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Asignatura: Dret internacional public, Profesor: Laura Huici, Carrera: Dret, Universidad: UB
Tipo: Ejercicios
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Curso 2013-
El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 1970 sobre la situación que estaba aconteciendo en la Jamahiriya Árabe Líbia desde el 15 de febrero de 2011, solicitando al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que abriera una investigación de los posibles crímenes que se hubieran podido cometer en Libia. El Fiscal de la CPI, en fecha 16 de mayo de 2011, solicitó orden de detención contra Saif Al- Islam Gadafi por su supuesta responsabilidad penal por la comisión actos de asesinato y persecución de civiles con carácter de crímenes de lesa humanidad a partir del 15 de febrero de 2011 en todas partes de Libia, comprendiendo, entre otros lugares, Trípoli, Benghazi y Misrata, por conducto del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad de Libia, con violación de los apartados a) y h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto. La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que existían motivos razonables para creer que, tras los acontecimientos de Túnez y Egipto, en Libia se llevó a cabo el diseño de una política de Estado que tenía por objetivo disuadir y reprimir, por cualquier medio, incluido el uso de la fuerza, las manifestaciones de civiles contra el régimen de Muammar Gadafi. En el marco de esta política, las fuerzas de seguridad libias tenían como modus operandi el ataque contra la población civil que participaran en las manifestaciones y contra todos aquellos que percibieran como disidentes. Se desconoce el número exacto de víctimas, pero se cree que en un periodo de dos semanas las fuerzas de seguridad mataron, hirieron, detuvieron y encarcelaron a cientos de civiles. Entre el 15 de febrero de 2011 hasta el 25 de febrero de 2011, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos contra manifestantes civiles o presuntos disidentes en Trípoli, Bengasi y Misrata, así como en las ciudades de Al-Bayda, Derna, Tobruk y Ajdabiya. Asimismo, del 15 de febrero de 2011 hasta el 28 de febrero de 2011 las fuerzas de seguridad cometieron actos inhumanos contra la población civil debido a la oposición política al régimen. Saif Al-Islam Gadafi, a pesar de no tener un cargo oficial en el Gobierno libio, se considera que es el sucesor tácito de Muammar Gadafi y la persona más influyente dentro de su círculo más cercano y, como tal ejercía el control sobre partes importantes del aparato estatal, teniendo los poderes de Primer Ministro de facto. Consiguientemente, hay motivos razonables para creer que Saif Al-Islam Gadafi es penalmente responsable como coautor indirecto, con arreglo al apartado a) del párrafo 3 del
artículo 25 del Estatuto, de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su control en diversas localidades del territorio de Libia, en particular en Benghazi, Misrata, Trípoli y otras ciudades vecinas, desde el 15 de febrero de 2011 hasta por lo menos el 28 de febrero de 2011. El 19 de noviembre de 2011 las autoridades libias anunciaron que Saif Al-Islam Gadafi había sido detenido. Tras su detención, el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos interino, Mohamed al Alagui, aseguró que sería juzgado en Libia. La CPI estima, por el contrario, que le corresponde su enjuiciamiento porque Libia no puede asegurar un juicio con todas las garantías. El pasado mes de septiembre de 2013, Saif Al-Islam Gadafi compareció ante un Tribunal en Zintan, a 140 Km al suroeste de Trípoli acusado de proporcionar información sensible a un abogado del TPI. Saif Al-Islam Gadafi ha declarado su voluntad de quedarse en Zintan y no ser juzgado en Trípoli. El 10 de octubre de 2011 la Sra. Amina Al-Fakir presentó una querella contra Saif Al-Islam Gadafi ante la Audiencia Nacional española por el asesinato de su marido en una manifestación celebrada Benghazi el 16 de febrero de 2011 a manos de las fuerzas de seguridad libias. La Sra. Al- Fakir es nacional libia y obtuvo en marzo de 2011 el estatuto de refugiada en España, donde reside desde entonces. El juez de instrucción tiene que decidir sobre la admisibilidad del caso.