1. Concepto de confesión religiosa
Debemos tener en cuenta el art. 22 de la CE. Hasta 2002 el legislador no promulgó ninguna
ley a favor de las confesiones, quedando vigente hasta esa fecha una ley de los años 60’. Por
tanto, esta ley devino, tras la CE inconstitucional. Jurídicamente no hay una definición exacta de
la confesión de forma directa, pero la define de forma indirecta, esto es, el Registro de
Entidades Religiosas (RER). Si realiza un registro, es porque se sabe lo que es una confesión.
Para la ley, confesión será aquello que reúna una serie de requisitos. Necesitan una noción legal
jurídica, por tanto. Estos requisitos se refieren fundamentalmente a dos aspectos:
• Organización. Para que podamos acceder al RER debemos tener un requisito de
organización, esto es: denominación de la entidad, órganos representativos.
• Fines religiosos. La confesión debe tener fines religiosos, esto es, la LO en el art. 3.2.
Todo lo que no sean fines religiosos (mostrado en el artículo dicho), no podrá
caracterizarlo las confesiones religiosas. Por tanto, tiene carácter de exclusión.
¿Es competente el Estado para definir la religión o lo religioso? Para algunos autores no lo es, y
como consecuencia, esto vulnera el principio de aconfesionalidad. Otros autores consideran que
esta definición estatal de lo religioso no contraviene el principio de aconfesionalidad, y que
incluso es exigida por la propia CE. Para esto segundo hay que tener en cuenta el art. 16.3 CE,
esto es, es la CE la que legitima la identificación de lo religioso o no religioso. El art. 4.2 del
Reglamento del RER dice: “La inscripción sólo podrá denegarse cuando no se acredite
debidamente los requisitos que establece este reglamento”. La organización no plantea
problemas, pero sí los fines religioso, porque se puede poner en duda el cómo se plantean
dichos fines. Por lo que, el Estado debe calificarlo o valorarlo como religioso o no. Por lo que,
¿puede realizar una calificación material de los fines religiosos o como religiosos? Si muestra
este fin religioso, se produce una verificación formal. Esto es, una confesión se considera
religiosa, el Estado deberá darlo por válido, sin embargo, si le aplicamos más potestad al
Estado, se podría denegar. Esto segundo es lo que ocurre con el art. 4.2 anteriormente
comentado. La jurisdicción y tribunales de justicia han validado como buena la calificación
material, justificándolo sobre la base de una resolución (importante) de la Dirección General de
asuntos religiosos de 15 de septiembre de 1983. La DGAR dijo que el acceso al RER supone
para la confesión el otorgamiento de un régimen jurídico especialmente favorable y beneficioso,
porque implica:
■En primer lugar, el reconocimiento de la plena autonomía y la salvaguarda de su
identidad propia.
■En segundo lugar, la posibilidad de suscribir acuerdos de cooperación con el Estado y
de formar parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
Este control material es lo que la doctrina reconoce como control estatal de religiosidad. Podía
abducir una entidad cuando esta tuviese riesgo de cometer algo ilícito (control preventivo del
orden público). La doctrina científica decía que ese control material era legítimo, por lo que ha
refrendado la validez del control, reconociendo la justificación del propio Estado. El control
preventivo, con el profesor Motilla se llegó a cuestionar, ya que no encajaba en el Estado de
Derecho. Hay autores, profesor Souto o Ramón Sabau, que exponen que la calificación es
inconstitucional. Esto es porque la considera como asociaciones con relevancia constitucional.
Si esto fuese cierto, se podría aplicar el art. 22.3 CE. Se deberán registrar a los solos efectos de
publicidad y no de control (sería como un partido político, sindicatos…).
Parte de la doctrina argumenta que no se puede aplicar el art. 22 CE porque es regulada por el
art. 16 CE (no es coherente). El TC tardó tiempo en pronunciarse, esto es, en el 2001 en su STC
46/2001, de 15 de febrero, diciendo lo siguiente: “Las confesiones religiosas no son
asociaciones con relevancia constitucional. El control material es inconstitucional. El Estado
deberá realizar un mero acto de constatación, es decir, de verificación formal. Lo único que
debe hacer es verificar si esos fines que presenta la entidad son religiosos o no en función al
art. 3.2 LOLR. Excepcionalmente podría realizarse una aplicación preventiva del orden
público”. Por lo que vemos que la sentencia es muy contradictoria y poco clara. Un año
F. RELIGIOSO
TEMA 6: POSICION JURÍDICA DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS
