UT4. LA NUEVA REFORMA DEL ÁMBITO LOCAL Y SU IMPACTO
EN LOS SERVICIOS SOCIALES
1. Los derechos sociales en la Constitución española y en las leyes de Servicios
Sociales.
No hay una forma explícita en la que se expliquen los derechos de los Servicios Sociales sino que están de
forma indirecta numerosos artículos y de la referencia a los ámbitos y sectores sociales. (Art. 39
Protección de la familia y la infancia; Art. 41=Seguridad Social, la parte que comporta servicios sociales;
Art. 48=juventud; Art. 49=disminuidos; Art. 50=tercera edad; Art. 148.1.20=las comunidades autónomas
podrían adquirir las competencias de asistencia social).
Las leyes de los Servicios Sociales o de Acción Social han sido aprobadas por las comunidades
autónomas gracias a su competencia legislativa en “asistencia social”, que también figura en sus estatutos
de autonomía.
El Estado lo que hizo fue promulgar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985) no
aclara el reconocimiento y la responsabilidad de los derechos sociales, sino que que dice que la prestación
de los Servicios Sociales y de reinserción son competencia municipal, y estarán obligados a ella aquellos
municipios que tengan más de 20.000 habitantes, no concreta sobre ellos.
Aunque en la Constitución hay avances sobre la consideración de los derechos sociales hay vacios en
cuanto a la concreción y especificación, los modos y las formas en que se ponen en práctica, que dificulta
que haya un sistema de Servicios Sociales más consolidado en España.
Las principales limitaciones del derecho a los Servicios Sociales que hay son:
• Cumplimiento de las condiciones de necesidad: los servicios sociales tienen un principio de universalidad
(son para toda la población), pero para que haya un derecho subjetivo de la necesidad que se pretende
cubrir de la población es necesario que los estándares de la necesidad estén reglamentados y esto es
algo que no está especificado y clarificado en la legislación.
• La concreción de las prestaciones: los servicios que realmente se prestan muchas veces no dependen de
las leyes sino del presupuesto que haya (Pellegrí)
• La oferta de recursos y prestaciones: se refiere a que haya o no el recurso que se necesita ya sea por el
número de plazas u otra cosa.
• La rigidez normativa: una excesiva burocratización administrativa puede suponer una perversión del
sistema, ya que se antepone la norma al problema social.
• Imposibilidad de la efectividad del derecho: existe una legislación y reglamentación, pero falta la voluntad
política de que se haga efectivo. Ej.: la supresión de barreras arquitectónicas, la reserva de plazas en
empresas para discapacitados.
• Imposibilidad de una respuesta y cobertura absoluta: no siempre se va a poder estar dando una
respuesta a la relación necesidad-derecho-recurso y tampoco va a ser siempre de un carácter institucional
sino que algunas necesidades tendrán que empezar a depender del:
o Sector público: la lógica de las acciones jurídicas.
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