SONIA IVETTE RAMIREZ MORENO
PRÁCTICA Nº1 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1. EXPLIQUE QUIENES SON LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN ESTE CASO
En este caso confluyen tres Estados miembros de la Unión Europea. Los tribunales portugueses
(donde está domiciliada la empresa demandante y el encargada de la distribución), los tribunales
belgas (donde esta domiciliada la empresa demandada y fabricante de las mercancías) y, por último,
los tribunales españoles (lugar en el que se lleva a cabo la distribución, un “hacer”, que es la
obligación característica del contrato de concesión).
En el contrato, las partes acordaron (apartado 12 de la sentencia) una clausula atributiva de
competencia, la cual establecía que en caso de posibles litigios serían competentes los tribunales de
Kortrijk (Courtrai, Bélgica). Dichas cláusulas se recogen en el artículo 25.1 de Bruselas I bis. Este
atículo establece que es indiferente el domicilio, que lo importante es la clausula atributiva de
competencia, pues es una competencia exclusiva. Siguiendo esto se podría decir que serían válidos los
tribunales belgas en orden a esa clausula. Sin embargo, el tribunal de justicia (apartados 23-32
sentencia) aclara que la clausula recogida en el contrato no es válida, ya que se realizó entre las
partes de forma verbal, sin posterior confirmación por escrito, incumpliendo así el apartado a) del
artículo 25.1.
El tribunal de justicia realiza también una interpretación del artículo 7.1 de Bruselas I bis. Para
determinar el órgano jurisdiccional competencia hay que determinar la obligación característica del
contrato. Para aclarar esto, si se trata de compraventa o de prestación de servicios, el tribunal recurre
a dos sentencias, Car Trim y Corman-Collins.
Como en el caso Car Trim, un contrato cuya obligación característica sea la entrega de un bien habrá
de ser calificado de “compraventa de mercaderías”, artículo 7.1.b) “cuando se trate de una
compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o
deban ser entregadas las mercaderías”.
Por otro lado, respecto a la prestación de servicios, el concepto de servicio, implica que la parte que
los preste lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración, aquí se
refiere al caso Corman-Collins. En esta sentencia se establece que para que un contrato de concesión
sea de prestación de servicios es necesario que una de las partes asuma la obligación de hacer y el
otro la obligación pecuniaria. Artículo 7.1.b), segundo inciso “cuando se trate de una prestación de
servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados
los servicios”. En este caso, cuando confluyen varios Estados, habrá de entenderse por lugar de
ejecución, el lugar que tenga la relación más estrecha entre el contrato y el órgano jurisdiccional
competente, en el lugar de prestación principal del servicio.
El Tribunal de justicia aclara el artículo 7.1, declarando que será competente el órgano jurisdciional
del lugar de prestación principal de los servicios, según se desprenda de las clausulas del contrato (en
este caso la clausula no es válida), por lo que se recurre al lugar de cumplimiento efectivo del contrato
o, cuando sea imposible determinarlo, el del domicilio del prestador.
Por lo tanto, los tribunales competentes serían los tribunales españoles, ya que España es el lugar de
cumplimiento efectivo del contrato, es el mercado en el que van a distribuir los productos.
2. EXPLIQUE CUÁL SERÍA LA LEY APLICABLE AL CONTRATO
En el caso de que se tratase del Sector 2, relativo a la ley aplicable, se tendría que recurrir a Roma.
Lo primero es determinar el reglamento al que se va a someter la cuestión, si se trata de Roma I o de
Roma II. En función de si estamos ante obligaciones contractuales o extracontractuales..
En este caso, ya que se trata de un contrato de concesión, queda claro que se trata de obligaciones
contractuales, por lo tanto, se aplica Roma I.
Respecto al ámbito material de dicho reglamento se debe recurrir al artículo 1.1 del mismo “ 1.El
presente reglamento se aplicará a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las
situaciones que impliquen un conflicto de leyes”.
El ámbito temporal del reglamento Roma I será el de la fecha de celebración del contrato. El art.,28
establece la fecha de aplicación que es el 17 de diciembre de 2009, por lo que sí es de aplicación ya
que la sentencia discutida tiene lugar en el 2018.
