La reforma constitucional
En la reforma constitucional ninguna fuente del derecho puede establecer en sí misma
limitaciones a su reforma o modificación, puesto que el rango de la norma y de la modificación
es el mismo. La Constitución, como se ha dicho, puede imponer mecanismos especiales de
reforma que establezcan límites formales o materiales. Es la única capaz de controlar sus
propios procesos de transformación.
La Constitución española no establece límites de carácter material. Todos los preceptos
constitucionales pueden modificarse si se sigue el procedimiento de reforma adecuado. En otros
países existen cláusulas de intangibilidad; En Francia respecto a la forma republicana o a la
integridad del territorio, en Alemania respecto a la estructura federal o en Italia respecto a la
forma republicana. Determinadas modificaciones de ciertos preceptos podrían constituir
modificaciones en el régimen constitucional. Ejemplos: alterar los preceptos en los que se
regula la participación electoral, eliminando el componente democrático y sustituyéndolo por
formas autoritarias.
La constitución española dispone expresamente de otros tipos de límites, no materiales, en su
artículo 169. Este precepto establece la prohibición de reformar la Constitución en situaciones
de anormalidad constitucional, como los estados de alarma, excepción o sitio. La prohibición
temporal está referida al impulso o inicio de la reforma cuando ha sido declarado uno de los
estados excepcionales, también se extiende dicha prohibición a la tramitación de una reforma ya
iniciada.
La reforma Constitucional española se regula en su título X (arts. 166 a 169). La regulación de
los procedimientos de reforma la sitúa entre las constituciones rígidas y complejas. Existen dos
procedimientos de tramitación distintos depende con la materia que se pretende reformar.
La iniciativa de la reforma son los mismos que pueden poner en marcha el procedimiento
legislativo ordinario. El articulo 166 de la Constitución remite a los apartados 1 y 2 del artículo
87, los cuales se refieren a la iniciativa del Gobierno, de las Cortes Generales y de las
comunidades autónomas. En cuanto el Congreso de los Diputados, el articulo 146 RCD requiere
una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios. Respecto al Senado, se precisa
de al menos cincuenta senadores que pertenezcan a grupos parlamentarios distintos (art.152
RS), y respecto a las comunidades autónomas, la iniciativa partirá de los parlamentos
autonómicos. En la reforma constitucional hay una exclusión de la iniciativa popular.
El procedimiento ordinario se aplica a aquellas propuestas de reforma de la Constitución que
no sean generales ni afecten a los preceptos del procedimiento especial. El procedimiento de
aprobación requiere solamente la mayoría de las tres quintas partes del Congreso y del Senado.
Ahora bien, si no se llega a un texto idéntico para las dos cámaras, se creará una comisión mixta
paritaria entre ambas que presentará un único texto, el cual será aprobado con las mayorías
citadas. En el supuesto de que no se alcance la mayoría de tres quintos del Senado, pero se
supere la mayoría absoluta, si el Congreso supera los dos tercios se considera aprobado el texto.
Además, si una décima parte de senadores o diputados solicitan, dentro de los quince días
siguientes a la aprobación, la celebración de un referéndum, este deberá convocarse. En dicho
caso, el pueblo es vinculante.
El procedimiento agravado se utiliza cuando se trata de revisar la totalidad de la Constitución
o de modificarla parcialmente, de forma que se afecte al titulo preliminar, al capítulo segundo,
sección primera del título primero o al título segundo. Este tipo de procedimiento se aprobará
con la superación de una primera votación separada en la que se haya debatido y pronunciado
cada cámara sobre la conveniencia de la reforma y la fijación de los principios que deben
desarrollarla, que será acompañado por la disolución de ambas cámaras y el decreto de
convocatoria de elecciones. Celebradas las elecciones y una vez constituida las nuevas Cortes
Generales, estas deberán ratificar la decisión. La Constitución no exige mayorías especiales para
la ratificación, por lo que al tratarse de un simple trámite la mayoría relativa es suficiente en el
Congreso de los Diputados (art.147 RCD), mientras que en el reglamento del Senado se
requiere la mayoría absoluta (art. 159 RS). A continuación se procederá a la tramitación
parlamentaria de nuevo texto constitucional, que debe aprobarse por una nueva mayoría de dos
