La prueba documental:
Los documentos públicos:
La seguridad del tráfico jurídico, tanto al nivel nacional, como internacional, necesita de la
existencia de determinados documentos con un valor probatorio privilegiado. Este valor permite la
acreditación "plena o indubitada" de determinados datos incluidos en esos documentos. El carácter
"público" del documento ha sido paulatinamente fijado por la doctrina sobre la base de distintos
criterios, como el del sujeto interviniente en su elaboración, el del objeto sobre el cual recae y el de
su pertenencia al ámbito del Derecho Público. Dichos criterios han inspirado al legislador en la
enumeración que realiza de los documentos públicos en el art. 317 LEC.
De la lectura de esta norma, así como de la Exposición de Motivos de la LEC se obtiene que sólo
determinadas personas (Secretarios judiciales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles,
y otros funcionarios públicos) pueden convertir un documento en público gracias a que la Ley les
otorga la potestad de dar fe.
Los documentos públicos son, pues, aquellos expedidos, autorizados o intervenidos por los
fedatarios públicos legalmente habilitados, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias y
con arreglo a los requisitos legalmente establecidos.
Se considerarán documentos públicos, a efectos de prueba en el proceso:
• Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios
que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.
• Los autorizados por notario con arreglo a derecho.
• Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las
operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro
Registro que deben llevar conforme a derecho.
• Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los
asientos registrales.
•Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se
refiere al ejercicio de sus funciones.
• Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las
Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por
funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos,
Administraciones o entidades.
Los documentos privados:
Se considerarán documentos privados, a efectos de prueba en el proceso, todos aquellos no
contenidos en la enumeración antes referida. Los documentos privados son los que, a diferencia de la
documental pública, no gozan de esa fuerza fundamentadora de la certeza procesal y, por ello, salvo
que su autenticidad sea reconocida por los sujetos a quienes puedan perjudicar, quedan sujetos a la
valoración libre o conforme a las reglas de la sana crítica.
Fuerza Probatoria:
Documentos Públicos:
Los documentos públicos harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documente, de la
fecha en que se produjere esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas
que, en su caso, intervengan en ella.
