Derecho Administrativo especial
Grupo 32. 2022/23
Práctica 12 (bienes, contratos, expropiación)
I. El Ayuntamiento de Zaragoza licitó en su momento (primer semestre de 2022)
un contrato para la construcción y explotación de un centro deportivo en el barrio de La
Almozara, que incluirá tres piscinas exteriores, otra cubierta y un aparcamiento anexo,
además de pistas de pádel y atletismo. El equipamiento se situará en una manzana
ubicada entre las calles de Fray José Casanova y Lago, la Av. de la Ciudad de Soria y el
parque de La Aljafería, estando previsto que pueda inaugurarse en el año 2024.
La construcción y el mantenimiento del centro, así como las mejoras que
resulten necesarias, se asumirán íntegramente por el adjudicatario, si bien los pliegos
establecieron una aportación anual del Ayuntamiento por un máximo de 300.000 euros
(que los licitadores pudieron reducir en sus ofertas). Por otro lado, el Ayuntamiento ha
aportado de los terrenos en los que se ubica el centro, parte de los cuales los adquirió
por expropiación forzosa. El adjudicatario recibirá su retribución mediante las tarifas
que abonen los usuarios durante el plazo de 40 años de duración del contrato; tarifas que
no podrán ser superiores a las fijadas para el resto de piscinas y centros deportivos
municipales, pero sí inferiores a ellas, si así lo decide la empresa.
La inversión inicial prevista es de 18.195.301 euros, según los cálculos del
estudio de viabilidad económico-financiera realizado por el Ayuntamiento, si bien el
valor estimado del contrato es mucho mayor (cercano a los 142 millones de euros).
II. Al margen de ello, el Ayuntamiento prepara la celebración de las próximas
fiestas del Pilar, en cuya organización está previsto que tenga un papel relevante
Zaragoza Cultural, SAU, cuyo capital pertenece en su integridad al Ayuntamiento. Esta
Sociedad municipal se responsabiliza, por ejemplo, de la contratación del servicio de
montaje, mantenimiento y desmontaje de la estructura necesaria para la ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar.
III. También se ha hecho pública, durante la presente legislatura municipal, la
decisión del Ayuntamiento de actuar sobre un antiguo cuartel situado en una zona
deteriorada del casco histórico (el denominado edificio de “Pontoneros”, ubicado en la
calle Madre Rafols, que es un inmueble de titularidad municipal cedido en su momento
al Ayuntamiento por la Administración estatal1, que se encuentra en desuso desde hace
varias décadas); actuación que tiene por objeto transformarlo en una residencia para
estudiantes universitarios. A tal efecto, el Ayuntamiento convocó un concurso público
para enajenar el derecho de superficie correspondiente al inmueble durante el plazo de
75 años2 con el compromiso por parte del adquirente de rehabilitar el edificio y
1 La titularidad municipal del inmueble deriva de la cesión gratuita del cuartel a favor del
Ayuntamiento realizada en la década de los años setenta del siglo pasado por la Administración
estatal (Ministerio de Defensa) junto con otros acuartelamientos existentes en la ciudad de
Zaragoza que habían quedado en desuso.
2 Conforme a la regulación general de este derecho vigente en España, el derecho de superficie
es un derecho real que faculta a su titular, denominado superficiario, a construir en suelo ajeno
adquiriendo la propiedad de lo edificado durante el plazo establecido en el correspondiente
título constitutivo del derecho. Transcurrido dicho plazo, el propietario del suelo adquiere la
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