STC 16/2004
1. Antecedentes del caso
Recurso de amparo nº 1784/1999 interpuesto por Francisco Manuel Alonso Sánchez
contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Asturias.
El origen del conflicto es una sanción administrativa impuesta por el Ayuntamiento
de Gijón por contaminación acústica en el local “Pub Belfast”.
La sanción fue de 50.001 pesetas, por superar los niveles sonoros permitidos (50 dBA a
las 3:40 h del 8/11/1997), infringiendo la Ordenanza municipal de 1992.
2. Motivos del recurso de amparo
El recurrente alegó vulneración del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1
CE).
Cuestionó la falta de cobertura legal suficiente de la Ordenanza municipal:
oNi el Reglamento de Actividades Molestas (RAMINP) de 1961.
oNi la Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico.
Argumentó que el ruido no estaba suficientemente tipificado como infracción en
ninguna norma con rango legal.
3. Fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional
I. Sobre el principio de legalidad sancionadora
El TC reafirma que el art. 25.1 CE exige que las infracciones y sanciones estén
predeterminadas por norma con rango de ley.
Se admite cierta flexibilidad en el ámbito administrativo, especialmente en el caso de
ordenanzas municipales, pero:
oDeben existir criterios mínimos de antijuridicidad en la ley.
oNo se permite que las ordenanzas tipifiquen infracciones de forma autónoma.
II. Sobre la cobertura legal de la Ordenanza
El TC analiza si la Ley 38/1972 puede servir de cobertura legal:
oDefine contaminación atmosférica como “materias o formas de energía que
impliquen riesgo, daño o molestia grave”.
oEl TC considera que el ruido puede ser una forma de energía.
También se considera que:
oEl art. 12 de la Ley establece sanciones por contaminación.
oEl art. 13 atribuye competencia sancionadora a los alcaldes.
El TC concluye que sí existe cobertura legal suficiente para la Ordenanza municipal.
4. Doctrina constitucional reafirmada
Se admite que reglamentos preconstitucionales pueden mantener su eficacia si no se
han derogado.
Pero no pueden servir de base para nuevas infracciones postconstitucionales sin ley
que las respalde.
Se distingue entre:
oReproducción de normas preconstitucionales (admisible).
oInnovación normativa sin cobertura legal (inadmisible).
5. Fallo del Tribunal Constitucional
