Gascón Fernández, Mireya
CASO PRÁCTICO 1
En julio de 2022 el Gobierno de Aragón resolvió conceder unas ayudas al alquiler de
vivienda destinadas a jóvenes que cumplieran unas determinadas condiciones.
En el mes de noviembre siguiente, encontrándose la Administración autonómica en
una situación económica no muy favorable, decidió poner en marcha una serie de
medidas destinadas a mejorar su situación financiera, entre ellas la de modificar la
normativa endureciendo los requisitos para la obtención de las ayudas; un cambio
normativo que, para evitar críticas, el Gobierno decidió no publicar en el Boletín
Oficial de Aragón.
También tomó la decisión de conceder efectivamente las ayudas resueltas en julio
solo a quienes cumplieran los requisitos de la nueva normativa, una acción con la que
el Gobierno de Aragón se ahorró el 30% de las ayudas que inicialmente había previsto
conceder.
CUESTIONES:
1. ¿Cuál es su postura acerca del cambio normativo llevado a cabo por el Gobierno
de Aragón?
Mi postura acerca del cambio normativo llevado a cabo por el Gobierno de Aragón a primera
vista desde la posición de los ciudadanos puede ser una medida un tanto perjudicial, debido a
que por dicho endurecimiento de los requisitos para poder obtener las ayudas económicas,
muchos jóvenes se van a quedar fuera de obtener dicha ayuda que en otras circunstancias sí
que podrían haber obtenido.
Por otro lado, desde el punto de vista del Gobierno, si al fin y al cabo estaban en una mala
situación económica y han visto esta medida como algo beneficioso para salir de ella, se
podría ver como algo necesario a pesar de que cara a la sociedad sea perjudicial. A pesar de
esto, tal vez tendrían que haber buscado otras medidas menos dañinas.
2. ¿Qué opinión le merecen las medidas adoptadas para mejorar la situación
económica de la Administración autonómica?
La medida de no publicarlo en el BOA es una medida inconstitucional, debido a que están
violando el principio de publicidad de publicidad del derecho acorde con el Artículo 9.3. De
este modo, la población no tiene a su alcance el conocimiento de los requisitos para poder
obtener dicha ayuda económica y por ello, se vuelve una medida inconstitucional y que no se
debería de promover a no ser que sí fuera publicado.
3. ¿Permite la Constitución conceder ayudas al alquiler de viviendas? En caso
afirmativo, ¿considera discriminatorio que solo puedan beneficiarse de ellas
quienes se encuentren en determinada franja de edad?
En relación a la primera pregunta, acorde al Artículo 47 de la CE “
Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho (…)
”, los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar una
vivienda digna y adecuada, promoviendo para ello, las medidas y normas que sean
