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Práctica 8: Garantías Jurídicas y Protección de Derechos - Prof. Peralta Martínez, Ejercicios de Derecho Constitucional

Este documento aborda la importancia de garantizar los derechos jurisdiccionales en el proceso penal, especialmente el derecho a ser informado de la acusación. Se analizan conceptos como la indefensión, la tutela judicial efectiva y el papel del defensor del pueblo. Además, se discuten los supuestos en los que se puede suspender la garantía de derechos y el ámbito de actuación del defensor del pueblo.

Tipo: Ejercicios

2014/2015

Subido el 12/12/2015

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3.6

(54)

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PRACTICA 8
GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
1.
2. C Art 53.1
3. B Art 86
4. D Art 53.3
5. C
6. D Art 53.3
7. D Art 24.1
8.
9. B
10.
11. C Art 10
12.
13.
14. B Art 54
15. A Art 54
16. B
17. D Art 24.1-2
18. C
19. B art 24.2
20.
21. Art 18
22. C Art 55
23. A Art 116.2
24. B Art
B) TEXTOS PARA COMENTAR
PRIMERO
A. El derecho a ser informado de la acusación es un derecho jurisdiccional pues en el
artículo 24.2 de la Constitución Española, aparte de nombrar un amplio elenco de
garantías, menciona dicho derecho, siendo este fundamental para garantizar la
posibilidad de defensa.
B. La función que cumple es la de impedir un proceso penal inquisitivo.
SEGUNDO
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PRACTICA 8

GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

  1. C Art 53.

  2. B Art 86

  3. D Art 53.

  4. (^) C

  5. D Art 53.

  6. D Art 24.

  7. B

  8. C Art 10

  9. B Art 54

  10. A Art 54

  11. B

  12. D Art 24.1-

  13. C

  14. B art 24.

  15. Art 18

  16. C Art 55

  17. A Art 116.

  18. B Art

B) TEXTOS PARA COMENTAR

PRIMERO

A. El derecho a ser informado de la acusación es un derecho jurisdiccional pues en el artículo 24.2 de la Constitución Española, aparte de nombrar un amplio elenco de garantías, menciona dicho derecho, siendo este fundamental para garantizar la posibilidad de defensa.

B. La función que cumple es la de impedir un proceso penal inquisitivo.

SEGUNDO

A. La indefensión se produce cuando no está suficientemente garantizado el libre acceso a los tribunales o cuando a lo largo del proceso no se puede ejercitar correctamente la defensa por diversos motivos, siendo más evidentes dos: ausencia de letrado o negación de los principios de contradicción y de igualdad entre las partes afectadas.

B. La tutela judicial efectiva abarca el derecho de acceso libre a la jurisdicción, así como el derecho a la motivación de la resolución de fondo, el derecho a ejercitar los recursos legalmente previstos también el derecho a obtener la ejecución de la sentencia

TERCERO

A. (^) El Defensor del Pueblo cuenta con facultades inspectoras y de investigación, que incluyen la obligación legal de todo poder público de prestarle, con carácter preferente urgente, la colaboración que precise para sus investigaciones, ni siquiera tratándose de documentos declarados secretos de acuerdo con la ley. La obstaculización de la investigación por parte de cualquier funcionario queda comprendida en el delito.

El Defensor del Pueblo puede sugerir al órgano legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados.

El Defensor del Pueblo puede interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo sobre la base de la Constitución en el art. 162.1 a y b.

B. (^) Es designado por la comisión mixta del Congreso-Senado creada para las relaciones con el Defensor del Pueblo, las cuales proponen al candidato o candidatos a los Plenos de las Cámaras, para su elección en un plazo no inferior a 10. El pleno del congreso realizará votación, siendo elegido el candidato que goce con el apoyo mínimo de las 3/ partes de éste, el cual deberá ser ratificado de igual manera por el senado en un plazo máximo de veinte días.

El juramento del Defensor del Pueblo tomara posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

CUARTO

A. (^) Implica que se podrá autorizar, además de la suspensión de los derechos prevista para los casos de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado 3 del art 17 CE. Y también se garantiza al Gobierno para que designe la Autoridad militar.

B. Se exige la mayoría absoluta del Congreso.

SUPUESTOS

PRIMERO

A) El Defensor del Pueblo deberá ponerlo en conocimiento del Fiscal General del Estado

B) El ámbito de actuación del defensor del pueblo abarca las actuaciones de cualquier órgano y funcionario perteneciente al poder público nacional, estatal o municipal en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial y demás órganos del poder del ciudadano.

reconocidos en los art 17,apdo.2 y 18 apdos 2 y 3 pueden ser suspendidos por personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”

OCTAVO

A. No asiste ya que para establecer el Estado de alerta el Gobierno tiene que realizar un decreto y se tiene que dar cuenta al Congreso de diputados y en este caso se produce de esta manera mencionada.

B. Si sería posible prorrogar cumpliendo con los requisitos recogidos en el artículo 116. de la CE.

NOVENO

A. Según el artículo 54, el defensor del pueblo es un alto comisionado nombrado por el parlamento para supervisar la actividad de la administración. El estatuto según la ley orgánica de 1981 el defensor del pueblo tiene plena autonomía en el ejercicio de sus funciones actuando según el criterio. No está sujeto al mandato imperativo del Parlamento ni recibirá instrucciones del gobierno.

B. Podrá poner recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional.

DECIMO

A. La que mejor es aquella que se tiene que regular mediante ley orgánica

B. Los derechos que deben regularse mediante la ley orgánica son los derechos fundamentales y libertades dentro de los cuales aquellos que se encuentran en los artículos 15 a 29 de la CE.