LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. CONSIDERACIONES GENERALES
• El DP español se había basado en el principio de corte germánico en que las personas jurídicas no
podían delinquir. Sin embargo, la extensión de la actividad de las personas jurídicas, sobre todo en
forma de sociedades mercantiles, y los abusos que pueden comete en el ámbito económico, condujo a
la necesidad de que el DP reaccionase para evitar la impunidad de este principio – societas delinquere
non potest - .
• A partir de la LO 5/2010 de 22 de junio, se introdujo el art. 31 bis CP regulando la responsabilidad
penal de la persona jurídica y las penas que le son aplicables (33.7 Cp).
• La reforma de 2015 reordenó y amplió la regulación, modificando el 31 bis y añadiendo el 31 ter a
quinquies.
2. SUJETOS
• La responsabilidad penal del 31 bis sólo afecta a entidades dotadas de personalidad jurídica reconocida
por las vías dispuestas legalmente (art.35 + regulaciones de sociedades). Las organización, grupos o
entidades que carezcan de dicha personalidad son objeto del 129, conforma al cual pueden recibir la
imposición de consecuencias accesorias a la pena de la persona física que resulte responsable de delito.
• El 31.5.1 dice que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es aplicable al estado ni a los
organismos de derecho público que allí se mencionan (adm. territoriales e institucionales…)
ampliándolo a todas las entidades que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
•El 31.5.2 admite la responsabilidad penal de sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas o
presten servicios públicos, aunque solo pueden ser sancionadas con la pena de multa o de intervención
judicial.
• Los partidos políticos también pueden ser sujetos de responsabilidad penal.
3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONAS JURIDICA
• Sistema de numerus clausus, casos recogidos en el CP (31.2.1).
• Para que la persona jurídica pueda ser declarada responsable penalmente deben darse los siguientes
requisitos:
• (a) El delito debe haberse cometido por una persona física vinculada a la persona jurídica que
se encuentre en una de estas situaciones:
■Representante legal o con autorización para decidir en nombre de la persona jurídica,
o bien con facultades de organización o control.
■Empleados sometidos a la autoridad de los anteriores, que haya podido cometer el
delito por no haberse ejercido sobre ellos el control debido.
•(b) El delito debe haberse cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y, además,
en s beneficio directo o indirecto, lo que constituye la base de la imputación y excluye a los
delitos individuales desvinculados de la actividad de la persona jurídica o cometidos en
beneficio propio o de terceros.
