El segundo de esos elementos es que no aparece ninguna mención a la soberanía nacional en los dos
artículos. Las normas que se refieren a la designación del jefe de estado se convierten en normas
relativas al llamado orden de sucesión de la Corona, que si bien en nuestra Constitución a parecen
de un modo más reducido de lo que contemplaban las anteriores constituciones históricas, aunque la
constitución del 78 reproduce en gran medida el contenido de las constituciones monárquicas
anteriores, incluso en este ámbito reproduce a la legislación medieval. Es el caso de las partidas de
Alfonso X el Sabio. En cuanto a esas normas tenemos que subrayar que el artículo 57 de la
Constitución, en su primer apartado en su parte final, establece que dichas normas operan de
manera automática en el orden que hubieran sido fijadas en la Constitución, de tal manera que la
sucesión al trono se regirá por el orden de primogenitura y representación, siendo preferente la línea
anterior a las líneas posteriores; y dentro de la misma línea, el grado más próximo a grado más
remoto; y dentro del mismo grado el varón frente a la mujer; y dentro del mismo sexo, la persona de
mayor edad frente a la de menos edad. En el artículo 57 se prohíbe la sucesión testamentaria. Sí se
admitía sin embargo en la legislación medieval. En cambio se admite la sucesión parlamentaria, así
el artículo 57, en su apartado tercero, establece que en el caso se extinguiesen todas las líneas de la
familia real, llamadas a derecho, serán las Cortes generales las que preverán la sucesión en la forma
que más convenga a los intereses de España. La participación de las Cortes también aparece
definida constitucionalmente en los supuestos de aplicación renuncia a los derechos dinásticos y
en el caso de conflictos dinásticos. En estos casos el artículo 57.5 prevé que se resuelva estos
supuestos mediante ley orgánica de las Cortes. En cuanto a la regencia, aparece contemplada como
una situación excepcional. Se regula en el artículo 59 en el texto constitucional, es decir, la carta
magna española. Se establecen dos situaciones concretas: bien que el llamado a suceder sea menor
de edad, y la segunda es que el rey estuviese inhabilitado para el ejercicio de su autoridad,
imposibilidad que tiene que ser reconocida en todo caso por las Cortes generales. Ante estos dos
supuestos también se prevé quienes serán los regentes en uno u en otro caso. En el caso en el que el
rey es menor de edad serán llamados como regentes el padre o la madre, y si no los hubiera, el
pariente de mayor edad más próximo a suceder en el trono. En el caso en el que rey fuese
inhabilitado por las cortes actuará como regente el príncipe heredero siempre que sea mayor de
edad, y si no fuese mayor de edad, establece el artículo 59 que operaría el padre o madre o el
pariente más cercano a suceder. En el caso de que no hubiera nadie conforme a estar reglas serán
las Cortes generales las que designen al regente, pudiendo ser individual o bien colectiva, tres o
cinco personas. Para ser regente lo único que se exige es ser mayor de edad y ser español. En todo
caso la regencia se va a ejercer por mandato constitucional y siempre actuará en nombre del rey.
Podemos saber cuál es la posición de la figura del rey en relación con la Constitución del 78. En
este ámbito debemos declarar que el constituyente del 78 rompe de una manera absoluta con la
tradicional constitucional anterior, de tal manera que substrae del juego de poderes del estado a la
figura del rey. Los sitúa por lo tanto al margen del proceso político, en este sentido. Subrayamos se
sitúa al margen del poder político; podemos afirmar entonces que el constituyente del 78 es al
mismo tiempo tradicional e innovador. Tradicional porque constitucionaliza la monarquía como
forma política del estado, e innovador porque rompe con la tradición constitucional anterior. Esto lo
consigue mediante dos operaciones: mediante el cambio de la rúbrica del título, ya que ahora a la
hora de referirse a la Jefatura del Estado lo hace de un amanera impersonal y objetiva; se refiere a
la institución. Y el segundo mecanismo sería un cambio de ubicación, de manera que será el título el
segundo después de la regulación de los derechos, el que se refiera a la corona, de manera que se
anticipa su regulación a la regulación relativa al resto de poderes del Estado. Este objetivo de
sustracción de los poderes políticos del Estado se va a reforzar a través de la despolitización de la
Corona. De esta manera, se consigue situar a la Corona fuera de los poderes del Estado. Esa
despolitización de la Corona se observa por un lado al comprobar que en ninguno de los artículos
referidos a la Corona en el texto constitucional, ni el artículo 1.3 ni los artículos del título 2, hacen
referencia alguna a la soberanía popular, frente a lo que ocurre en el artículo 1.2, cual primero de
los artículos tercero 66.1, en el aparece el concepto de soberanía popular, con el fin de impedir
cualquier otra interpretación distinta de las previsiones constitucionales. El resultado de todo ellos
será que la monarquía parlamentaria, aunque democráticamente no se configura como un poder del
