FUNCIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA:
Reinhold Zippelius, establece que el Estado, en tanto estructura organizada de
poder, tiene como función garantizar una convivencia ordenada y sin contradicciones
y, en especial, la paz y la seguridad jurídica.
ESTADO:
El Estado constituyendo una estructura política – jurídica, está conformada
por elementos estructurales y atributivos. Los estructurales: Constituyen a
integrar la organización del Estado, población, territorio, poder político o
gobierno. Los segundos le dan a la organización política el carácter propio y
especifico del Estado, la soberanía y el orden jurídico.
Tiene como fin último, el “bien común”, que es definido como la común
felicidad temporal, la perfecta suficiencia de vida, el buen vivir humano o la
armónica plenitud de los bienes humanos, para alcanzar este fin último lleva
a cabo la función pública.
La Convención Interamericana contra la Corrupción define en un solo
concepto al "funcionario público", "oficial gubernamental" o "servidor público"
como cualquier funcionario o empleado del Estado, incluidos los que han
sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus
niveles jerárquicos
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entiende
por "funcionario público" a toda persona que ocupe un cargo legislativo,
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o
elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la
antigüedad de esa persona en el cargo, o toda persona que desempeña una
función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o
que preste un servicio público.
Nuestra Constitución Política en el artículo 39° establece que, Todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
El D.S. N° 05-90-PCM, define al Funcionario Público, como el ciudadano que
es elegido o designado por autoridad competente conforme al ordenamiento
legal para desempeñar cargos del más alto nivel en la administración
pública; y, define al servidor público como el ciudadano en ejercicio que
presta servicios en entidades de la administración pública con nombramiento
o contrato de autoridad competente, suscrita con las formalidades de ley en
jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en periodos
regulares.
La Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, utiliza la expresión
empleado público para distinguir al funcionario público, empleado de
confianza y al servidor público, define al funcionario público como el que
desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por normas
expresas, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrolla
políticas de Estado y/o dirigen organismos o unidades públicas. La Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR, Ley N° 27785,
define como servidor o funcionario público a todo aquel que independiente
del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral,
contractual o relación de cualquier naturaleza con algunas de las entidades y
que en virtud de ello ejerce funciones con tales entidades.
El Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, considera como
empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la
administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este
nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, no importando el
régimen jurídico de la entidad en la que preste sus servicios ni el régimen
laboral o de contratación al que se encuentren sujetos.
No obstante, este problema de precisión que crea dificultades de
interpretación, tenemos adecuadamente precisado en el citado artículo 39°
de la Constitución, que el deber del funcionario público es estar al servicio de
la nación, esto supone un compromiso de lealtad con los valores y principios
sobre los que se asienta el Estado peruano, definido como Estado
Constitucional y Democrático de Derecho (Artículo 3° y 43° de la
Constitución).
El artículo 40° de nuestra Constitución reconoce a la carrera
administrativa como un bien jurídico de naturaleza Constitucional, el cual
debe ser garantizado por ley, la misma que debe regular el ingreso, los
derechos, deberes y responsabilidades de los servidores.
El citado mandato se sustenta en un intento por preservar al cuerpo de
servidores de la injerencia absoluta del grupo de funcionarios de confianza,
en su regulación, por lo que se reserva para el cuerpo deliberante
representativo de la comunidad la regulación de los aspectos medulares del
servicio civil. Por tanto, el desarrollo de esta institución y del estatuto de los
