Casos prácticos y ejercicios
Fernando Gascón Inchausti – Curso 2014/2015
1
DERECHO PROCESAL PENAL
Curso académico 2014/2015
5º Curso del Doble Grado en Derecho y ADE
Grupo B
Profesor: Fernando Gascón Inchausti
EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS
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derecho procesal penal ejercicios, Ejercicios de Gestión de Recursos Humanos
Asignatura: Dirección estratégica de la empresa, Profesor: , Carrera: Derecho + Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UCM
Tipo: Ejercicios
2014/2015
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DERECHO PROCESAL PENAL
Curso académico 2014/
5º Curso del Doble Grado en Derecho y ADE
Grupo B
Profesor: Fernando Gascón Inchausti
EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS
2 Sumario El proceso penal y su objeto Ejercicios 1 a 4 Los tribunales penales Ejercicios 5 y 6 Partes acusadoras y sujetos pasivos del proceso penal Ejercicios 7 a 1 4 El inicio del proceso penal Ejercicios 1 5 y 16 Las diligencias de investigación Ejercicios 1 7 a 30 Las medidas cautelares Ejercicios 3 1 a 3 4 La fase intermedia Ejercicios 35 a 40 El juicio oral, la prueba penal y la conformidad del acusado Ejercicios 4 1 a 49 La sentencia, sus efectos y los medios de impugnación Ejercicios 50 a 55 Procedimientos penales, ejecución y cooperación internacional Ejercicios 56 a 62 Casos complejos Ejercicios 63 a 66
4 Ejercicio 2 El Banco Santander Central Hispano se querella contra D. Ignacio Pérez García por un presunto delito de alzamiento de bienes. D. Ignacio transmitió presuntamente a su cuñado, D. Luis García Gómez, ciertos activos financieros por un importe irrisorio. Como consecuencia de la transmisión, el activo patrimonial de D. Ignacio se redujo a la mínima expresión. A juicio del Banco, la transmisión se efectuó con la clara intención de defraudarlo, dado que la entidad de crédito ya había anunciado a D. Ignacio que se disponía a interponer demanda ejecutiva frente a él, para instar el pago de un crédito personal al consumo no devuelto. En su querella, el Banco solicita que, junto a la imposición de la pena correspondiente, y como acción civil, se declare resuelto el negocio jurídico en cuya virtud se transmitieron los activos financieros. El Juzgado se plantea lo siguiente: a) Si es posible ejercitar en el marco de un proceso penal una acción civil con semejante contenido. b) En caso de respuesta afirmativa, frente a quién o quiénes debería dirigirse la acción, y bajo qué concepto.
5 Ejercicio 3 La empresa ADESA se querella contra su antiguo Consejero Delegado, imputándole un delito societario que, a su juicio, le ha producido un daño patrimonial de 400.000 euros. Durante las sesiones del juicio, y a la vista del resultado decepcionante de la prueba testifical y de la prueba pericial, el letrado de la empresa aporta al tribunal un escrito en el que manifiesta su voluntad de reservarse el ejercicio de la acción civil de resarcimiento para un eventual y posterior proceso civil. El Juzgado se plantea si resulta admisible o no la petición de la empresa.
7 Ejercicio 5 Determina si los tribunales españoles disponen de competencia internacional para el enjuiciamiento de los siguientes asuntos: 1º. A y B deciden trasladar en una embarcación tipo “cayuco” a 30 inmigrantes de origen subsahariano, desde las costas africanas hasta España. Cuando la embarcación se encuentra a unas 50 millas de la costa española la embarcación es interceptada por una patrullera con bandera española y trasladada al puerto español más próximo. Una vez en tierra, A y B, que viajaban con los inmigrantes, son detenidos y acusados de un delito de inmigración ilegal. 2º. Ante el Juzgado Central de Instrucción Decano se interpuso denuncia por diversos hechos ocurridos en Guatemala entre los años 1978 y 1986 por personas que ejercieron funciones públicas de carácter civil y militar en Guatemala (los generales y mandatarios guatemaltecos Efraín Ríos Montt, Carlos Mejía Víctores y otros) que podían constituir delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato o detención ilegal, relatándose entre otros muchos sucesos, el asalto a la embajada de España en 1980 y el fallecimiento de varios sacerdotes, algunos de ellos, españoles. En diciembre de 1999 se presentó querella por supuestos delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal cometidos entre 1978 y 1986 3º. Querellas por supuestos delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo presentadas contra Fidel Castro Ruz. 4º. Querella presentada contra Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, por hechos supuestamente constitutivos de crímenes internacionales. 5º. Querella por los supuestos delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales cometidos en Perú por Alberto Fujimori, Alan García y Vladimiro Montesinos. 6º. Dos querellas por supuestos delitos de genocidio y torturas cometidos desde el año 1990 por autoridades de la República Popular de China contra personas pertenecientes o simpatizantes de la organización Falun Gong. 7º. Querella por presuntos delitos de genocidio, torturas, terrorismo y delitos de lesa humanidad contra dirigentes del Partido Comunista Chino responsables de la represión en Tíbet a finales de los 80 e inicios de los 90.
8 8º. Querella presentada por la familia de José Couso, camarógrafo muerto en el ataque al Hotel Palestina en Irak por parte de fuerzas norteamericanas. 9º. Querella por supuestos delitos de genocidio y terrorismo cometidos contra ruandeses, congoleños y españoles, víctimas de acciones llevadas a cabo por el Frente Patriótico Ruandés en 1994. 10º. Querella por delitos de tortura y genocidio contra gobernantes, militares y otras autoridades marroquíes responsables del mantenimiento del orden en el territorio del Sahara Occidental. 11º. Querella presentada contra el Rey de Marruecos Hassan II por hechos supuestamente constitutivos de crímenes internacionales. 12º. Querella presentada por víctimas españolas de los campos de concentración nazis por supuestos delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad contra cuatro oficiales del régimen nazi. 13º. El bombardeo en 2002 de la casa del presunto dirigente de Hamas Sala Shehaden causó la muerte de 15 personas, la mayoría niños, y 150 heridos. En junio de 2008 se presentó querella contra el Ministro de Defensa israelí y 6 personas bajo sus órdenes por un supuesto delito de lesa humanidad. 14º. El 3 de octubre de 2009, una banda de piratas somalíes procedió al secuestro del barco Alakrana , a 120 millas náuticas (dentro de la Zona Económica Exclusiva de Somalia). El buque secuestrado era un atunero congelador propiedad de la empresa Echebaster Fleet, con sede en el municipio vizcaíno de Bermeo. Su tripulación estaba compuesta en el momento del secuestro por 36 tripulantes: 7 vascos, 1 andaluz y 8 gallegos, estando el resto de la tripulación compuesta por tripulantes de diversos países. En su auxilio acudió la fragata española Canarias , que había zarpado el 10 de agosto de Rota (Cádiz) para incorporarse a la Operación Atalanta junto con otras fuerzas españolas. La Canarias, si bien no consiguió interceptar al atunero antes de que llegase a Harardhere, puerto base de los piratas, sí consiguió capturar a dos piratas que abandonaron el barco en un esquife. Éstos fueron enviados a España para ser juzgados por piratería a requerimiento de la Audiencia Nacional. El 17 de noviembre de 2009 , tras 47 días de secuestro, el Alakrana fue liberado tras el pago de un rescate de unos 4 millones de dólares (2,68 millones de euros).
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7. Cometido en la localidad de Pinto (partido judicial de Valdemoro, provincia de Madrid) un delito de defraudación fiscal (art. 305 CP), castigado con pena de prisión de uno a cuatro años: a) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá de la fase de instrucción? b) ¿Qué cauce procedimental habrá de seguirse? c) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá del juicio oral? 8. Cometido en la localidad de Isla Cristina (partido judicial de Ayamonte, provincia de Huelva) un delito de lesiones (art. 147.1 CP), castigado con pena de prisión de seis meses a tres años: a) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá de la fase de instrucción? b) ¿Qué cauce procedimental habrá de seguirse? c) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá del juicio oral? 9. El día 20 de mayo de 2007 , Juan comete en Las Rozas (partido judicial de Majadahonda, provincia de Madrid) un delito de robo con fuerza en las cosas de un automóvil (castigado con la pena de uno a tres años de prisión); después de utilizarlo para presumir delante de su grupo de amigos, lo lleva a un descampado de Cercedilla (partido judicial de El Escorial, provincia de Madrid) y allí le prende fuego, con la intención de que desaparezcan todas las huellas que podría haber dejado en el automóvil (el delito de daños, tipificado en el art. 263 CP, está castigado con la pena de multa de 6 a 24 meses). a) ¿Son conexos estos delitos? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias procesales tendría una eventual conexión delictiva? b) Señálese qué órgano jurisdiccional – y especifique de qué lugar– (o qué órganos y de qué lugares, si considera que ha de haber varios procesos penales): 1º: Se encargará de la fase de instrucción. 2º: Conocerá, en su caso, del juicio oral. 3º: Por qué cauce procedimental. 10. El Ministerio Fiscal presentó querella contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por delito de prevaricación cometido como consecuencia de la emisión del auto 21- 12 - 2001 en el que se decretó la libertad provisional de D. Carlos R. S. pese a la concurrencia un evidente riego de fuga, dada la nacionalidad del acusado, la gravedad de los hechos y las penas solicitadas. a) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá de la fase de instrucción? b) ¿Qué cauce procedimental habrá de seguirse? c) ¿Qué tipo de órgano judicial, y de qué lugar, conocerá del juicio oral? 11. Ante el Juzgado de guardia de Granada, la Policía de esta ciudad da cuenta de la detención de tres individuos (Alexander, Enrique e Isidro), todos ellos procedentes de Singapur, por el uso fraudulento en distintos establecimientos de
11 diversas tarjetas de crédito falsificadas. Las investigaciones policiales denotan que otros individuos —con un «modus operandi» similar— están llevando a cabo el mismo tipo de operaciones con tarjetas de crédito igualmente falsas en Oviedo y en Lanzarote. En la primera de estas localidades se interviene una VISA Oro, a nombre de Isidro, a uno de los individuos implicados, mientras que se comprueba cómo en la segunda, en Lanzarote, otro individuo lleva grabado en su teléfono móvil el número del teléfono del llamado Alexander. La Policía ha considerado, fundadamente, que nos encontramos ante un grupo organizado de personas, que se dedican a realizar compras por miles de euros en diferentes localidades de la geografía española, utilizando tarjetas de crédito previamente falsificadas. Se trata de delitos continuados de estafa y de falsificación de documentos mercantiles, con un reparto de funciones consistentes en la sustracción de tarjetas de crédito y la manipulación posterior, destinada ésta a su ulterior utilización fraudulenta. a) Si consideramos que nos hallamos ante una banda de delincuencia organizada dedicada a la falsificación de las tarjetas de crédito y al uso fraudulento de las tarjetas falsificadas, ¿a qué órgano jurisdiccional correspondería, entonces, la instrucción de la causa? ¿Y el enjuiciamiento final? b) Si consideramos que no se trata de una banda de delincuencia organizada ¿será competente de este delito el Juzgado de Instrucción de Granada? Razone la respuesta.
12. Dña. Mariana ha sido víctima de malos tratos causados por su pareja sentimental, Braulio, con quien convivía en el domicilio de ambos sito en la ciudad de Barcelona, junto a sus dos hijos menores de edad. Concretamente, Braulio, al volver a su domicilio tras la jornada laboral, principia una discusión que tras varias agresiones verbales, finaliza propinando a Dña. Mariana dos bofetadas que no le causan ninguna. Los hijos presencian la agresión. a) ¿A qué orden jurisdiccional corresponderá el conocimiento de dichos hechos? b) ¿Ante qué órgano judicial debe interponer la denuncia? Y, ¿Cuál es, en todo caso, el órgano judicial con competencia objetiva y territorial para la instrucción del procedimiento? ¿Y para el enjuiciamiento? c) ¿Podrá solicitar la Sra. Mariana medidas civiles con carácter urgente, tales como la atribución del uso de la vivienda o la custodia de sus hijos? En caso afirmativo, indique qué Juzgado será el competente para decidir sobre dicha solicitud y en que supuestos procede. En caso de adoptarse dichas medidas ¿Están sujetas a algún plazo de vigencia? d) Si la agresión hubiera tenido lugar en Gerona, durante un viaje de la pareja, afectaría esta circunstancia a la competencia territorial? Indique que Juzgado considera ud. tendría competencia en este caso? e) En el caso inverso, de haber sido el Sr. Braulio sujeto pasivo de lesiones causadas por Mariana. ¿Sería competente el mismo Juzgado anteriormente referido?
13 Ejercicio 8 Durante el transcurso del verano del 2008, la compañía GSK, una de las mayores distribuidoras a nivel mundial de sustancias químicas (sector agroquímico, plásticos y cosméticos), vierte en un río del norte de España sustancias tan tóxicas como tolueno, xileno, tetracloroetileno o benceno, todas ellas altamente peligrosas. Además de los inevitables daños medioambientales, un grupo de niños de un pueblo ubicado en la ribera del río presentan, tras pasar toda la tarde jugando y bañándose en la zona, síntomas de afecciones respiratorias, oculares y dermatológicas severas que exigen el ingreso hospitalario de dos de ellos. 1ª. ¿Quiénes podrían ocupar la posición de parte acusadora en el proceso penal que se abriera respecto de estos hechos? 2ª. ¿Quién o quiénes deberían ocupar la posición de sujeto pasivo del proceso penal? 3 ª. ¿Existiría, necesariamente, responsable civil y actor civil en el proceso penal que con ocasión de los hechos tuviera lugar? ¿Quiénes ostentarían, en su caso, tal condición? 4 ª. ¿Podría personarse como parte acusadora una asociación ecologista?
14 Ejercicio 9 D. Juan García circulaba con su taxi cuando resultó alcanzado lateralmente por el camión conducido por D. Pedro Pérez. Como consecuencia del accidente D. Juan sufrió varias lesiones – no graves– y cuantiosos daños económicos derivados de su falta de actividad durante un prolongado tiempo, que le fueron inicialmente abonados por su Compañía Aseguradora, La Unión y el Fénix. Incoadas diligencias penales contra D. Pedro Pérez, La Unión y el Fénix insta su entrada al proceso como actor civil, solicitando que se condene a D. Pedro Pérez y a su Aseguradora al reembolso de las cantidades que previamente había abonado a D. Juan García. El Juzgado se plantea si resulta admisible que La Unión y el Fénix sea parte en este proceso.
16 Ejercicio 1 1 En el año 2009 la empresa Biobact realizó unos vertidos ilegales al río Ebro como consecuencia de la fabricación de un potente bactericida que causó un elevado nivel de contaminación en la desembocadura del mismo – lugar donde la empresa se ubicaba- y, como consecuencia de ello, la mortandad de un importante número de peces y otra fauna fluvial. El Ministerio Fiscal solicitó la condena de D. Esteban, representante legal de la empresa Biobact como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a una pena de dos años de prisión, a una pena de multa de diez meses con una cuota diaria de doce euros y con responsabilidad personal subsidiaria de ciento cincuenta días e inhabilitación especial para profesión u oficio por dos años y costas. En nombre y representación de la Agrupación de Pescadores Deportivos del Delta del Ebro, que se personó en las actuaciones ejerciendo la acusación particular, compareció D. Raúl, debidamente representado por procurador y acompañado de letrado. Asimismo, también “Ecologistas en Acción” se personó en el procedimiento como acusación popular – pues reconoce no ser perjudicado directo- solicitando igualmente la condena de D. Esteban. La admisión del escrito de personación de “Ecologistas en Acción” se realizó mediante auto dictado por el Juzgado de Instrucción conforme a los mismos trámites procesales seguidos para la “Agrupación de Pescadores Deportivos del Delta del Ebro”. 1.ª La defensa de D. Esteban alega falta de legitimación de la “Agrupación de Pescadores Deportivos del Delta del Ebro” para ejercer la acusación particular por carecer de la condición de perjudicados directos que a tal fin exige el art. 110 LECrim. ¿Consideras que, efectivamente, no puede dicha agrupación constituirse en acusadora particular en el presente procedimiento? 2.ª Formalmente, la defensa de D. Esteban alega que no se ha aportado poder alguno en el que se acredite la representación de D. Raúl en relación con la “Agrupación de Pescadores Deportivos del Delta del Ebro”. Siendo ello así, solicitan que no se admita dicha representación ni, por tanto, la acusación particular de la mencionada agrupación. El abogado de D. Raúl alega que éste se encuentra debidamente representado en el procedimiento pues ha otorgado poder a favor de su procurador. Se adjunta el poder. ¿Consideras que el poder otorgado por D. Raúl al procurador para su representación en el juicio es suficiente para ejercer la acusación particular en nombre de la “Agrupación de Pescadores Deportivos del Delta del Ebro”? 3.ª Respecto de la acusación popular ejercitada por “Ecologistas en acción” y a la vista de lo prescrito por el art. 270 LECrim ¿consideras correcto el trámite procesal por el que “Ecologistas en Acción” se convierte en actor popular en el presente procedimiento?
17 Ejercicio 1 2 Personada una patrulla de la Policía Nacional con ocasión de una agresión acaecida en la vía pública, se procede a la detención del Sr X, como presunto autor de los hechos, elaborando el correspondiente atestado y poniendo a disposición judicial al detenido. Durante la toma de declaración del Sr X, el Juez de Instrucción advierte claros síntomas de perturbación mental. 1º. ¿Qué debería hacer el órgano jurisdiccional ante tal situación? 2º. ¿Qué sucedería si el trastorno mental fuera sobrevenido? 3º. De acreditarse dicho trastorno, ¿qué presupuesto procesal faltaría? 4º. La inimputabilidad de los sujetos, ¿conduce, necesariamente, a la falta de capacidad procesal?
19 Ejercicio 1 4 El día 2 de marzo de 2009, Juan, Antonio y Marcelo, todos mayores de edad, encontrándose reunidos en el bar Marta, deciden cometer un robo en el chalet de Florinda, sito en la calle Martínez Blanco, nº.2 de la ciudad de Pamplona. Tomada esta decisión salen a la calle y, a punta de pistola, sustraen su automóvil a Paco. Los tres, conduciendo el anterior vehículo, se encaminan al chalet de Florinda, aparcan el vehículo y se dirigen a dicho domicilio. Saltan la valla exterior y fuerzan la cerradura de la puerta principal, ingresando en el domicilio de Florinda. Mientras están acaparando todos los objetos de valor que encuentran en el domicilio, aparece Florinda que viene de llevar a su hijo a la guardería. Florinda abre la puerta, quedando en ese momento Juan, Antonio, Marcelo y la propia Florinda paralizados y en estado de choc. Antonio es el primero que reacciona ante esta nueva situación y, antes de que Florinda pueda reaccionar, agarra un cenicero que se encontraba sobre la mesa y se lo lanza a Florinda, causándole una herida en la cabeza que le produce la muerte. Juan, Antonio y Marcelo, asustados, terminan rápidamente lo que estaban haciendo y huyen del lugar con un botín valorado en 400.000 euros. Los tres sujetos cogen el automóvil que previamente habían sustraído a punta de pistola y desaparecen de allí. Al llegar a la calle Tomás y Valiente, Juan, que conducía, para el vehículo y aconseja a Marcelo que baje y los deje solos. Marcelo obedece y baja del coche tomando la dirección de casa de sus padres, donde vivía bajo su patria potestad por adolecer de una enfermedad de naturaleza psiquiátrica. Al llegar a casa se encuentra con su madre, la que le pregunta de donde viene, Marcelo que carece de maldad, contesta que de estar con sus amigos Juan y Antonio, ante esa respuesta la madre de Marcelo frunce el ceño y empieza a echarle el ya consabido rapapolvo, al que no es extraño Marcelo, sobre las malas compañías que constituyen Juan y Antonio. Como su padre y ella le habían repetido muchas veces, esas compañías sólo le podían traer problemas. Marcelo se dirige a su habitación y se encierra, escuchando los gritos de su madre tras la puerta. Entretanto Juan y Antonio, se han dirigido a la joyería de Pablo, colega con el que habitualmente mantenían relaciones de carácter comercial, y le comentan lo sucedido. Le enseñan el material obtenido y Pablo decide quedarse con parte del mismo, exactamente la mitad, pagando un precio de 50.000 euros. Juan y Antonio abandonan el local de Pablo. Antonio se despide de Juan y sigue a pie. Juan se introduce en el coche robado y continúa su deambular. Al llegar a la calle Francisco cortés, se fija que por la acera camina una chica de muy buen ver sin percatarse de que en ese momento sale un camión del aparcamiento. Antonio escucha el ruido del camión y lo ve, pero sólo le da tiempo a dar un volantazo, consiguiendo esquivar al camión pero empotrándose contra una de las viviendas que limitaban con la carretera. A consecuencia de la acción Antonio muere, se quema la casa y su propietario, Felipe, queda gravemente herido y tras 9 meses de estar hospitalizado, consigue salir del hospital. 1.ª. ¿Qué pedimentos de naturaleza civil se pueden plantear en el proceso penal? 2ª. ¿Quiénes y en qué grado van a responder de esas consecuencias civiles?
20 Ejercicio 1 5 Doña Teresa es víctima de una agresión sexual. Acude a un Centro sanitario, pero inicialmente no presenta denuncia. El médico que la atiende remite el correspondiente parte al Juzgado. A los dos días, doña Teresa presenta denuncia ante la Policía, pero después acude a la misma para retirarla. La víctima había relatado los hechos a su madre y a una amiga. El Juzgado de Instrucción, a la vista de la denuncia formulada por la víctima en Comisaría y del parte médico, incoa un sumario, toma declaración a la víctima y dicta auto de procesamiento contra el denunciado por la víctima como presunto autor del delito. 1.ª ¿Tiene la víctima obligación de denunciar? 2.ª Si la víctima (mayor de edad) no denuncia, ¿se incoará el proceso penal con el parte médico o con la denuncia de un familiar o una amiga de la víctima a los que ésta refirió los hechos? 3 .ª ¿Tienen la madre y la amiga, en cuanto testigos indirectos o de referencia, el deber de denunciar ante las autoridades? 4 .ª ¿Una vez presentada la denuncia por la víctima del delito, puede la misma poner fin al proceso penal ya incoado? 5 .ª Si, en lugar de ser víctima de un delito de agresión sexual, hubiese sido ofendida de un delito de injurias o calumnias contra particulares, ¿habría bastado una denuncia para que se incoase el proceso penal correspondiente?, ¿intervendría el Ministerio fiscal?, ¿cabría el perdón de la ofendida?