquico tras CE.
- Leyes autonómicas parlamentarias en el ámbito de sus competencias.
- Decretos Legislativos. Previstos en varios EA (16 EA Madrid).
- Decretos-Leyes. No previstos en EA. ¿Se puede? Sí, por paralelismo y aplicando 86. No, por falta de previsión estatutaria respecto a la aprobación y control. Ahora, 110 EA And.
- Reglamentos. ¿Quiénes? Consejo de Gobierno, sin perjuicio de órganos administrativos unipersonales respecto de las materias propias de su Departamento.
LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AUTONÓMICO POR LOS TRIBUNALES
Órgano competente. 123.1. El TS, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 152.1. […] Un TSJ, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la CA. […]. Articulación. 478.1 LEC. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la CA, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.
Fundamento: unificación en la aplicación del Derecho autonómico, pero crítica: el Derecho autonómico no es un sistema cerrado, sino un subsistema del ordenamiento jurídico nacional.
Problemas:
- Que conozca un TSJ de distinta CA a aquella que ha dictado la norma cuya aplicación se pretende. Esto ocurre, p.ej., en el ámbito civil en cuanto que el fuero general es el domicilio del demandado; en el ámbito contencioso-administrativo sancionador, se puede elegir entre el fuero del lugar donde se ha producido el acto administrativo impugnado o el de su domicilio (TC: “de la CE no se deduce que deba existir una estricta correspondencia entre el ámbito jurisdiccional del TSJ y el acto administrativo que se impugna ante ese Tribunal”). Puede originar contradicciones en las soluciones otorgadas, y no existe mecanismo para unificar criterios.
- Que el Derecho autonómico sea simple reproducción del Derecho estatal. Esto ocurre, p.ej., en materia urbanística. El TS permite que se interpongan recursos de casación ante él cuando los TSJ hayan interpretado los preceptos en contra de la doctrina que sobre los mismos tenga el TS.
- Que la CA, en ejecución de las bases establecidas por el Estado, reproduzca sus preceptos. No pierden por ello ni su rango ni su carácter de básico, por lo que no hay inconveniente para interponer recurso de casación ante el TS alegando su infracción.
- Que se planteen tanto cuestiones de Derecho autonómico como de Derecho estatal. El TS sólo resolverá las de Derecho estatal. P.ej., si resuelve declarando improcedente un óbice procesal y el fondo es de Derecho autonómico, no entrará a conocer el mismo y remitirá el asunto al tribunal de instancia.
RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS AUTONÓMICOS
RELACIÓN PRIMARIA. Los ordenamientos estatal y autonómico no se rigen por el principio de jerarquía sino por el de separación o competencia (c/u se mueve en su propio ámbito competencial y, en tal ámbito, excluye la aplicación de las normas de cualquier otro ordenamiento, GARCÍA DE ENTERRÍA).
RELACIONES DE COLABORACIÓN. Partiendo de la sustantividad propia de cada ordenamiento jurídico, distinguimos las siguientes relaciones:
De cooperación:
- Regulación concurrente del Estado y las CCAA sobre la misma materia: Singularmente a través de legislación básica. Bases por el Estado y desarrollo por la CA. P.ej., cuando la CE reserva al Estado la regulación de las “bases” (149.1.8ª, 11ª, 13ª, 16ª, 18ª y 25ª), “legislación básica” (149.1.17ª, 18ª y 23ª); “normas básicas” (149.1.27ª y 30ª) o un “régimen general” (149.1.21ª).
- Ejecución autonómica de la legislación estatal. P.ej., cuando la CE prevé la ejecución por las AAPP de las CCAA bien de la legislación estatal (149.1.7ª, 16ª, 17ª y 28ª), bien del conjunto normativo único resultante de las normas básicas del Estado y de su desarrollo autonómico.
- Coordinación estatal de competencias mediante directrices y planificación. P.ej., 149.1.13ª, 15ª y 16ª. Esto es distinto de la fijación de bases normativas, pues consiste en señalar medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la actuación conjunta de las autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias (STC 32/1983, 28 abr).
De interferencia:
- Leyes estatales de delegación de competencias. 150. 1. [Leyes marco:] Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o algunas de las CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las CCAA. 2. [Leyes de transferencia o delegación:] El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante LO, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado.
- Leyes estatales de armonización. 150. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
- Coerción estatal. 155. 1. Si una CA no cumpliere las obligaciones que la CE u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las CCAA.
De integración. 149.3 (prevalencia y supletoriedad).
TEMA 4. EL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. LOS
DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA Y DERECHOS FUNDAMENTALES. EL SINGULAR CRITERIO
DE INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCIÓN.
EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR, EN LAS RELACIONES ENTRE
PARTICULARES. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
EL TÍTULO I DE LA CE
Parte dogmática. El Título I integra la parte dogmática de la CE, cumpliendo, en el plano nacional, los imperativos del 1.1 CE (Estado social y democrático de Derecho) y en el plano internacional, las directrices del 16 de la DUDHC de 1789. La parte dogmática de la CE recoge el conjunto de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, mientras que la parte orgánica trata la distribución de competencias y la articulación entre los poderes del Estado.
Estructura. Consta de 46 artículos organizados en 5 Capítulos: 1 “De los españoles y los extranjeros” (condiciones de ejercicio de los ddff, que representan a veces derechos en sí mismas), 2 “De los derechos y libertades” (14, Sección 1ª “ddff y llpp”, Sección 2ª “Derechos y deberes de los ciudadanos”), 3 “De los principios rectores de la política social y económica”, 4 “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, 5 “De la suspensión de los derechos y libertades”; presididos por el art. 10 relativo a los principios fundamento del orden político y la paz social.
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Concepto. Es el respeto a la persona que implica no menoscabar sus derechos fundamentales. 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Positivación de principios generales. Junto con 1.1 (valores superiores) y 9.3 (principios constitucionales). Los fundamentos del orden político y de la paz social son difíciles de diferenciar de los valores superiores por cuanto ambos son valores anteriores a la propia CE; los principios constitucionales, en cambio, son creación de la dogmática jurídica.
Valor normativo. Se ha dudado de su valor jurídico por cuanto el precepto tiene un tono didáctico, persuadiendo al lector de la bondad de los imperativos que se sucederán, y carece de las garantías del 53 y 168, si bien no hay que olvidar son preceptos constitucionales con todo el plus de protección que ello conlleva.
Hacen referencia al fundamento ideológico de los derechos de libertad civil y del Estado social, sobre todo en relación al 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Este precepto plantea la cuestión de si la lista de derechos fundamentales de la CE es abierta o cerrada. Algunos autores entienden que es cerrada por cuanto no existe fórmula alguna que indique su carácter abierto; mientras que otros entienden que la referencia a “los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad” implica una lista abierta. En cualquier caso, habrá que estar a la interpretación jurisprudencial del precepto.
LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Antecedentes. La reflexión sobre los derechos fundamentales se remonta a los inicios del pensamiento humanista. En los siglos XVI-XVII se denominan “derechos naturales”, a partir del siglo XVIII pasan a llamarse “derechos del hombre” y en 1789 se consagran en la DUDHC. En la época del constitucionalismo se plasmaron en las Constituciones. Así, los ddff aparecen como la fase más avanzada del proceso de positivación de los derechos naturales en los textos constitucionales del Estado de Derecho.
Conceptos afines. Derechos humanos son las facultades que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos. Derechos fundamentales son los efectivamente garantizados por el ordenamiento jurídico positivo.
Libertades públicas son el ámbito de actuación de los particulares ajenos a intromisiones externas, y otorgan a su titular un poder de reacción para su defensa. Derechos fundamentales otorgan a su titular un poder de actuar y manifestar el señorío de su voluntad.
Significación de los ddff:
- Objetiva: normas constitucionales que recogen los valores esenciales del ordenamiento constitucional.
- Subjetiva: derechos subjetivos esenciales dotados de una garantía privilegiada.
EL SINGULAR CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LOS DDFF DEL 10.2 CE
Interpretación.
Según su papel central en el ordenamiento. Las disposiciones deben ser interpretadas conforme a la CE y, en consecuencia, a la luz de los ddff. Consecuencias: Interpretación extensiva de los ddff. Esto es, de la forma más favorable a su ejercicio, por cuanto son normas favorables (favorabilia sunt amplianda). Interpretación restrictiva de los límites a los ddff. Esto es, de la forma menos favorable a su aplicación, pues son normas odiosas (odiosa sunt restringenda).
Según 10.2. Las normas relativas a los ddff y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la DUDH y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Críticas. Superfluo (96), los tratados reflejan un mínimo de protección, menor que la de la propia CE.
En la práctica. El TC hace referencia a los tratados para ampliar y completar el contenido del derecho tal y como se reconoce en el ordenamiento interno. Se permite integrar en el ordenamiento interno la doctrina de tribunales internacionales tales como TEDH (Convenio de Roma, 1950).
LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Deben ser interpretados de forma restrictiva, pues son normas odiosas (odiosa sunt restringenda).
Intrínsecos. Se derivan de la propia naturaleza del derecho, esto es, son el marco de actuación del sujeto, p.ej., 20.1.c) (libertad de cátedra sólo ampara a los profesores en el ejercicio de su función educativa y no en otros ámbitos).
También pueden derivarse de la necesidad de ejercitar los derechos fundamentales, con buena fe y sin abuso.
Extrínsecos. Los que impone el ordenamiento jurídico.
Explícitos. Los establecidos de forma expresa en un precepto.
Generales. Relativos a todos los ddff. 10.1 (respeto a los derechos de los demás). Éste es un límite genérico de contornos imprecisos que presupone colisión de derechos y debe ser apreciado caso por caso, según la naturaleza y el uso que se haga de los derechos.
Concretos. Relativos a ddff específicos. 16 (orden público en la manifestación de la libertad ideológica, religiosa y de culto). 33 (función social determinará el contenido del derecho de propiedad). 18.2 (delito flagrante permite la entrada en el domicilio). 20.4 (derechos del Título I y en especial el derecho al honor, intimidad y propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia en el derecho a la libertad de expresión).
Implícitos. Los que se derivan de la propia lógica del ejercicio de derechos y del ordenamiento. No pueden servir para que los poderes públicos vacíen de contenido los ddff, y por ello deben basarse en bienes constitucionalmente protegidos y específicos (no mera referencia al bien común), teniendo en cuenta siempre que los límites a los ddff han de interpretarse de forma restrictiva.
TEMA 5. EL PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE
DISCRIMINACIÓN. EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL. LA LIBERTAD
IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA.
EL PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE
DISCRIMINACIÓN
Manifestaciones CE. 1.1 (valor superior), 9.2 (libertad e igualdad del individuo y los grupos en que se integra), 14 (igualdad ante la ley).
Naturaleza jurídica. 1.1 es valor superior, 14 es, para los particulares, derecho subjetivo, y para los poderes públicos, criterio que debe ser observado en sus actuaciones.
- Derecho subjetivo. Es relacional, por cuanto su razón de ser está en relación con otros derechos y por tanto su vulneración acompaña la vulneración de estos otros derechos.
- Criterio vinculante: Poder Legislativo. 9.2 (mandato positivo de promover las condiciones para garantizar la igualdad y remover los obstáculos que dificulten su plenitud), 9.3 (interdicción de la arbitrariedad). Ante la ley. La ley debe ser general y abstracta, de alcance universal, salvo causa objetiva y razonable que justifique su alcance particular. En la ley. Todos deben ser tratados por igual por la ley, salvo causa objetiva y razonable que justifique una discriminación. Poder Judicial. Los Tribunales no pueden cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones ante casos sustancialmente iguales. El cambio de doctrina deberá ser motivado, bajo pena de anulación en vía de amparo por vulnerar los arts. 14 y 9.3. Administración. Está vinculada tanto en la aplicación de las leyes como en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Circunstancias específicas de sospecha de discriminación. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Lista abierta (“cualquier otra condición o circunstancia personal o social”)
¿Por qué ésas? Por varias razones: Su carácter particularmente atentatorio contra la dignidad humana. Históricamente han sido causas frecuentes de discriminación. Su arraigo social como tales. Los sectores mencionados están en situación de inferioridad en la vida social.
Protección reforzada, por cuanto la causa objetiva y razonable deberá ser especialmente perceptible. En cualquier caso, se invierte la carga de la prueba.
Discriminación positiva permitida en virtud de 9.2 (remover los obstáculos), p.ej. cuota femenina.
DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Concepto. Protege la inviolabilidad de la persona contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo y su espíritu, con las siguientes situaciones límite:
- Integridad física. Esterilización sin su consentimiento de personas deficientes psíquicas (STC 215/1994, 14 jul, que interpreta el art. 428CP (actual art. 156CP), pruebas biológicas para la investigación de la paternidad, pruebas de alcoholemia (STC 103/1985, 4 oct).
- Integridad moral. Actuaciones policiales para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.
PENA DE MUERTE. Estaba prevista en el CPMilitar para tiempos de guerra y en determinadas circunstancias muy graves, pero se abolió para cualquier circunstancia por LO 11/95, de 27 de noviembre. Además, España ha ratificado el Protocolo nº13 del CEDH con este mismo fin. De cualquier manera, organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, consideran que debería abolerse por completo en la CE.
LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO
Regulación CE. 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Regulación Ley. LO 7/1980, de 5 de julio, sobre libertad religiosa.
LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA.
Concepto. Libertad ideológica es el derecho a mantener ideas y convicciones de cualquier tipo sobre la sociedad y la comunidad política. Libertad religiosa es el derecho a profesar unas determinadas creencias, cambiarlas, no profesar ninguna, manifestarlas libremente y no declarar sobre ellas (2 LOLR).
Dimensión:
- Interna. Ilimitada, 16.2 (nadie está obligado a declarar).
- Externa. Limitada, lo cual es legítimo por cuanto nunca se puede obligar a alguien a declarar, pero se permite la renuncia al disfrute del 16.2 para garantizar el ejercicio de otros derechos constitucionales o la protección de intereses del mismo tipo. Particulares: necesario conocimiento para el ejercicio de otros ddff, p.ej., asociación. Poderes públicos: necesario conocimiento cuando se ejercita objeción de conciencia, por razones de interés general, p.ej., puesto de trabajo relacionado con la defensa nacional.
Esta dimensión está reforzada por 14 (no discriminación por razón de religión u opinión).
LIBERTAD DE CULTO.
Concepto. Derecho a mantener lugares de culto y a practicarlo.
Tarea del Estado. Es aconfesional, en consonancia con 1.1 (libertad y pluralismo político). Su cooperación con las confesiones religiosas se refleja en 1 Acuerdos de 3 de enero de 1979 con la Santa Sede y las Leyes 24, 25 y 26/1992 con las Iglesias Evangelistas, Comunidades Israelitas y Comunidad Islámica; 2 permitirles utilizar la infraestructura impositiva del Estado para recaudar un porcentaje fijo en el IRPF de aquellos ciudadanos que voluntariamente lo deseen; 3 posibilitar la formación religiosa en centros docentes públicos (no implica proporcionar ni financiar).
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Las confesiones deben inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas para adquirir personalidad jurídica y plena autonomía de organización y régimen interno. Se crea una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, compuesta por miembros de la AGE y de las confesiones religiosas, cuya función es el estudio, informe o propuesta de las cuestiones relativas a la aplicación de la LOLR y la preparación o dictamen de los Acuerdos de Cooperación.
LÍMITES. 16 (orden público), 3 LOLR (integrado por los derechos de los demás y la seguridad, salud y moralidad pública). Quedan fuera del ámbito de protección de la Ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los religiosos.
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Regulación CE. 13.1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
Regulación Ley. LO 4/2000, 11 ene, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Significado. No significa que los extranjeros gocen sólo de los derechos que establezcan los tratados y las leyes, sino que su disfrute podrá atemperarse en cuanto a su contenido por dichos tratados y leyes (STC 99/1985).
Derechos:
- En CE: los que pertenecen a la persona y no al ciudadano, por ser inherentes a la dignidad humana. A veces indicados por “todos”, “toda persona”, pero no siempre.
- En LO: extenso catálogo basado en el principio de igualdad, salvo excepciones expresas, PERO condicionados a la condición jurídica de residente, salvo los derechos de documentación, enseñanza básica gratuita y obligatoria, asistencia sanitaria pública (menores: igual que para los españoles; mayores: sólo en casos de urgencia; embarazadas: igual que para los españoles durante el embarazo, parto y posparto) y tutela judicial efectiva.
- En Tratados. Completan este esquema.
