TEMA 2
*Las fuentes bilaterales son un Acuerdo o Pacto entre dos autoridades que se consideran
capaces para obligar con fuerza normativa, en cambio las fuentes unilaterales son
aquellas que provienen de una única autoridad o poder, estatal.
LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978
Todos los ciudadanos y los Poderes Públicos quedan sujetos y sometidos a la
Constitución, tal y como lo expresa el artículo 9.1 de la misma, que establece que es la
norma suprema. Y por otra parte, los artículos 14 y 16 establecen los principios básicos
en la materia. Estos principios tienen una serie de funciones (tal como Prieto Sanchís
señala): la función explicativa que pretende resumir en tres o cuatro ideas del Derecho
español para resolver los problemas propios de la libertad religiosa y del status de las
confesiones (con excepciones). En segundo lugar, tienen la función normativa, en
función de cómo aparecen recogidos los enunciados normativos constitucionales o
legales para resolver conflictos, aunque lo normal es que esto sólo no sirva para
solucionar un determinado conflicto y se hace en compañía de otras normas que no son
principios. Y, finalmente, la función interpretativa de la CE y del resto del
ordenamiento, que quizás sea la más importante. Se promueve que la interpretación de
las demás normas sea la más adecuada en base a los principios.
PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CREENCIAS: es sabido que la Constitución garantiza
la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, siempre que no sea
contrario al orden público. La libertad religiosa constituye un principio informador de
nuestro derecho, en tanto que define la actitud del Estado respecto al fenómeno
religioso; así se distingue del derecho de libertad religiosa. Según esta misma doctrina
el Estado se considera incompetente respecto al acto de fe, de modo que no puede
ejercer acto de coacción alguno. Los autores de esta doctrina dicen que una cosa es el
derecho y otra el principio de libertad religiosa.
Respecto a esto, el primer paso que debe dar el Estado es reconocer la libertad religiosa
como un derecho fundamental, reconociendo y garantizando jurídicamente la plena
inmunidad de coacción en materia religiosa que ni puede sustituir ni concurrir con el
individuo en tales menesteres, y declarándose incompetente respecto a la práctica de la
fe religiosa, y un segundo paso consiste en asumir la libertad religiosa como primer
principio definidor de su actitud en esta materia.
Sin embargo, no es unánime el pensamiento de la autonomía del principio respecto al
derecho de libertad religiosa. Prietos Sanchiz ve que el contenido del principio de
libertad religiosa coincide con el derecho fundamental del mismo nombre. Al igual que
Martínez Torron que considera que la distinción entre los dos conceptos es ficticia.
Los autores del libro coinciden con esta última doctrina, pues surgen muchas dudas
cuando se intenta dar autonomía al principio de libertad religiosa respecto al derecho
del mismo nombre.
Desde Antiguo solo es posible el pluralismo ideológico y político cuando hay libertad
religiosa y está garantizada la posibilidad de pluralismo religioso.
Desde otra perspectiva, el principio de libertad religiosa no debería de considerarse
como antítesis del de confesionalidad. Generándose así la duda de si un Estado
confesional puede a la vez garantizar y proteger la libertad religiosa de los individuos
(para una doctrina no, como Viladrich, pero para otros como Martínez Torron sí, pero
no con la misma eficacia configuradora que en un estado aconfesional).
A esto nuestro TC no parece dar una solución con absoluta nitidez.
