Gestion de la documentación jurídica y, Ejercicios de Fundamentos de Administración y Gestión

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Solucionario

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Tema 1. El derecho y sus fuentes Actividades propuestas

El Derecho Mercantil. El Civil, en el caso del arrendamiento

Esta actividad deberá ser resuelta por cada alumno, no obstante se citan algunos ejemplos para que puedan ser utilizados por el profesor: ¤ Reglamento 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. ¤ Reglamento 101/2012 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ¤ Directiva 35/2000 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ¤ Directiva 13/ 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. ¤ Decisión 100/2012 sobre un método para el cobro de las primas por exceso de emisiones de CO 2 de los turismos nuevos. ¤ Decisión 87/2012 por la que se nombra a un suplente español del Comité de las Regiones ¤ Recomendación de la Comisión, de 6 de abril de 2004, sobre la aplicación de las normas de seguridad vial. ¤ Dictamen sobre la adhesión de Montenegro a la UE por el que se recomienda concederle el estatuto de país candidato a la vista de los avances realizados desde su solicitud de adhesión, presentada a la Unión Europea (UE) en 2008.

Con esta actividad se pretende que el alumno se familiarice con la búsqueda e interpretación de distintas normas jurídicas con el objetivo de que relacione el contenido del módulo con situaciones que se producen de manera cotidiana y que podría vivirlas el mismo. Se pretende que investigue e indague para buscar soluciones jurídicas a esta situación, siempre bajo la supervisión del profesor. ¤ ¿Es correcta la actuación del matrimonio? SÍ; el matrimonio no necesita conocer ninguna ley nacional italiana reclamar la correspondiente indemnización sino que puede invocar directamente el reglamento comunitario, en cualquier Estado de la Unión Europea, ya que los citados reglamentos comunitarios gozan de aplicabilidad directa lo que significa que no necesitan de normas nacionales internas para su desarrollo y aplicación, sino que otorgan derechos e imponen obligaciones directamente a sus

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cancelación. A modo de ejemplo de aplicación de este Convenio Internacional se puede citar la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de fecha 24 de julio de 2013 (Autos de Juicio verbal nº 168/2013): un pasajero volaba de Lima (Perú) a Madrid con una compañía aérea sin licencia comunitaria y sufrió un retraso de 4 horas y 52 minutos. El fallo judicial estimó que el retraso no era excesivo y que no procedía aplicar el Reglamento CEE nº 261/2004, fallando a favor del pasajero por un importe de 400 euros.

A resolver en clase por el profesor y los alumnos

No, el régimen electoral general es uno de los contenidos que debe obligatoriamente ser regulado por Ley Orgánica de ahí que no quepa delegación posible del Congreso en el Gobierno ya que una vez aprobado el decreto legislativo se incorporará al ordenamiento jurídico como ley Ordinaria. En cuanto a la segunda cuestión, los Decretos Legislativos pueden ser textos articulados (elaborados a partir de un índice de contenidos) y textos refundidos (refunden varios textos legales dispersos en uno solo). Con los textos articulados el Congreso aprueba una Ley de Bases, en la que fija las directrices que ha de seguir el Gobierno para desarrollarla. En este sentido, podríamos decir que la delegación se habría realizado de forma correcta

Según el artículo 71.2 de la Constitución establece que durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

Según el artículo 71.3 de la Constitución en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

No, las leyes orgánicas requieren para su aprobación, modificación o reforma mayoría absoluta que sería la que obtuviese 176 votos a favor sobre los 350 diputados que conforman el Congreso.

Para levantar el veto del senado será necesario el voto a favor del texto de la mayoría absoluta de los Diputados (176) dentro de los 2 primeros meses o de la mayoría simple una vez transcurrido este plazo. Las enmiendas del Senado al articulado solo necesitan la mayoría simple del Congreso para su aceptación e incorporación al texto definitivo.

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Según el artículo 127 los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. En el caso que el juez estuviese jubilado sí podría pertenecer a dicho partido político.

Pueden cometer omisión de socorro, entre otros, en los siguientes casos:

1. Si una de las personas sabe nadar o incluso es un perfecto nadador comete delito por omisión de socorro.
2. Si la persona que contempla al niño no sabe nadar o por cualquier otra causa no se puede meter para salvarlo; esta persona no comete delito de omisión de socorro.

Ante la Salo de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad Autónoma.

¤ El juez o magistrado es la persona que resuelve la controversia pues es el único que tiene

capacidad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Cuando los jueces forman parte de un Tribunal Colegiado con varios miembros que toman las decisiones de manera conjunta, reciben el nombre de magistrados No obstante en un proceso penal intervienen distintos jueces:

¤ Juez de instrucción: es el juez que investiga, ya que el juez que juzga y dicta

sentencia deberá ser distinto del que investiga para garantizar la imparcialidad al juzgar los hechos y las personas que intervienen.

¤ Juzgado de guardia: para atender casos importantes, interponer denuncias, etc.

Toda persona detenida por la policía pasará, si no es puesta en libertad, a disposición del juzgado de guardia que decidirá sobre su libertad o su ingreso en prisión. En cada partido judicial siempre hay un juzgado de guardia. En aquellos municipios donde no hay juzgados de 1ª Instancia e Instrucción los Jueces de paz son ciudadanos que, sin pertenecer a la carrera judicial, se encargan de administrar justicia. Los elige el Ayuntamiento respectivo y los nombra el Tribunal Superior de Justicia

¤ El Ministerio Fiscal : personal funcionario que se encarga de la acusación pública y

promover la acción de la justicia en nombre de la sociedad en los delitos y algunas faltas: en concreto se encarga de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. Actúa de oficio o a petición de los interesados.

¤ El Secretario judicial: es el funcionario del juzgado encargado de dar fe que lo que hace el

juzgado es cierto. Durante el juicio suele estar en el estrado tomando nota de lo que ocurre y

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El Artículo 119 de la CE establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Dicha previsión constitucional ha sido desarrollada por la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita que tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita y regular el procedimiento para su concesión. Conforme dispone el artículo 3 de dicha ley se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

• Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. (En 2014 ha sido 12.780,26 €)
• Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. (En 2014 ha sido 15.975,33 €)
• El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. (En 2014 ha sido 19.170,39 €) El contenido material del derecho se desarrolla en el artículo 6 de dicha Ley y comprende las siguientes prestaciones:

1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
2. Asistencia de abogado al detenido o preso.
3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial , cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
4. Inserción gratuita de anuncios o edictos , en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. **5. Exención de tasas judiciales, así como del pago de depósitos para la interposición de recursos.
5. Asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley.
6. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.**
7. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.

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Quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es decir, las personas físicas o

jurídicas que acudan a un juzgado o tribunal para los actos procesales siguientes:

o La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y

de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden

jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial

del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

o La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos

concursales.

o La interposición del recurso contencioso-administrativo.

o La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el

ámbito civil.

o La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación

en el orden civil y contencioso-administrativo.

o La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden

social.

o La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

No obstante lo anterior, existen las siguientes excepciones:

¤ Exenciones objetivas:

o La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en

relación con los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores

regulados en el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en

el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil

que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el

consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que

las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre éstos.

o La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos

cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la

protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como

contra la actuación de la Administración electoral.

o La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

o La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios

públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

o La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la

demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía

de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención

cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un

documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7

de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En ocasiones algunas instituciones, como por ejemplo el senado, ofrecen un posible formulario para presentar las peticiones, si bien su utilización no es obligatoria, admitiéndose la presentación por medio de cualquier escrito siempre que contenga los datos antes señalados. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda. **Actividades de enseñanza aprendizaje De comprobación

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a De aplicación

El Derecho público es el que regula las relaciones del Estado y los órganos públicos entre sí, o bien sus relaciones cuando actúan de forma oficial con los ciudadanos y entidades privadas. El Derecho privado es el que regula las relaciones entre personas físicas (hombres y mujeres) o personas jurídicas (sociedades, fundaciones…), o de estas y el Estado y los organismos públicos pero cuando actúan de forma privada.

El Derecho Público comprende:

¤ Derecho Administrativo: se encarga de estudiar la organización

y funciones de las instituciones del Estado, el Gobierno y la Administración, así como las relaciones entre esta última y los particulares.

¤ Derecho Constitucional:

¤ Derecho Internacional Público:

¤ Derecho Penal:

¤ Derecho procesal:

¤ Derecho Tributario o Fiscal:

¤ Derecho de la Unión Europea:

El Derecho Privado comprende:

¤ Derecho Civil:

¤ Derecho Internacional Privado:

¤ Derecho Mercantil:

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Supremo, puesto que cualquier persona que demande justicia podría recurrir (a través del recurso de casación) las sentencias de cualquier tribunal que se desviase de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Según el artículo 1 del Código Civil la costumbre solo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

Las dos son fuentes del Derecho pero se diferencian en que:

¤ las leyes son normas jurídicas escritas y las costumbres en

que no son escritas,

¤ las costumbres solo rigen en ausencia de leyes.

El real decreto es un reglamento mientras que el real decreto legislativo es una norma con rango de ley. El primero es inferior al segundo en jerarquía normativa. Ambos emanan del poder ejecutivo, pero el reglamento forma parte de la potestad reglamentaria del gobierno mientras que el real decreto legislativo es consecuencia de la autorización o delegación del la capacidad de legislar que hacen las Cortes al Gobierno para que este elabore normas con rango de ley.

Los tres poderes del Estado son:

¤ Ejecutivo: encargado de tomar las decisiones de gobierno

(Gobierno).

¤ Legislativo: encargado de elaborar las leyes (Parlamento)

¤ Judicial: encargado de interpretar las leyes, imponer penas

y resolver los conflictos (Jueces y Tribunales).

No.

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¤ La elección al Congreso de los Diputados se realiza, como

al Senado, cada cuatro años. Todos los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La elección de los 350 miembros del Congreso de los Diputados se realiza atendiendo a criterios de representación proporcional, mediante la fórmula electoral D´Hont, siendo la circunscripción electoral la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley electoral asigna dos escaños a cada provincia y distribuye los demás en proporción a la población respectiva. Para obtener representación parlamentaria en la provincia es necesario conseguir un mínimo del 3 % de los votos emitidos válidamente en esa circunscripción.

¤ El Senado está compuesto por 259 Senadores elegidos de la

siguiente forma: 208 Senadores son elegidos directamente por los ciudadanos, mediante un sistema mayoritario. De esta forma, en cada provincia peninsular se elige directamente, con independencia de su población, cuatro Senadores. En Baleares y Canarias se elegirán tres Senadores en las Islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno en las restantes Islas o agrupaciones de Islas. Ceuta y Melilla elegirán cada una dos senadores. Por las Comunidades Autónomas 51 Senadores: el Senado es la Cámara de representación territorial, las Comunidades Autónomas están representadas en él y cada Comunidad designa un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Es competencia exclusiva del Senado aprobar o rechazar las medidas que proponga el Gobierno tendentes a obligar a las distintas Comunidades Autónomas a cumplir sus obligaciones, así como rechazar las medidas que choquen contra el interés de España.

La ley orgánica se diferencia de la ley ordinaria en la materia que regula y en el régimen de mayoría necesario para su aprobación en el Congreso de los Diputados. El contenido de las leyes orgánicas se refiere a los derechos que la Constitución califica como “Derechos fundamentales y libertades públicas”, así como a los Estatutos de Autonomía de las Comunidades autónomas y el régimen electoral general, y para su aprobación requieren mayoría absoluta del Congreso. Sin embargo las leyes ordinarias regulan el resto de materias que no exigen reserva de ley orgánica y son aprobadas con mayoría simple porque se consideran menos importantes.

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g) Un contribuyente no ha efectuado este año la declaración de la renta. Derecho tributario.

a) Los derechos y deberes fundamentales. Titulo I

b) La Corona. Título II

c) La Economía y Hacienda. Título VII.

d) Las Cortes Generales. Título III.

e) Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes

generales. Título V

f) El Gobierno y de la Administración Título IV

g) El Poder Judicial. Título VI

h) La reforma constitucional. Título X.

i) El Tribunal Constitucional. Título IX

Sí:

• La CE establece en su disposición final la entrada en vigor de la misma el mismo día de su publicación en el BOE.
• R eal Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal que entró en vigor el 7 de septiembre, al día siguiente de su publicación.
• Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», publicado al día siguiente de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entró en vigor el 11 de febrero.
• LEY 6/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Albacete del régimen de organización de los municipios de gran población entró en vigor el 31 de diciembre, día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla–La Mancha» Se citan estos ejemplos pero el profesor puede invitar al alumno a que busque otros ya que son numerosos.

Son derechos fundamentales de los que se recogen en los artículos 15 a 29 de la CE los siguientes: a) El derecho de sindicación. Fundamental b) La protección a la familia y a la infancia. No fundamental c) Derecho a la vida. Fundamental d) Derecho a la libertad de expresión. Fundamental e) Derecho a la educación. Fundamental

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f) La protección social a la familia y a la infancia. No fundamental g) Derecho a la protección de la salud No fundamental h) El acceso a la cultura No fundamental i) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. No fundamental j) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada No fundamental

¤ Las leyes ordinarias son de rango inferior y las aprueban los

organismos ministeriales…. Falso.

¤ El decreto Ley es aprobado por el Congreso de los Diputados…

Falso.

¤ Las leyes orgánicas son las que emanan del Parlamento…

Falso. No porque emanen del Parlamento son orgánicas sino por el tipo de mayoría que necesitan para su aprobación, si bien sólo el parlamento podría elaborarlas.

¤ Los reglamentos son normas de rango inferior aprobados por el

Gobierno, entidades autonómicas o entidades locales… Verdadero.

¤ Los textos articulados son las directrices para que el Gobierno

apruebe una ley ordinaria… Falso.

¤ Los textos refundidos reúnen varias leyes de la misma materia

y se aprueba una ley ordinaria que deroga las disposiciones que refunde… Verdadero.

¤ Designar al defensor del pueblo es una de las funciones de

control del Congreso de los Diputados… Falso

¤ La forma política del estado español es la monarquía

parlamentaria. Verdadero.

¤ La soberanía nacional reside en el pueblo español. Verdadero.

¤ El parlamento español es bicameral. Verdadero.

¤ El Gobierno únicamente se encarga de aplicar las leyes que

dictan y aprueban las Cortes generales. Falso. El gobierno también tiene potestad legislativa.

¤ Todos los poderes públicos son elegidos mediante sufragio

universal. Falso. Los jueces acceden mediante sufragio universal y el ejecutivo solo lo es de forma indirecta puesto es el legislativo quien lo elige.

Los órdenes jurisdiccionales que se enmarcan dentro de la

jurisdicción ordinaria son:

¤ Civil , resuelve los asuntos que versan sobre derechos

subjetivos e intereses privados.

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¤ Constitución de Bayona 1808

¤ Constitución de Cádiz 1812

¤ Estatuto Real 1834

¤ Constitución 1837

¤ Constitución 1845

¤ Constitución 1856 “non nata”

¤ Constitución 1869

¤ Constitución 1876

¤ Constitución 1931

¤ Constitución 1978

No, el artículo 67 de la Constitución española establece que nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Por su parte, la LOREG completa el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, al establecer que es incompatible:

¤ Ser diputado y senador simultáneamente.

¤ Ser parlamentario autonómico y diputado en el Congreso

simultáneamente (la ley no impide ser parlamentario autonómico y, a la vez, senador). La ley permite a un miembro del Congreso de los Diputados presentarse como candidato en unas elecciones autonómicas o, al contrario, permite a un parlamentario autonómico presentarse como candidato cuando se convoquen unas elecciones al Congreso. No hay que olvidar que lo que se prohíbe es la acumulación de actas, por lo tanto, la incompatibilidad sobrevendría después de la elección que, en ningún caso, quedaría invalidada. La única consecuencia es que el afectado tendría que optar por uno de los dos cargos.

Con esta actividad se pretende plantear un debate en clase que dirigirá el profesor y resolverán los alumnos de forma libre. 1.58. El artículo 121 de la CE establece que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

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Según el artículo 18.2 de la CE el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Sí porque los Tratados o Convenios internacionales son acuerdos que establece España con otros países que para que sean aplicables y válidas en España como si fueran nacionales, deben ser ratificadas y publicadas oficialmente en nuestro país en el BOE, siendo a partir de ese momento de obligado cumplimiento. Luego podría darse la circunstancia de que se aplicase antes una ley ordinaria mientras no se produce la publicación en el BOE de un Tratado Internacional.

Hace referencia a los verdaderos protagonistas de la justicia (el pueblo) pues ellos son los que deciden qué leyes quieren que se les apliquen puesto que el poder legislativo es el encargado de elaborar las leyes y los ciudadanos eligen con su voto en las elecciones a sus representantes en las Cortes, los Diputados y los Senadores, quienes hacen las leyes que luego los jueces aplican.

A resolver por el alumno 1.63. A resolver por el alumno 1.64. Monarquías parlamentarias europeas

País Forma de la Constitución

Fecha de la Constitución

Gran Bretaña consuetudinaria Bélgica escrita 7 febrero 1831 Dinamarca escrita 5 junio 1953 Holanda escrita 17 febrero 1983 Luxemburgo escrita 17 octubre 1868 Noruega escrita 17 mayo 1814 Suecia escrita

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