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Práctica 1 derecho administrativo general
Tipo: Ejercicios
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A la vista de la siguiente enumeración, indique qué actos proceden de alguna Administración Pública y cuáles de otros poderes públicos. En particular, busque para cada pregunta el texto normativo que regule o condicione el supuesto especificado:
Se encuentra en el Título de la Corona, en el art. 62.i CE. No es un acto de la Administración, al ser el Rey el que no tiene ningún poder público (ni poder legislativo, ejecutivo, ni judicial), no puede administrar. El derecho de gracia es una prerrogativa especial del Rey
Recogida en la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora del Ejercicio de la Gracia de Indulto modificada en varias ocasiones
El propio art. 155 CE establece que: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Por tanto, el que lo aplica es el Gobierno, forma parte del poder ejecutivo.
Son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado, poder legislativo) por mayoría de 3/5 y son nombrados por el Reyart.122.3 CE y LO 4/2013 de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Es llevada a cabo por el Tribunal Constitucional reunido en pleno por el voto favorable de ¾ art.165 CE y LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 1 y 24). El TC es independiente de los demás órganos, por tanto, no es un acto de la Administración.
Le compete al Consejo Consultivo de Aragón que es el supremo órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma (Administración Pública) Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón (art.13) y art.58 EA de Aragón. El dictamen es una
simple opinión, pueden ser preceptivos o facultativos y vinculantes o no vinculantes. La mayor parte de ellos son facultativos y no vinculantes. Sí es un acto administrativo. No es una Administración activa, sino consultiva, cuya función es evacuar un dictamen sobre las consultas que el Gobierno (está a su servicio) le plantea. El ejecutivo se sirve de sus actividades, para que pueda cumplir los intereses generales.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, es el órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración, sus organismos públicos, empresas y fundaciones del sector público de Aragón, así como de las Universidades Públicas y Entes Locales radicados en su territorio. Esta se crea y se regula a partir del Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento, en cuyo art. 7 establece que “La Junta Consultiva ejercerá sus funciones con plena autonomía funcional, a través de la emisión de informes, de carácter preceptivos o no, de oficio o a instancia de los órganos legitimados, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento”. En este caso la acción la realiza la Administración Pública
La potestad del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con un Estado se encuentra regulada en los arts. 1.1 y 2.2.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establecen que: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes” y que “En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno: Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento”. En este caso es el Gobierno el que realiza la actividad.
El art. 19.1.h) de la LO 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General establece que es competencia de la Junta Electoral Central “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la presente Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia”.
La Junta Electoral Central (JEC) es el órgano superior de la Administración Electoral en España , de las Juntas Electorales Provinciales, las Juntas Electorales de Zona y, en su caso, las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, así como por las Mesas Electorales y es el único órgano permanente de la misma. Tiene como función garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral, por ello en este caso sí que realiza la acción la Administración. Es una Administración independiente, no vinculada a ningún otro órgano. Se le llama Administración porque lo nombra en la ley.
El Ministro se encuentra legitimado a resolver un recurso por el art. 92 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice: “En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de
Corresponde, para el caso del Congreso de los Diputados, al Presidente del mismo en virtud de lo establecido en el art.100 del Reglamento del Congreso “La prohibición de asistir a una o dos sesiones y la expulsión inmediata de un Diputado podrán ser impuestas por el Presidente, en los términos establecidos en el presente Reglamento.” No es un acto administrativo porque el parlamentario no es un funcionario, forma parte del poder legislativo, y del poder ejecutivo. Sería una medida de orden o de policía. Cabría recurso de amparo ante el TC porque se puede vulnerado el derecho de representación.
Le corresponde al propio Justicia de Aragón en virtud de lo establecido en la Ley 4/1985, de 27 de junio, de regulación del Justicia de Aragón. No es un acto administrativo, sino que es un acto dentro de las competencias dentro de las que le atribuye el EA. No es Administración, es elegido por el parlamento.
Corresponde al Colegio de Abogados de Zaragoza en virtud de lo establecido en el art.100 de su Estatuto. Sí que sería un acto de la Administración Pública en virtud de lo establecido en el art.36 CE. Es un acto administrativo. Es una Administración corporativa
Sí que sería un acto de derecho administrativo en virtud de lo establecido en los arts.81, 82, 83 y 84.6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Es una Administración Corporativa
Es un acto de la Administración Pública en virtud de lo establecido en el art.73.1 de la LO 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, es mencionado por el art. 154 CE, sobre el delegado de gobierno.
Ley de Bases del Régimen Local. El art.36.2a, sería un acto administrativo porque se puede impugnar, más bien sería un reglamento. Es una Administración Local
Sí es un acto que procede de la Administración Pública. Entre las funciones de las comarcas está la asistencia social. Es un acto de planificación administrativa. Con este sistema se pretende racionalizar los gastos y gestionar los servicios. Es una Administración Local, regulada en la Ley de Bases de Régimen Local en su art. 3.
Es exclusiva del Poder Judicial, pero no es un acto de la Administración Pública, con relación al art. 404 CP.
Si son actos de la Administración Pública, en este caso Administración Local. Un consorcio es una entidad de derecho público, entre una o más entidades públicas y uno o más sujetos de derecho Publico
Tienen personalidad jurídica propia. Si es un acto de la Administración Pública.
En virtud de lo establecido en el art.6 de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades “Las Universidades públicas se regirán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las Universidades deberán subsanarlos, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos, y someterlos de nuevo a la aprobación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
En defecto de plazo distinto establecido por la Comunidad Autónoma, el proyecto de Estatutos se entenderá aprobado si transcurridos tres meses desde la fecha de su presentación al citado Consejo de Gobierno no hubiera recaído resolución expresa.
Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, serán publicados en el "Boletín Oficial del Estado ”. El control de Gobierno es un control de legalidad, no de oportunidad, solo puede hacer advertencias de legalidad, no modificar los preceptos del Estatuto. Si es un acto de la Administración Pública, forma parte de la función del ejecutivo, se trata de un acto de la Administración Territorial
Es un acto político. Es una institución que depende del Parlamento y la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad está dentro de sus competencias.
Esto se regula por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y el Jurado Provincial de Expropiación es un órgano de naturaleza administrativa, por lo que en este acto si intervendría la Administración Pública.
Al Administración, se engloba dentro del poder ejecutivo. Planteada como una herramienta para cumplir con objetividad los intereses generales.
Poder ejecutivo: gobierno´
Poder judicial: jueces y magistrados
Poder legislativo: parlamento estatal y parlamentos autonómicos.
El gobierno no tiene potestad legislativa, pero si capacidad normativa.
La Administración está compuesta por pequeñas Administraciones
La Administración es necesaria vincularla a los ministros y al presidente del gobierno