DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
PRACTICA TRATADOS EN DERECHO ESPAÑOL
CURSO 2020-2021 GRUPO DOBLE GRADO
La Generalitat de Cataluña suscribió en 2018 un “Convenio de Cooperación” en
materia cultural y educativa con Italia. En dicho Convenio se establecía, entre
otras cuestiones, la normativa básica para la convalidación de títulos
universitarios entre las Universidades catalanas y algunas Universidades
italianas.
Ante esta situación, dos meses después, el Gobierno de la Nación planteó un
conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, impugnando la
validez de dicho “Convenio”. La Abogacía del Estado fundaba su recurso,
principalmente, en dos motivos. Por una parte, afirmaba que la competencia en
materia de homologación de títulos corresponde, en exclusividad, al Estado
español. Por otra, mantenía que las Comunidades autónomas carecen de
competencia en materia de celebración de tratados.
Por su parte, la Generalitat mantenía la validez del Convenio basándose en su
competencia en materia de Educación y Cultura.
Tras la interposición del recurso, el Consejo de Ministros, a instancias del
Ministro de Asuntos Exteriores, ordenó la negociación con Italia de un
Convenio-Marco sobre reconocimiento y homologación de títulos. La
negociación del Convenio fue llevada a cabo por el Cónsul General en Roma.
Responda de forma concreta y razonada a las siguientes preguntas:
1. De acuerdo con el Derecho interno español y teniendo en cuenta las
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de conclusión
de tratados, ¿qué tipo de acuerdo sería el del caso? Señale la base
jurídica de su respuesta ¿Es válido el Convenio celebrado por la
Generalitat de Cataluña según el Derecho español?
Según el artículo 2, apartado c de la ley 25/2014 se trataría de un acuerdo
internacional no normativo: “acuerdo de carácter internacional no constitutivo
de tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por el
Estado, el Gobierno, los órganos, organismos y entes de la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros
sujetos de derecho público con competencia para ello, que contiene
declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de
contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones
internacionales ni se rige por el Derecho Internacional.”
Sí porque en el artículo 44 de la ley 25/2014 dice que: “El Gobierno, los
departamentos ministeriales, los órganos, organismos y entes de la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades
de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y
