1.- LA CORONA
Configuración Constitucional de la Corona.
La monarquía ha sido un elemento clave en la historia política del Estado español. Ahora
bien, la Constitución de 1978 establece una novedosa configuración para esta institución
histórica dentro de lo que ha sido nuestra experiencia jurídico-política más reciente.
Ha de destacarse la posición en el texto constitucional anteponiéndose a cualquier otro
Poder del Estado. Se regula en Titulo II con prioridad sobre el resto de poderes (Cortes
Generales, Gobierno, Poder Judicial).
La fórmula utilizada por el artículo 1.3 CE al señalar que “la forma política del Estado
español es la monarquía parlamentaria” no fue, ni es una cuestión aproblemática, sino todo
lo contrario. Si hacemos referencia a nuestro constitucional histórico, en el mismo no se
calificaba la naturaleza de la forma monárquica de gobierno. Y durante el proceso
constituyente la materia fue objeto de un doble tipo de controversia: una de naturaleza
política, de aceptación o de rechazo de la monarquía; y otra técnico-republicana tuvo una
dimensión más formal que material en la medida en la que se era plenamente consciente de
las dificultades que habrá tenido el proceso de democratización si la oposición a la
monarquía hubiese sido frontal y radical.
Se optó por una solución en donde se asociaba a la Corona no con la forma de estado o de
gobierno, sino con la forma política del Estado. Este concepto viene definido por su
ambigüedad y por su capacidad para incluir no sólo a la forma de gobierno, en donde se
establece el modo en que se relacionan los distintos órganos constitucionales, básicamente
Legislativo y Ejecutivo, o a la forma de estado, derivada de las relaciones entre los
elementos constitutivos del mismo (Pueblo, territorio y Poder político), sino también a un
conjunto de factores sociales y políticos no reducibles a parametros jurídicos.
En cualquier caso, más allá de consideraciones puramente doctrinales, de la fórmula usada
por el constituyente se deducen 2 claras consecuencias: La forma de la jefatura del Estado es
monárquica, y el sistema de gobierno es de naturaleza parlamentaria.
La naturaleza constitucional y parlamentaria de la Corona no hace más que poner de
manifiesto la plenitud del principio democrático y, por ende, la carencia de poderes
efectivos atribuidos a dicha institución en situaciones ordinarias. De tal modo que la
conjugación de la Corona con el resto de Poderes del Estado se traduce en que ésta tan sólo
representa a la forma política del Estado pero carece materialmente de poder en el ejercicio
ordinario de las funciones que vienen atribuidas al resto de poderes e instituciones.
Así, el reconocimiento de la monarquía en la Constitución se debe al espíritu de consenso
que presidió la redacción de la suprema norma. Y también a las exigencias y compromisos
sociales y políticos de las fuerzas más representativas. En realidad, la monarquía adquirió su
legitimación democrática a través del referéndum de ratificación de la Constitución y por su
posterior funcionalidad y adhesión al sistema constitucional implantado.
