TEMA 8. ENSEÑANZA.
No es posible imaginar un modelo de Derecho que siendo mínimamente protector de la libertar, de los intereses de
los individuos, desconociese algunos aspectos de las manifestaciones externas de la religiosidad. Debería tener en
cuenta las peculiaridades derivadas de la vida de los religiosos, o proveer un mecanismo que permita la asistencia
religiosa en establecimientos penitenciarios u hospitales públicos, etc. Es decir, un Estado moderno que no tenga un
sistema normativo reconducible al Derecho eclesiástico.
Sí es posible imaginar u ordenamiento jurídico en el que la enseñanza fuera algo absolutamente ajeno al campo de
lo religioso, y si existiese conexión entre religión y enseñanza no derivara un tratamiento especial en consecuencia.
La enseñanza no es un tema esencial del Derecho eclesiástico. En principio sería un modelo de enseñanza
respetuoso con las exigencias para considerar a un Estado como protector de las libertades en el que no hubiera
enseñanza de la religión en los centros docentes, o en el que las universidades de la Iglesia no recibiesen un trato
específico.
Pero la realidad es que el tema más polémico del Derecho eclesiástico es la enseñanza. La generalidad de
ciudadanos, y también los que conforman la ‹‹doctrina científica›› o la ‹‹clase política›› no ven graves inconvenientes
a que las puertas de un hospital público se abran para que una determinada confesión preste asistencia religiosa. Sin
embargo, en cuanto a la enseñanza, cada uno tiene su propio modelo de la relación que debe mantener con la
religión. Algunos consideran que los colegios de propiedad religiosa deben ser financiados con fondos públicos sin
control, otros que debería enseñare una religión concreta en las aulas, etc.
Las discusiones en el seno de la sociedad son cuestiones ideológicas. Dede quienes consideran que el modelo
deseable es el de una escuela púbica obligatoria y gratuita hasta lo que consideran que la enseñanza debe quedar en
manos de la iniciativa privada con financiación pública no controlada, existe posiciones intermedias a las que nos
adscribimos por razones ideológicas, pero que pretendemos legitimar en elevados principios jurídico-políticos
(igualdad, libertad de enseñanza) o supuestamente técnicos (potestad de la Administración, cheque escolar).
‹‹Libertad de enseñanza›› carece de un contenido unívoco, todos los modelos se defienden en nombre de esa
libertad.
En el caso español hay ciertas peculiaridades consecuencia de unas circunstancias sociológicas e históricas concretas.
A lo largo de la historia de España, el desinterés de los poderes públicos por la enseñanza ha sido clamoroso. Excepto
un breve periodo correspondiente a la segunda República, hasta inicios de los años 80 su único interés en la
enseñanza universitaria era que no provocase conflictos al poder establecido. No había interés real en escolariza a la
población. Era la Iglesia católica quien se ocupa de establecer un sistema educativo. Tal educación estaba
ideologizada en clave católica, y bien adentrados en el siglo XX el sistema educativo estaba casi en su totalidad en
manos de la Iglesia.
La ideologización en clave católica de la enseñanza y el practico monopolio del sistema educativo están en la base de
dos de los problemas de la enseñanza que tienen relevancia para el Derecho eclesiástico y se manifiestan cuando se
produce un intento serio de establecer un sistema educativo público suficiente. Probablemente porque el
catolicismo era el pensamiento ‹‹oficial››, desde la promulgación de la Constitución de 1978 y para la sociedad
actual, resulta inimaginable un sistema público de enseñanza orientado a la religión católica. De aquellos tiempos
queda la enseñanza de la religión católica en los centros docentes públicos.
No se puede desconocer la realidad del monopolio educativo de la Iglesia. Además de las razones de rechazo social
hubieran impedido renunciar a integrar a los centros existentes (los católicos), razone financieras aconsejaban
contar con ellos. Habría resultado imposible, social y económicamente, establecer un sistema público de enseñanza
que ignorase a los centros de la Iglesia. La pretensión en la España actual es que exista una enseñanza obligatoria y
gratuita. Todo ello está en la base de la financiación pública de la enseñanza privada, aunque hay otros elementos
que podrían justificarlas, como el art. 27.3 CE.
