CUARTA PRÁCTICA: VAN GEND
La Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 1963 tiene como cuestión de
fondo el litigio entre la Sociedad Anónima Algemene Transport- en Expeditie
Onderneming van Gend & Loos y la Administración Tributaria neerlandesa, por la
supuesta inobservancia de esta última hacia la prohibición impuesta por el artículo 12
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, cuyo contenido remito
a continuación: “los Estados miembros se abstendrán de establecer entre sí nuevos
derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente
y de incrementar los que ya estén aplicando en sus relaciones comerciales recíprocas”.
En concreto se denuncia la aplicación ilícita de un derecho arancelario del 8 % a la
importación en los Países Bajos de urea-formaldehido, procedente de la República
Federal de Alemania. La parte demandada, el Estado miembro de los Países Bajos,
alega que el Tribunal de Justicia no es competente para conocer está situación de
conformidad con el primer apartado del artículo 177 del Tratado de Roma, dado que
dicho apartado solo concede competencia al Tribunal para pronunciarse sobre la
interpretación del Tratado y no sobre su aplicación, aunque el Tribunal de Justicia
desestima este argumento aclarando que su labor en la citada Sentencia será
únicamente de interpretación.
Yo opino que, más allá de su pronunciamiento sobre la cuestión de fondo del asunto,
el párrafo más importante redactado por el Tribunal de Justicia en esta Sentencia es el
siguiente: “ha de llegarse a la conclusión de que la Comunidad constituye un nuevo
ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados
miembros han limitado su soberanía, si bien en un ámbito restringido, y cuyos
sujetos son, no sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales”.
Creo que la importancia de este párrafo es doble; por un lado, se afirma que el
Derecho de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico autónomo respecto a los
ordenamientos estatales, aunque se integre en ellos, mientras que por otro lado se
reconoce la primacía del DUE sobre los ordenamientos jurídicos nacionales facultando
a las personas físicas y jurídicas a ampararse en él contra el Derecho de los propios
Estados miembros.
En el caso Van Gend resulta bastante obvio que lo que el Tribunal de Justicia está
protegiendo es el principio por el cual los Estados no pueden adoptar una norma
interna posterior que sea incompatible con el DUE y, en este supuesto concreto, con el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Esta afirmación puede
sustentarse en los siguientes párrafos de la Sentencia de 5 de febrero de 1963 que
complementan el que he señalado como el párrafo clave:
