MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
El delito de malversación de caudales públicos, se encuentra recogido dentro del Título
XIX del Libro II del Código Penal «Delitos contra la administración pública», en
concreto, en el Capítulo VII «De la malversación».
El artículo 432.1 CP sanciona a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de
lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o
efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones.
En el delito de malversación de caudales públicos la ley penal protege, además del
patrimonio del Estado, la confianza de la comunidad en el manejo honesto y leal de los
fondos confiados para la implementación de las políticas públicas en materias de interés
general.
El bien jurídico protegido en estos delitos está constituido por los intereses patrimonial
es del Estado, las comunidades autónomas, la provincia, el municipio y, en general, de
los entes públicos, tengan o no autonomía administrativa, en este sentido, el Tribunal
Supremo entiende que también se tutelasen este ámbito tanto el correcto
funcionamiento patrimonial de los entes citados así como la confianza del público en el
manejo honesto de los caudales públicos y la propia fidelidad en el servicio de los
funcionarios que de ellos disponen.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS 238/12010, de 17 de marzo) ha
perfilado una nítida doctrina sobre el injusto de malversación de caudales públicos que
descansa en los siguientes elementos:
•Autoría: únicamente puede ser un funcionario público, es decir, aquél que, por
disposición inmediata de la ley, o por elección o por nombramiento de autoridad
competente participe en el ejercicio de funciones públicas, tal y como explicita
el artículo 24.2 CP. Este último precepto ofrece un concepto propio del Derecho
Penal, y más extenso que el ofrecido por el Derecho Administrativo, dado que
en el orden penal lo relevante es proteger de modo eficaz la función pública, lo
que hace que lo significativo sea la participación en el desempeño de las
mismas, mientras en el orden administrativo prima el aspecto estatutario, lo que
conlleva que lo significativo sea que la incorporación a la Administración
Pública se realice a través de una relación de servicios profesionales y
retribuidas regida por el Derecho Público. Ello no excluye el aporte del
