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DERECHO PROCESAL I
TEMA 1 - LOS LITIGIOS, MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL
1. Introducción
El derecho procesal quiere resolver los conflictos que hay en la sociedad. Tiene sentido el derecho procesal porque convivimos con otros o nos relacionamos con otros, es decir, porque existe la sociedad.
La Constitución del 78, es la norma más influyente a la hora de la convivencia. El artículo 24 de la CE, a nivel procesal es un artículo básico y muy importante. Los valores, sobre todo los derechos fundamentales, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, también en la CE regula sobre la jefatura del estado.
2. Medios de resolución de conflictos (jurídicos)
Podemos establecer 3 bloques para la resolución de conflictos jurídicos:
A. La autotutela
La autotutela = es la capacidad de resolver el conflicto jurídico por sí sólo, consiste en que una parte (A) impone coactivamente la solución del conflicto a la otra parte (B).
El conflicto jurídico aparece cuando por ejemplo, A dice que B le tiene que pagar una cantidad.
La autotutela en términos generales, no es muy utilizado.
La administración pública esta investida de una autoridad que en ciertos casos, goza de unas potestades que el particular no tiene. Como regla general no cabe a día de hoy, recurrir a este sistema de autotutela para resolución de conflictos.
- Hay varios artículos en el CP que se pueden relacionar con la prohibición de autotutela, como en el artículo 455 CP, el cual prevé que aunque A pueda tener razón, no puede imponer la solución. Otro artículo sería el 172 CP, que prevé que tú no puedes prohibir hacer algo que otro quiere hacer u obligarle hacer algo que no quiera.
- Casos en que el propio sistema jurídico permita utilizar este sistema de autotutela para resolución de conflictos serían: el propio CCE dice que puedes cortar las ramas del árbol del vecino que sobrepasa a tu jardín, también se permite la autotutela en el caso de la legítima defensa (A puede defenderse del ataque siempre con los requisitos que se prevé para la legítima defensa y con ciertos límites) y en el caso del derecho a huelga.
B. El acuerdo entre las partes (Autocomposición)
No hay una parte que impone a otra. Cabe distinguir dos grandes modalidades:
1. La primera modalidad, se llega a un acuerdo, deciden o que ambos ceden en parte o porque puede que A este interesado en cobrar, o
sea que cede uno. Llegan a un acuerdo gracias a los profesionales o porque entre los dos llegan a un acuerdo. [A --- B].
2. La segunda modalidad, se llega a un acuerdo en AB pero con ayuda de un tercero no decisor, éste no decide sino que únicamente
ayuda a acercar posturas...a lo sumo propone una solución pero no la impone. El acuerdo se llega por las partes no por el tercero, porque su solución no se impone a las partes. Por ejemplo, la mediación y conciliación. [A = 3 = B]
En la conciliación, el tercero no se ofrecía a las partes una solución del conflicto sino que sólo acercaba posturas, a diferencia de la mediación que sí ofrecía a las partes una solución del conflicto, que después serían las partes quienes decidirían o si la asumirían.
La intervención de un tercero decisor (Heterocomposición)
Es el supuesto en que el conflicto que tienen AB, participa un tercero decisor. Las partes tienen que asumir esa solución, tienen que acatar la solución.
3
A B
Hay dos casos de terceros decisorios:
El arbitraje // La justicia estatal
El árbitro es el tercero decisor, suele ser impar, para que no haya empate. En el caso de la justicia estatal el tercero sería juez o magistrado. Esa decisión del tercero se llame sentencia en el caso de la justicia estatal, y en el arbitraje sería el laudo procesal.
Las partes renuncian al sistema judicial a favor del arbitraje porque es más barato y es más rápido que el sistema judicial, además asegura lo mismo que una sentencia.
El convenio arbitral es la cláusula donde ambas partes deciden someterse al arbitraje. Hay otra modalidad, la cual ambas partes lo dejan en manos de una institución (TAB que es el Tribunal Arbitraje de Barcelona), que será quien preverá todo.
Uno de los mayores problemas del arbitraje sería que una de las partes no cumpla voluntariamente aunque haya un laudo arbitral, a diferencia del sistema judicial la fase de ejecución no se encarga al árbitro, sino que se tiene que acudir con este laudo arbitral al sistema público de resolución de conflictos.
3. Sistema de fuentes en el Derecho Procesal
En el derecho procesal la fuente por excelencia es la Ley, por tanto la costumbre no es norma del Derecho Procesal. Las Leyes más importantes son:
- Tratados internacionales: siempre y cuando hayan sido introducidos en nuestro sistema, son normas vinculantes para nuestro sistema procesal. Dentro de los tratados internacionales, podría mencionarse aquellos que provienen de la U.E. Cada vez cobran más fuerza en materia procesal.
- Constitución Española 78: A nivel procesal la C.E. es básica, por diversos motivos:
- Contiene los derechos fundamentales aplicables al Derecho Procesal (art. 17, art. 24 (IMP), art 25 C.E.). Los mecanismos jurídicos para alegar la vulneración de ellos disponemos del recurso de apelación, del recurso de amparo, y acudir al TEDH (Estrasburgo) (por este orden). - Art. 24 C.E. (tutela efectiva)
- LOTC del 79 contiene los mecanismos de tutela y protección de la constitucionalidad de las leyes, y la posibilidad de presentar un recurso de amparo.
- Leyes procesales que afectan a los distintos tipos de proceso: bases del sistema procesal.
- LOPJ del 1985 incluye la organización de los tribunales y de los recursos humanos. Esta ley ha sido desarrollada en:
- La Ley de demarcación (LD) Ámbito territorial que tienen los órganos judiciales.
- La Planta Judicial (PJ) Alude al número concreto de órganos judiciales y al número de juzgadores que va a haber en esos órganos.
Los procesos se dividen en (tipos de leyes procesales):
- Penal.
- Civil.
- Contencioso-Administrativo.
- Social o Laboral.
Esto conlleva que exista:
- La LEC (2000).
- La LECrim (1882).
Los miembros del poder judicial todos ellos tienen la misma cuota de independencia, son independientes, no están sujetos a nadie, ni a otros poderes. Ahora bien, si es cierto que de alguna forma la doctrina que emana del Tribunal Supremo, se tiene en cuenta por los otros órganos. Por tanto, un Juzgado de primera instancia si podría dictar una sentencia contraria al Tribunal Supremo, siempre que esté bien argumentada, porque tienen la misma independencia.
Segundo criterio – Criterio territorial
Cada órgano judicial va a tener un ámbito territorial, en donde ejercer su jurisdicción. A este ámbito territorial se le denomina técnicamente demarcación judicial.
Demarcación judicial Circunscripción territorial (ámbito territorial) en el que cada órgano judicial extiende su ámbito de acción.
Las distintas circunscripciones territoriales son (de más amplia a menos):
1. Ámbito estatal (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados centrales).
2. Ámbito autonómico (Los Tribunales Superiores de justicia de las CC.AA.).
3. Ámbito provincial (Audiencia Provincial, los juzgados de lo social, los juzgados de lo mercantil, juzgados de lo contencioso
administrativo, juzgados de lo penal, juzgados de menores, juzgados de vigilancia penitencia).
4. Partido judicial (es una demarcación judicial que incluye varios municipios dentro de una misma provincia, y está compuesto por
varios municipios dentro de una misma provincia. Juzgado de instrucción, Juzgado de primera instancia, y los Juzgados de violencia sobre la mujer).
5. Ámbito municipal (Juzgados de paz, y estarán en aquellos municipios que no son capital o cabeza de partido judicial).
Tercer criterio – Criterio numérico
Podemos encontrarnos con que en una misma localidad existe más de un órgano judicial de un mismo nivel. Ej.: sería posible que hubiera en una misma localidad más de un Juzgado de Primera Instancia, por cuestiones de necesidad, de trabajo. Y serian denominados:
- Juzgado de Primera Instancia núm.1 Sabadell.
- Juzgado de Primera Instancia núm.2 Sabadell.
Cuarto criterio – Órdenes jurisdiccionales
El Poder Judicial (= Jurisdicción, función jurisdiccional, Potestad jurisdiccional, Administración de Justicia) son una unidad, pero por razones de facilidades en el trabajo, o especialización, encontramos lo que se conoce como órdenes jurisdiccionales:
1. Civil Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de Paz, Juzgados de primera Instancia, la Audiencia Provincial, el Juzgado de Violencia de la
mujer, la Sala primera del TS, la sala civil y penal del TSJ.
2. Contencioso-Administrativo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, Sala
Tercera del TS, Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN.
3. Social Juzgado de lo Social o Laboral, Sala de lo Social del TSJ, Sala 4ª del TS, Sala social de la AN.
En estos tres órdenes judiciales se dan las fases:
- Fase declarativa (juzgar) Lo habitual es que siempre haya la gran fase de Alegación, después una Fase de Prueba, y finalmente una Resolución que puede Recurrirse.
- Fase ejecutiva (hacer ejecutar lo juzgado) Segunda gran fase, que se pone en un funcionamiento cuando no se ejecuta voluntariamente la resolución dictada.
Pero en el orden penal, es diferente:
4. Penal Tiene 2 grandes fases:
- Fase de Instrucción e investigación (primera instancia) intenta aclarar el ¿qué? y el ¿quién? Pero no asegura que haya la siguiente fase, ya que puede que no se resuelvan esas cuestiones y se archive el caso.
- Fase de Juicio Oral (primera instancia) La idea clave, la gran función de la fase del Juicio Oral es la práctica de la prueba.
Estas 2 fases tienen 2 órganos judiciales distintos, siempre que el caso que se trate sea constitutivo de delito. En materia de delito el que instruye no puede juzgar, por el hecho de contaminación judicial. Los procesos penales por falta solo tienen un órgano judicial. Para evitar la contaminación judicial se aplica el principio de imparcialidad objetiva (quien instruye no puede juzgar).
Los órganos judiciales ordenados jurídicamente de nivel superior a menor son:
- Sala 2ª TS.
- Sala Civil y Penal TSJ.
- AP (Audiencia Provincial).
- JVP (Juzgado de Vigilancia Penitenciaria)
- JI (Juzgado de Instrucción)
- JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer).
- JMen (Juzgado de Menores).
- JPenal (Juzgado de lo Penal)
- JPaz (Juzgado de Paz).
En los supuestos de terrorismo el legislador ha establecido una vía paralela donde encontramos el Juzgado Central de Instrucción, Juzgado Central de menores, Juzgado Central de lo Penal y Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (Todos son Centrales). El superior a todos estos seria la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional y, el superior a ésta, sería la Sala 2ª del TS.
3. Conflictos relacionados con la jurisdicción
En este sentido se ha de destacar que no siempre está claro que órgano va a conocer sobre un determinado asunto, y las discrepancias ante esta situación puede ser positiva (ej. dos órganos creen que deben conocer sobre tal asunto) o negativa (ej. dos órganos creen que NO deben conocer sobre tal asunto).
Tipos de discrepancia (todas pueden ser positivas o negativas):
3.a. Conflictos de jurisdicción
Este supuesto se plantea entre un órgano judicial y una administración pública o entre un órgano judicial (perteneciente a la jurisdicción ordinaria) y un tribunal militar.
Ej. En el ámbito de las defraudaciones, en cuanto la cantidad, estaríamos entre una sanción administrativa (lo habitual), pero a partir de una cuantía determinada (120.000 €), este hecho pasaría a ser constitutivo de delito, lo cual podría dar a un conflicto de jurisdicción.
3.b. Conflictos de competencia
Se plantean entre 2 órganos judiciales pertenecientes a 2 órdenes distintas. Esto lo resuelve una Sala especial del TS.
3.c. Cuestiones de competencia
Consisten en que el conflicto positivo o negativo se plantea entre 2 órganos judiciales y ambos pertenecen a un mismo orden judicial (ej: dos órganos judiciales penales).
4. El Consejo General del Poder Judicial
Las funciones de Jueces y Magistrados son:
- Función jurisdiccional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
- Función gubernamentativa para llevar a cabo la función jurisdiccional ha de haber una administración.
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial cuya característica principal es su independencia del poder ejecutivo.
Como órgano de gobierno tiene las funciones de:
- Inspección de juzgados y tribunales.
3.f. La abstención y la recusación de Jueces y Magistrados
Para la Ley lo que se analiza es en el caso concreto y a esos efectos la Ley prevé dos mecanismos, la abstención y la recusación para proteger asi el principio de imparcialidad.
Los que diferencia un mecanismo del otro no son las causas o motivos para que un juez pueda ser apartado del caso sino en cuanto a la iniciativa (de quien nace la iniciativa en la abstención o en la recusación) En la abstención esta iniciativa proviene del propio juez (motu proprio) porque considera que en ese caso no será neutral, en cambio, en la recusación esa iniciativa proviene de una de las partes del proceso.
Motivos o causas de abstención o recusación que contempla la LOPJ
Art. 219 LOPJ: “ Son causas de abstención y, en su caso, de recusación:
1.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
2.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.
3.ª Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.
4.ª Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
5.ª Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.
6.ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.
7.ª Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.
8.ª Tener pleito pendiente con alguna de éstas.
9.ª Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
10.ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.
11.ª Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.
12.ª Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.
13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.
14.ª En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª de este artículo.
15.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.
16.ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad. ”
3.g. La responsabilidad del órgano jurisdiccional
5.i. La responsabilidad personal de jueces y magistrados
Son responsables a nivel jurídico. Cabe distinguir tres tipos de responsabilidad en las que pueden incurrir estos jueces y magistrados:
- Responsabilidad penal Incurrir en un delito (ej. Prevaricación, cohecho).
- Responsabilidad civil Como consecuencia de los daños y perjuicios que ha podido causar en el desempeño de sus funciones.
- Responsabilidad disciplinaria-administrativa Como consecuencia de haber incurrido en una falta disciplinaria se le impone a ese juez o magistrado se le impone una sanción disciplinaria por haber vulnerado su estatuto jurídico (ej. Suspensión de empleo y sueldo, etc.).
Estos tres tipos de responsabilidad los impone, en el caso de la penal y civil, el poder judicial (es competencia exclusiva de los jueces y magistrados) pero, en el caso de la disciplinaria, es el CGPJ.
A un juez y magistrado no se le aplican las mismas condiciones que se nos aplicarían a nosotros por haber incurrido en un delito o causado unos daños y perjuicios, etc. sino que se aplica la idea del aforamiento (subir la categoría del órgano que les va a juzgar), es decir, que son personas aforadas, que quiere decir que quien va a resolver esos casos serán órganos jurisdiccionales superiores, que aplicando las reglas de la competencia no serían los mimos órganos que se nos aplicarían a los demás. Esto se justifica con la idea de evitar presiones que condicionen el resultado del juicio.
5.ii. La responsabilidad del Estado (poco importante)
El propio artículo 121 C.E. nos da claves importantes: “ Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley ”.
Ej.: Se reconoce tal indemnización (posibilidad de reclamar ante el ministerio) en casos donde una persona que habiendo ingresado de manera preventiva en prisión, resulta absuelto. Para que se reconozca la posibilidad de indemnización, esa sentencia absolutoria o auto definitivo se ha dictado teniendo en cuenta que ese hecho considerado delictivo no ha existido, es decir no se ha absuelto a esa persona porque se culpa a otro, sino que ese delito nunca ha existido.
Pero después si acudimos a la LOPJ esta posibilidad de indemnización se ve reducida.
6. Otros integrantes de los órganos judiciales que colaboran con los Jueces y Magistrados en la administración de justicia
La diferencia entre los Jueces y Magistrados del resto de integrantes de los órganos judiciales radica entre el artículo 117 C.E. (los Jueces y Magistrados se encargan de juzgar y hacer ejecutar). Estos órganos se encuentran ordenados por la Oficina Judicial.
3.h. Secretarios judiciales
Es el jefe administrativo de la Oficina Judicial, y por otra parte encontramos los gestores procesales, tramitadores procesales y auxiliares judiciales.
Funciones:
- El Secretario judicial tiene algo que el resto no, y es que son depositarios de la fe pública judicial. Dan fe entorno a los escritos y documentos presentados en el órgano judicial, y por otro lado dan fe también de las actuaciones procesales.
- Documentación, se encarga de dejar constancia de lo realizado, se encarga de documentar.
- Conservar y custodiar los autos.
- Puede dictar 2 tipos de resolución:
- Diligencias de ordenación
- Decretos.
- Se encarga de los actos de comunicación. El secretario judicial realiza una especie de labor de comunicación, enlace entre el órgano judicial y las partes del proceso.
- Son los responsables de elaborar la estadística judicial (cuántos asuntos están resueltos, cuántos están pendientes, …).
a. Gestores procesales, tramitadores procesales y auxiliares judiciales (poco importante)
Estos 3 cuerpos se encargan de funciones más modestas.
7. Otro personal colaborador de los Jueces y Magistrados
3.i. Policía judicial
Dentro de la Fiscalía, las órdenes y directrices que provienen de la cúpula de la fiscalía, se han de cumplir por el resto de fiscales, por lo cual el principio de dependencia es tajante.
Existen ciertas fiscalías especiales (violencia de género, antidrogas, etc.).
Dentro de cada Fiscalía hay:
• Un fiscal jefe.
• Teniente fiscal.
• Fiscales.
9. Los Abogados y Procuradores
La postulación procesal alude a la actuación de abogados y procuradores.
Abogados
Abogado no es sinónimo de jurista (todos los abogados son juristas, todos los juristas no son abogados). Para ser abogado hay que colegiarse, la colegiación consiste en pagar una cuota de entrada y las posteriores periódicas, además de otorgar un seguro por daños y perjuicios.
El abogado es el que se encarga de la defensa técnica, de preparar la defensa.
Dentro de los derechos y deberes que tienen los abogados está el guardar secreto, los límites del cual es relativo ya que a veces hay que anteponer el interés público, por tanto el derecho-deber de guardar secreto solo afecta a los hechos ya producidos.
Los abogados cobran a través de sus honorarios, que se cobran a través de la minuta.
Procuradores
El rol que desempeña es el de representación legal de la parte (demandante, demandado, etc.) en los juzgados. El cliente escoge el abogado, y éste suele trabajar con uno o varios procuradores, y se los propone al cliente.
Los procuradores cobran por medio de los aranceles, lo cual significa que van cobrando a medida de las actuaciones que realizan.
El problema que plantea la institución de los abogados es que podrían los abogados encargarse de las funciones de ambos, pero desde el colegio de procuradores alegan, para defender la autonomía de su labor, que solo se dedican al tema de la representación y su función es necesaria y requerida por los abogados.
- Cabe mencionar la importancia que tienen las consecuencias de presentar un escrito fuera de plazo (preclusión).
El turno de oficio (asistencia jurídica gratuita) no es sinónimo de insuficiencia de recursos económicos, pero normalmente van unidos. Hay posibilidad por parte de un abogado de oficio el rechazar un caso, ya no alegando causas morales, sino basándose en otro tipo como por ejemplo la pretensión.
- Artículo 3 de la Ley de 1996:
• IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples)
• IPREM mensual = 532,51 €
• IPREM anual (por 14 pagas) = 7455,14€
1. Doble (19910,28€)
2. Dos veces y media (18.637,85€)
3. Triple (22.365,42€)
También lo encontramos en el reglamento que desarrolla la misma Ley de 1996.
TEMA 3 – LOS ACTOS PROCESALES
1. Concepto
Los actos procesales es un concepto simple. El juicio o también dicho proceso es una sucesión de actos, y estos actos procesales están regulados por las leyes procesales.
Si hubiéramos que precisar aspectos relativos a actos procesales, y tuviera que referirse al:
• Lugar
Los actos procesales se desarrollaran en la sede judicial.
Los actos procesales se pueden también denominar actuaciones procesales, autos o pieza separada que sería una parte dentro del conjunto de actuaciones procesales.
• Tiempo
El factor tiempo tiene especial importancia en los actos procesales. A modo de regla general se puede decir que los actos procesales se tienen que realizar dentro del tiempo previsto para ello en la ley. Se tiene que distinguir dos conceptos importantes:
• Plazo = sobe todo para las actuaciones escritas la ley concede plazos (plazo de 5 días para presentar un recurso...). El plazo es un
espacio de tiempo para realizar una actuación.
• Término / señalamiento = para las actividades orales a realizar dentro de un proceso, el legislador acude al término o señalamiento.
Artículo 132 Ley de Enjuiciamiento Civil. El término consiste en un día y hora concreta para que el testigo pase a declarar.
¿Qué consecuencia tiene no respetar el plazo por parte del órgano judicial o si no lo respeta las partes?
Para el juez o magistrado pocas o ninguna.
Par las partes es una consecuencia nefasta, se produce la preclusión = artículo 136 de la Lec, se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, por tanto el proceso judicial seguirá su curso sin tener en cuenta que ésta parte no pueda realizar el acto.
Cuando he de realizar las actuaciones procesales, es decir que días y horas son las exactas para realizar los actos procesales, el legislador como regla general dice que las actuaciones procesales se tienen que realizar los días hábiles.
Los días inhábiles son:
• Los sábados y domingos
• 24 y 31 de diciembre
• Festivos nacionales
• Festivos autonómicos, donde se esté desarrollando el proceso.
• Festivos a nivel local o municipal, donde se desarrolle el proceso.
• Mes de Agosto se considera inhábil, salvo para las actuaciones que se consideren urgentes.
Esto sería la teoría general. En cuanto a las horas hábiles teóricamente son: de 8h a 20h. Para la instrucción de hechos criminales todos los días y horas son hábiles.
¿Cómo se cuentan los plazos procesales? Hay tres reglas para el cómputo:
1. El plazo comienza a contarse desde el día HÁBIL SIGUIENTE al de la comunicación o notificación.
2. Se excluye del plazo del cómputo los días INHÁBILES.
3. Se puede presentar ese escrito hasta las 15 horas (3 de la tarde) del día HÁBIL SIGUIENTE al del vencimiento.
Por las tardes no podré presentar el recurso (hasta las 15:00h).
¿Y si el plazo es por meses no por días? Aunque la habitual sea por días, si el legislador prevea que para la realización haya un mes, sería de mes a mes (5 a 5). Pero si empieza el 31 se tiene en cuenta el último.
• Forma
Coincidencias entre Sentencia y Auto: Tienen en común las sentencias y las autos que en ambas la ley requiere que se fundamenten sus decisiones, por tanto en su estructura no varían demasiado.
Excepción Sentencia: si después de haber llevado a cabo todas las actuaciones previstas por el legislador el juez cree que no ha habido suficiente información se va a terminar el proceso con un auto de sobreseimiento (es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. En el sobreseimiento el juez, al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia).
B.b. Del secretario judicial
- Diligencias de ordenación
El legislador dice que el secretario judicial podrá dictarla para impulsar el proceso, posibilitando la continuidad del mismo. Por tanto, materialmente no hay diferencia entre las diligencias y la providencia, solo se diferencian en quien las dicta.
- Decretos del Secretario Judicial
El decreto sí que ha de ser motivado, ha de ser fundamentado. El legislador utiliza esta modalidad de decreto cuando se admite la demanda o cuando se pone fin al proceso por acuerdo entre las partes.
- Auxilio judicial : el que solicita esta ayuda a otro juzgado o tribunal, cuando es interna se le denomina exhorto, y cuando es a nivel internacional se le denomina comisión. (art. 118 C.E.)
Art. 118 C.E.: “ Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. ”
* NOTA IMPORTANTE
“Auto” en catalán se llama “Interlocutoria”, ponga o no fin a la instancia.
“Interlocutoria” en castellano es aquella que no pone fin a la instancia (termino antagónico a resolución definitiva).
3. Las comunicaciones de los tribunales con los particulares
Conviene hacer referencia a 4 instituciones:
Es la que en mayor medida nos resulta cercana. A través de una notificación se comunica al destinario de la misma:
- La resolución de un juez o secretario.
- La realización de un acto procesal por la otra parte.
- Testimonio: Copia donde se da fe que se coincide con la sentencia o resolución original
En una citación se convoca a las partes o a una de ellas, o incluso a un testigo o perito, para que en un dia y hora concretos comparezca para la realización de un acto procesal en la que interviene. Se hace a través de la cédula de citación.
Tiene por objeto convocar a las parte de un proceso, para que comparezcan o se personen ante e órgano judicial dentro de un plazo determinado.
Se utiliza esta modalidad de comunicación cuando se ordena una conducta distinta a la de personarse ante un órgano judicial, por ejemplo el requerimiento de pago, exhibición de documentos, etc. Se realiza a través de la entrega de la copia de la resolución que ordena el requerimiento.
SEGUNDA PARTE
TEMA 4 – JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA CIVIL
1. Conceptos: jurisdicción y competencia
Jurisdicción (competencia)
- Primera acepción: como sinónimo de potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado)
- Segunda acepción: como conjunto de órganos jurisdiccionales (la jurisdicción).
- Tercera acepción: como actividad del órgano judicial a lo largo del proceso.
- Cuarta acepción: en ocasiones este término se usa como sinónimo de competencia.
Significado abstracto de JURISDICCIÓN (competencia): potestad de un determinado conjunto de tribunales para conocer de los procesos que reúnan unas concretas características. (Ej.: los tribunales españoles tienen jurisdicción para conocer de los procesos penales derivados de hechos cometidos en España).
Significado concreto de JURISDICCIÓN (competencia): Potestad de un órgano judicial concreto para conocer de un proceso determinado. (Ej.: el juzgado de lo social núm.3 de Barcelona no tiene jurisdicción para conocer del proceso laboral iniciado por A contra B. El juzgado de lo social núm.5 de Barcelona sí tiene jurisdicción para conocer del proceso laboral iniciado por A contra B).
2. La jurisdicción civil
Es la potestad de los tribunales que integran el orden jurisdiccional civil frente a los restantes órdenes jurisdiccionales.
La jurisdicción civil conoce de los asuntos relacionados con el derecho privado (civil, mercantil y foral o específico de una comunidad autónoma) pero nos encontramos con la excepción de que se haya querido recurrir al arbitraje o la vía de la mediación. Los tribunales civiles también van a conocer de asuntos que no les estén privativamente atribuidos a los solos efectos prejudiciales (prejudicialidad), esto se refiere a las cuestiones prejudiciales (ej. En el ámbito de un proceso se plantea que uno de los documentos es falso y, resulta que este documento es decisivo para la resolución del proceso civil).
Los distintos tipos de prejudicialidad existente dentro de un proceso civil son:
- Prejudicialidad penal
- Prejudicialidad laboral
- Prejudicialidad contenciosa-administrativa
- Prejudicialidad constitucional à cuestión de constitucionalidad y prejudicialidad comunitaria.
Para que en un proceso civil se hable de prejudicialidad se han de dar dos requisitos
- Esa cuestión prejudicial es un hecho planteado en el litigio civil diferente de la cuestión principal.
- Esa cuestión prejudicial tiene que tener entidad suficiente como para poder ser objeto de un proceso autónomo y ese proceso autónomo debería poder acabar en cosa juzgada.
Ejemplo: En materia concursal se puede plantear además si se ha llegado a esa situación concursal por un delito de concurso fraudulento (art. 260 CP).
Para solucionar la prejudicialidad existen dos sistemas:
- El sistema devolutivo Este sistema supone que esa cuestión prejudicial va a ser resuelta por los tribunales que deberían resolver ese asunto. Alude a los casos en que la cuestión es devuelta al órgano o tribunales que deberían conocer de ese tema si no se hubiera conocido por los tribunales civiles (si es un tema penal lo solucionaran los tribunales penales). El sistema devolutivo plantea el problema del tiempo.
Reglamento 44/2001 Este reglamento es muy importante ya que en el mismo se establece de manera general que es lo que va a ocurrir, o que criterios son determinantes, en materia civil o mercantil de manera general. Por lo tanto, es un reglamento que de manera general resulta de aplicación este reglamento. Este reglamento resulta de aplicación para los distintos estados miembros de la UE. Y por otro lado exige otro requisito: es que el demandado (de ese proceso de derecho privado) ha de tener su domicilio en un estado miembro de la UE. Ya existe un nuevo reglamento comunitario el 12/15/2012 que a partir de enero del 2015 será de aplicación. Pero este no lo tendremos en cuenta porque de momento sigue siendo de aplicación el reglamento 44/2001.
Criterios (nexos) de aplicación, atribución o fijación de la competencia judicial internacional que establece el Reglamento (quedarse con la idea):
- Competencia exclusiva (art.22 Reglamento 44/2001) Ex.: 22.1. “ En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito.”
- Sumisión tácita si no estamos ante uno de los supuesto del artículo anterior, que ocurre si el demandante presenta la demanda en uno de los estados en que le sea cómodo de la UE, y el demandado no se opone al respecto (art. 24 Reglamento 44/2001).
Art. 24: “ Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22. ”
- Sumisión expresa opera en defecto de la sumisión tácita (art. 23 Reglamento 44/2001). Ex.: 23.1 a) “ por escrito o verbalmente con confirmación escrita”.
♦ Reglas El reglamento fija ciertas reglas que se aplicaran en cuarto lugar. Estas reglas son reglas especiales o reglas más
generales para atribuir el conocimiento a los tribunales de un estado y no a los de otro. El legislador lo que hace es atribuir la competencia a los tribunales del estado que cree el reglamento que es la parte más débil.
■ Especiales : asuntos relativos a seguros y relativos a consumo (artículos 5 a 7 Reglamento 44/2001).
■ General : (artículos 2 a 4 Reglamento 44/2001).
- Fuero del estado donde el demandado tiene su domicilio Por tanto en esos dos casos, y también en materia de alimentos, se tiene en cuenta donde el acreedor tiene su domicilio, esto es para proteger a la parte más débil. En materia de seguro (8-14 del reglamento). Consumidores (art. 15-17). Resto de materias (5-7).
Después de la normativa internacional, se pasaría a la normativa interna art. 22.
2. Normativa interna art.22. (2)
Realmente los criterios que encontramos son muy parecidos a los de la normativa internacional.
(P. ej. Los tribunales civiles españoles serán responsables cuando el demandado tenga su domicilio en España...).
- Criterios:
- Competencias exclusivas: cuando se halle el bien inmueble en España.
- Sumisión tacita
- Sumisión expresa
- Ciertas materias donde el legislador en caso de que no se dieran los 3 anteriores se aplicaría este. Un caso es el de los alimentos.
- El foro general es el domicilio del demandado
4. La competencia objetiva
Para saber que órgano judicial o tribunal civil va a conocer de un tema civil, un asunto concreto, para ello el legislador acude, a modo de filtro, a 3 categorías:
- Competencia objetiva alude a que órgano va a conocer de la primera instancia. Ej.: los juzgados de primera instancia tienen competencia objetiva (=conocerán) para conocer los procesos civiles entorno al arrendamiento de un bien inmueble.
- Competencia funcional para el legislador es quien, que órgano judicial, tribunal, va a conocer de manera deliberada, por tanto quien tiene atribuida el conocimiento de las distintas incidencias que se puedan plantear en ese proceso. Alude por un lado a los distintos recursos que se puedan plantar en un caso concreto y a quien va a conocer de la ejecución.
- Competencia territorial
- PREGUNTA EXAMEN: “¿Que órgano judicial tiene competencia objetiva?” = “¿Quién pude conocer de la primera instancia?”
De abajo a arriba, los órganos judiciales que tienen atribuida competencia civil son:
A. Juzgado de Paz
Es el primer órgano judicial que tiene atribuida competencia civil para conocer de la primera instancia en aquellos asuntos de cuantía leve, aquellos que no superen los 90 €.
B. Juzgado de Primera Instancia
Primera instancia de la inmensa mayoría de los procesos civiles. Pero además, el juzgado de primera instancia resuelve de los recursos contra resoluciones dictadas por los juzgados de paz. El legislador permite la especialización con lo cual existen algunos juzgados de primera instancia especializados (ej. Juzgados de familia).
C. Juzgado de lo Mercantil
Como órganos unipersonales (único titular) vienen funcionando desde septiembre de 2004, son los segundos más recientes. Conocen de asuntos vinculados con el derecho mercantil. Estos asuntos judiciales antes de crearse eran tratados por los Juzgados de Primera Instancia. La gran competencia de los Juzgados de lo Mercantil son los concursos, pero también tratan la propiedad industrial, el transporte, el derecho marítimo, la competencia desleal, etc.
Conocen en primera instancia de todo el procedimiento concursal, con independencia del tipo de acreedor.
D. Juzgado de Violencia sobre la Mujer
La gran competencia de estos juzgados no es el tema civil, sino el tema penal, pero en ciertos casos pueden conocer de algunos asuntos, en primera instancia, de tipo civil.
- Ha de tratarse de asuntos civiles relacionados con el derecho de familia, o el estado civil de las personas.
- Que alguna de las partes del proceso civil sea autor de un acto de violencia de género, o se haya adoptado en su contra una orden de protección.
- Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de un acto de violencia de género, o se haya adoptado a su favor una orden de protección.
- Que se haya iniciado el proceso penal, o se haya adoptado una orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
E. Audiencia Provincial (órgano colegiado)
Como órgano civil, la competencia civil de la Audiencia Provincial (que tiene competencia civil y penal), la gran función que tiene es la segunda instancia es decir el recurso de apelación por resoluciones dictadas por jueces de primera instancia, jueces de violencia sobre la mujer en casos
6. La competencia territorial
Las normas procesales que, en atención a la demarcación judicial, asignan el conocimiento en primera instancia de los objetos litigiosos entre los distintos Juzgados de un mismo grado (es decir, entre los Juzgados de Paz o de Primera Instancia de todo el territorio nacional).
Tradicionalmente respondía al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, de tal suerte que si ellas habían pactado su sumisión a los Juzgados de una determinada demarcación (normalmente a través de cláusulas formularías plasmadas al término de los contratos), devenían «ex lege» dichos Juzgados en territorialmente competentes.
La LEC 1/2000, si bien formalmente admite, en su arto 54.1, estos negocios jurídico-procesales («Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción»), es tan extenso el catálogo de excepciones a dicha regla, que permite sustentar la afirmación contraría: la de que la regla hoy general es la de que la competencia territorial, al igual que la objetiva y la funcional, es inderogable y se rige también por normas imperativas.
En este cambio de política legislativa en el régimen de la competencia territorial han intervenido diversos factores:
1. la consagración, en el art. 24.2 CE, del derecho al «Juez predeterminado por la Ley» que se compadece mal con los pactos de sumisión
de las partes.
2. la necesidad de proteger los intereses de la parte más débil en la contratación, lo que ya había llevado al TS a declarar la nulidad de las
cláusulas de sumisión en los contratos de adhesión, el art. 542 prohíbe «la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios».
3. razones de economía procesal, pues el reconocimiento jurídico de los fueros convencionales se suele transformar, en la esfera del
proceso, en una fuente de conflictos procesales, dirigidos a negar su validez y a reclamar la aplicación de los fueros comunes
A. Concepto
A diferencia de la competencia objetiva y funcional, la territorial se entiende, al menos por parte del legislador, como algo disponible, algo de lo que las partes pueden disponer. Las partes pueden presentar la demanda (por sumisión expresa o tácita).
La disponibilidad implica que las partes pueden presentar la demanda o bien con los criterios de sumisión expresa o bien con los criterios de sumisión tácita. Ojo, con esta idea porque no es siempre ni en todo caso. Recordad que el día anterior, establecíamos un conjunto de orden en cuanto a los privilegios que técnicamente se denominan fueros de competencia territorial. Los fueros son los criterios que técnicamente fijan la competencia territorial es lo que llamamos fueros o criterio que fija una regla taxativa o bien dejando en manos de las partes la en cuanto en dónde va a ir la demanda. El fuero final es más bien el fuero general.
B. Fueros de competencia territorial
1. Fueros legales imperativos Son aquellos fueros legales fijados por la ley, por tanto han de estar a lo que la ley fije. (Art. 54 LEC)
Son los previstos en los artículos:
• 52.1.1º LEC.
• 52.1.4º a 15º LEC.
• 52.2 LEC.
2. Sumisión tácita (art. 56 LEC) Tiene 2 partes:
• Demandante ha de presentar la demanda ante el tribunal que considere oportuno.
• Demandado una vez personado no alegue la incompetencia territorial de ese órgano judicial (a través de la declinatoria).
3. Sumisión expresa (art. 55 LEC) la pactada por los interesados designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se
sometieren es decir que existe un acuerdo antes del juicio (antes de que sean demandante o demandado).
La sumisión solo cabe sobre órganos que tiene competencia objetiva. En los juicios verbales no se permite ningún tipo de sumisión.
4. Fueros legales no imperativos (=subsidiarios) es decir aparecen en la ley pero previamente se ha de analizar si cabe la sumisión. (art.
52.1.2º y 3º a 16º LEC).
7. El reparto de asuntos (normas de reparto)
Las normas de reparto entran en juego cuando:
- Cuando en una misma localidad hay más de un órgano judicial con competencia objetiva (Juzgados de Primera Instancia de Barcelona).
- O cuando hay más de una sección de un órgano judicial colegiado (ej. Audiencia Provincial de Barcelona). Todo está fijado para garantizar un reparto equitativo de las tareas.
Control de las normas de reparto
Las normas de reparto son ius cogens (indisponibles), se han de respetar y son de obligado cumplimiento. Es la Sala de Gobierno del TSJ la encargada de aprobar estas normas. El responsable de la correcta aplicación y reparto de las normas de reparto es el Juez Decano o el decanato. En las localidades grandes, como Barcelona, mientras se es Juez Decano no se dictan sentencias, solo se controlan las normas de reparto; pero en la localidades más pequeñas el Juez Decano se combina la función jurisdiccional con la de gobierno.
Art. 68 LEC: “ 1. Todos los asuntos civiles serán repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya más de uno en el partido. La misma regla se aplicará a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando estén divididas en Secciones.
_2. Los Secretarios Judiciales no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto si no constare en él la diligencia correspondiente. En caso de que no conste dicha diligencia, se anulará, a instancia de cualquiera de las partes, cualquier actuación que no consista en ordenar que el asunto pase a reparto.
- Contra las decisiones relativas al reparto no procederá la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podrá impugnar la infracción de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentación del escrito o de la solicitud de incoación de las actuaciones.
- Las resoluciones dictadas por tribunales distintos de aquél o aquéllos a los que correspondiese conocer según las normas de reparto se declararán nulas a instancia de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el trámite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracción de las normas de reparto y dicha infracción no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior._ ”
Este control puede hacerse:
- De oficio: El juez cuestiona la correcta aplicación de la norma de reparto.
- A instancia de parte: Algunas de las partes de ese proceso es la que cuestiona o duda de la correcta aplicación de las normas de reparto
El criterio que se utiliza para fijar el orden de entrada de las demandas es aleatorio. Se puede controlar que el reparto haya sido correcto a las normas que lo fijan pero, en las normas de reparto, lo que no cabe por parte de ninguna de las partes procesales es la declinatoria.
8. Control de la jurisdicción y de las diversas clases de competencia
A. Control de oficio
Es el propio juez el que puede controlar efectivamente si las normas han sido bien aplicadas o no. Cabe el control de oficio por el propio órgano judicial para
