DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
El sistema de relaciones entre los poderes públicos y el factor religioso (PREGUNTA
EXAMEN)
Evolución del sistema de relaciones entre el Estado y el factor religioso:
constitucionalismo histórico español del s.XXI, II República y Franquismo.
Constitución de 1978.
La confesionalidad como fórmula del Estado de Derecho surge en la Constitución de Bayona de
6 de julio de 1808. En ella, la confesionalidad estatal se acompaña de una invocación a Dios y
una prohibición respecto a otras religiones. Ésta misma pauta seguirá la Constitución de Cádiz
de 1812. Seguidamente, tanto la Constitución de 1837 como la de 1845 se caracterizaron por su
confesionalidad del Estado y su reiterado compromiso de mantener el culto católico.
Hubo un cambio en la Constitución de 1 de junio de 1869, en la que se diseñaba una Monarquía
constitucional y democrática e introdujo por primera vez la tolerancia civil en materia religiosa
(texto liberal y progresista).
La Constitución de 1876 fue de ideología conservadora, y de nuevo el Estado se comprometía a
mantener el clero católico.
La Constitución de 9 de diciembre de 1931 (II República), establecía en su artículo 3 que <<El
Estado español no tiene religión oficial>>. Lo más radical que encontramos en este texto
constitutivo es el artículo 26, donde señala que <<Todas las confesiones serán consideradas
como asociaciones sometidas a una ley especial>>. Lo que definió al Estado en esta
Constitución fue el laicismo oficial y no el ejercicio de la libertad religiosa: el ejercicio de la
libertad religiosa no se valoró positivamente, etc.
Después del alzamiento militar, el régimen franquista supuso un corte drástico y el Fuero de los
Españoles de 1945 declaraba el confesionalismo: religión oficial del Estado la Católica y estaba
prohibida cualquier manifestación externa diferente a la oficial.
Llegados a nuestra actual Constitución, la de 1978, donde una de las características más
significativas es el consenso. El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Pero se tienen en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y se mantienen las
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones fruto de ello.
Resumiendo, en nuestro constitucionalismo histórico la actitud del Estado ante el hecho
religioso osciló en función de cada uno de los periodos políticos. Por lo general se mantuvo una
línea continuada de confesionalidad, interrumpida por la Primera y Segunda Repúblicas.
1. Principios informadores que rigen el sistema de relaciones entre los poderes
públicos y el factor religioso.
Los dos principios clave que definen la política y la actitud de los poderes públicos respecto al
factor religioso son esencialmente los de libertad e igualdad religiosa.
El `edificio de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas´ sobre el que se
sustenta el sistema español es el siguiente:
• Los cimientos de este edificio los representan la “aconfesionalidad del Estado”,
principio proclamado en el artículo 16.3 CE, y que significa que ninguna confesión
tiene carácter estatal. Esta norma constitucional proclama pues la laicidad del Estado.
