Según el artículo 3 de la Ley 1563 de 2012, el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del
cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o
puedan surgir entre ellas. Esta norma reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado
mediante la forma de cláusula compromisoria o de compromiso, implica la renuncia de las partes a
acudir a los jueces estatales. En su lugar, habilita a la justicia arbitral con el propósito de que sea
ésta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual.
Más allá de las discusiones doctrinales sobre la naturaleza jurídica del arbitramento, es claro que
la jurisdicción y competencia de los árbitros nacionales se enmarca en lo establecido en la
Constitución y en la ley, de forma general, y en la voluntad de las partes, de manera especial. La
autonomía de la voluntad, el otro nombre de la libertad contractual, es el punto de partida sobre
el cual se edifica el arbitramento. Es claro, entonces, que para que se pueda acudir al arbitraje se
requiere que las partes así lo hayan pactado a través de un negocio jurídico que, como tal, debe
ser interpretado teniendo en cuenta las reglas del Código Civil para la interpretación de los
contratos. De modo que, cuando el pacto arbitral no se encuentre debidamente redactado o
presente deficiencias, corresponderá, entre otros, buscar la intención de los contratantes2 e
interpretar las estipulaciones en el sentido que produzcan efectos.
Si la institución arbitral deriva de un acuerdo de voluntades, ese acuerdo no lo puede desconocer
el juez institucional apelando a interpretaciones gramaticales impropias del ámbito contractual. La
Constitución y la ley respaldan ese origen convencional para que los árbitros conozcan y decidan
determinada controversia. Como acuerdo de voluntades, la cláusula compromisoria se debe
interpretar según las reglas particulares de los contratos (artículos 1618 a 1624 CC) y no según las
reglas generales de interpretación de la ley (artículos 25 a 32 CC, artículo 5 Ley 57 de 1887 y
artículos 1 a 49 Ley 153 de 1887).
Como acuerdo de voluntades, la cláusula compromisoria se debe interpretar según las reglas
particulares de los contratos (artículos 1618 a 1624 CC) y no según las reglas generales de
interpretación de la ley (artículos 25 a 32 CC, artículo 5 Ley 57 de 1887 y artículos 1 a 49 Ley 153
de 1887).
Regulación.
Esta figura está regulada normativamente en los arts. 59 a 61 de la sección segunda de la ley 1563
de 2012. El ámbito de aplicación del mecanismo de la amigable composición, previsto en el inciso
I del art. 59 del “Estatuto Arbitral”, se extiende a particulares y a entidades públicas, así como a
quien desempeñe funciones públicas. El artículo 59 expresa:
“La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del
cual, dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades
públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado
amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una
controversia contractual de libre disposición.
El amigable componedor podrá ser singular o plural.
La amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato
independiente.”
