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PRACTICA DERECHO CONSTITUCIONAL
16.EL PODER JUDICIAL
TEST
- B Art. 117.
- A Art 117.
- C Art 117.
- B Art 117.
- A Art 117.
- (^) D Art 379 apartados b, c y f Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio
- D Art 117.
- A Art 122.
- A Art 122.
- C Art 122.
- B Art 122.
- C Art 107.3 LOPJ
- A Art 108.1 LOPJ
- B Art 122 LOPJ
- A Art 123.1 LOPJ/ Art 123.1 CE
- C Art 122 LOPJ
- C
- A Art 123.
- B Art 124.
- D Art 124.
- A Art 124.
- D Art 124.
- B Art 126
- B Art 127.
- B
- D
TEXTOS PARA COMENTAR
CELIA SOFÍA LÓPEZ MORENO
1º G
PRIMERO
A. (^) La diferencia entre la jurisdicción constitucional y ordinaria no puede establecerse haciendo referencia al plano de la constitucionalidad y de la simple legalidad, en cada respectivo ámbito. Esto se debe a la unidad del ordenamiento y la supremacía de la constitución, no permitiendo de esta forma la consideración de ambos planos como distintos e incomunicables.
B. El Tribunal analiza y pondera la interpretación y aplicación de las normas procesales que los órganos del Poder Judicial han efectuado en caso concreto.
SEGUNDO
A. (^) El Gobierno puede continuar con sus funciones, debiendo presentar necesariamente su dimisión. El planteamiento de la moción corresponde al Presidente del gobierno conforme al articulo 112 de la Constitución, previa deliberación del consejo de ministros. El Presidente decide si dar o no respaldo puesto que se le otorgó a el la confianza del Congreso en su investidura. La pérdida de la cuestión de confianza implica el cese de todo el Gobierno. La confianza supone un juicio sobre la gestión de todo, indisociable del Presidente.
La Constitución predica la solidaridad de la responsabilidad gubernamental.
La CE exige que si el presidente quiere que el congreso ratifique su confianza y tal ratificación tenga lugar sobre un programa de gobierno o una declaración política general, si resulta posible que sea una política determinada la que sirva de base para la ratificación de la confianza parlamentaria, pero la instrumentación legislativa de dicha política habrá de seguir el proceso ordinario. Se presenta ante la Mesa del Congreso, acompañada de una certificación del Consejo de Ministros que acredite que se produjo la deliberación exigida constitucionalmente.
A diferencia de la moción, la admisión a trámite de la cuestión de confianza no supone una merma de las facultades gubernamentales.
B. Los medios por los que se puede verificar que el gobierno mantiene la confianza parlamentaria se encuentra en los textos constitucionales de los sistemas parlamentarios, son la confianza y la moción de censura, junto con otras cuestiones como recabar información del gobierno, preguntas, interpelaciones y mociones, las proposiciones de ley y propuestas de resolución y las comisiones de interpelación.
TERCERO
A. (^) El deber de motivar las resoluciones judiciales, no es solo una obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales sino también, un derecho de los intervinientes en el proceso, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamando en el articulo 24.1 CE, el cual únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explicito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y eventualmente los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuales han sido los criterios jurídicos determinantes de la decisión.
categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”
B. (^) No, puesto que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de su constitución. A tal efecto, y con seis meses de antelación a su expiración, su Presidente se dirigirá a las dos Cámaras interesando que por estas se proceda a la elección de nuevos vocales. El consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
TERCERO
A. No, puesto que un notario es un fedatario público. En el caso de producirse controversias deben de ser resueltas por un juez, sin embargo, siendo el divorcio de mutuo acuerdo podrá ser resuelto por un notario.
B. Juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde a la figura del juez.
CUARTO
A. La Constitución garantiza tutela efectiva para todas las personas y asegura asistencia jurídica gratuita en los supuestos establecidos.
B. Conforme al artículo 13.1: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.” Por lo que se entiende que poseen los mismos beneficios de la asistencia jurídica.
QUINTO
A. (^) El propietario de los bienes podrá reclamar la desaparición puesto que es obligación la custodia y protección de los bienes objeto de litigio o incautados.
Conforme al artículo 126 CE, se establece que: El desarrollo constitucional de este precepto se encuentra en varias disposiciones normativas. En primer lugar, en la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 443 a 446 en los que se señala que la función de la policía judicial es el auxilio de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
B.
SEXTO
A. Conforme al artículo de 120.3: “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.”
La norma constitucional de necesaria motivación y la colocación sistemática del art. 120.3 expresa la relación de vinculación del Juez con la Ley y con el sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución, pero expresa también un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad en general de conocer las razones de la decisión que se adopta, de comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. Además, este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando así, en su caso, el control por parte de los órganos jurisdiccionales superiores.
El juzgador debe explicar la interpretación y aplicación del Derecho que realiza, pero no le es exigible una puntual respuesta de todas las alegaciones y argumentaciones jurídicas que las partes pudieran efectuar. Es más, ni el art.24 ni el art.120 imponen una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, por lo que una motivación escueta y concisa o una fundamentación por remisión no dejan de ser tal motivación.
B. El Tribunal Constitucional ha señalado que no le corresponde, desde la perspectiva constitucional y de los derechos fundamentales, enjuiciar o censurar la parquedad de una fundamentación o la forma de estructurar una sentencia y de establecer la conexión entre las consideraciones de ésta y las alegaciones de las partes.
Lo que está claro es que desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva no se pueden admitir como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. Además, existe un deber reforzado de motivación en el caso de las sentencias penales condenatorias, en cuanto título jurídico habilitante de la privación del derecho a la libertad personal.
SEPTIMO
A. Conforme al artículo 152.1: “En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.”
B. Si, haciendo referencia a la policía judicial, se puede decir que existe una doble dependencia jerárquica en relación a sus mandos naturales y los órganos jurisdiccionales.
DÉCIMO
A. (^) Es legal puesto que el Fiscal General del Estado tiene autoridad en todo el territorio español y se le guarda el respeto que merece por el cargo ostentado.
B. Conforme al articulo 124.2: “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”
