Actividad práctica. El refrendo.
Cuestiones
1. Puede el Presidente de un Parlamento Vasco refrendar la designación y nombramiento del
Presidente de la Comunidad autónoma?
2. ¿Cual es la argumentación del Parlamento vasco sobre la posibilidad que sea éste quien refrende el
acto de nombramiento?
3. ¿Que señala al respecto el Tribunal Constitucional respecto a dicha argumentación del Parlamento
vasco?
4. ¿Es posible que al margen del Presidente del Gobierno, los Ministros y el Presidente del Congreso,
alguna otra institución estatal o autonómica asuma en virtud de una ley la competencia para refrendar
los actos del rey?
Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1987, de 27 de enero
2. La Ley del Parlamento Vasco 7/1981, de 30 de junio, denominada «Ley de Gobierno», regula en su
capítulo segundo, en desarrollo del art. 33. 3 del EAPV [Estatuto de autonomía del País Vasco], la
designación y nombramiento del Presidente de la Comunidad, disponiendo en el art. 4, párrafo
segundo, que «el Real Decreto de nombramiento del Lehendakari será refrendado por el Presidente
del Parlamento Vasco».
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el art. 152.1 de la Constitución y el 33.1 del
EAPV, el nombramiento del Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca corresponde al Rey y, en
consecuencia, la norma constitucional que debe servir de base para enjuiciar la validez del párrafo 2.º
del art. 4 de la Ley vasca está integrada por los arts. 56 y 64 de la Constitución, que contienen la
regulación esencial del refrendo de los actos del Rey.
El art. 56, en su apartado tercero, tras declarar que «la persona del Rey es inviolable y no está
sujeta a responsabilidad», dispone que «sus actos estarán siempre refrendados en la forma que
establece el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2». De lo
que se deduce que cualquier forma de refrendo de los actos del Monarca distinta de la establecida
en el art. 64 de la Constitución, o que no encuentre en éste su fundamento, debe ser considerada
contraria a lo preceptuado en el art. 56.3 de la misma y, por consiguiente, inconstitucional.
El art. 64, en su apartado 1.º, regula el refrendo de los actos del Rey estableciendo, de una
parte, una regla general según la cual dicho refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su
caso, a los Ministros competentes, y, de otra, las excepciones a dicha regla, a través de la fijación de
unos supuestos -la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución de las
Cámaras previstas en el art. 99- en los que el refrendo corresponde al Presidente del Congreso. El
refrendo supone, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del mismo art. 64, la asunción de la
responsabilidad de los actos del Rey por las personas que los refrenden.
La institución del refrendo aparece, pues, caracterizada en nuestra Constitución por las
siguientes notas: a) Los actos del Rey deben ser siempre refrendados, con la salvedad prevista en el
propio art. 56.3; b) en ausencia de refrendo dichos actos carecen de validez; c) el refrendo debe
