Sentencia 200/2015, de 24 de septiembre de 2015
Resumen de la sentencia:
El día 2 de octubre de 2014 se interpuso un recurso contencioso administrativo contra
una resolución del Ayuntamiento de Ateca, relacionada con la situación de un auxiliar
de policía local “a extinguir” debido a que no tenía la titulación exigida por la
disposición transitoria segunda de la Ley 8/2013 del 12 de septiembre de coordinación
de policías locales en Aragón, en el que sugería la inconstitucionalidad de los apartados
2, 3, y 4 en la ley anteriormente nombrada. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Zaragoza acordó un plazo de 10 días para que ambas partes se
pronunciarán sobre si son constitucionales o no dos preceptos.
El primero de ellos dice que en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de
la Ley de Aragón 8/2013, (En el caso de que no dispongan de la titulación requerida,
quedarán encuadrados en su grupo de origen en situación «a extinguir», prestando
funciones de vigilancia y custodia de instalaciones, servicios y bienes locales. En
ningún caso vestirán uniforme de la Policía Local, ni portarán armas ni ostentarán la
condición de agentes de la autoridad.) Excepto en el inciso «En ningún caso vestirán
uniforme de la Policía Local», por infracción de los arts. 137 y 140 CE, que reconocen
el principio de autonomía local, y del art. 51.2 LOFCS.
El segundo dice que el apartado 3, previamente citado, y el apartado dos de la misma
ley infringen el art. 149.1.18 de la Constitución Española (en el que se expone tiene
competencia exclusiva en las bases del régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del régimen estatutario de los funcionarios) en conexión con la disposición
adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función
pública en la que se dice que el acceso a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse a
cabo a través de la promoción interna desde cuerpos o escalas del grupo D.
El día 9 de marzo de 2015 se presentó el auto en el que ponía de manifiesto un
precedente, en el cuál se anuló la autorización autonómica para la creación de puestos
de auxiliar de policía local por ser contrario a la autonomía municipal. Por tanto, si
tenemos en cuenta el apartado 3 de la disposición transitoria que establece que los
auxiliares de policías que no tengan la formación necesaria pasarán “a extinguir”, la ley
autonómica impide que los ayuntamientos tengan auxiliares de policía local y les
obliga indirectamente a contratar policías por lo que invaden la autonomía local. Por
otro lado, se aborda la cuestión de que “en ningún caso podrán llevar armas”, el auto
invoca una sentencia en la que atribuía dicha decisión a los alcaldes, al contrario de la
Ley de Aragón 8/2013, que prescinde de la autonomía local. Además, existe la
limitación reflejada en el art. 51.2. LOFCS en la que se asignan funciones equivalentes
a las de un policía en municipios pequeños. Asimismo, la exigencia de dicha titulación
viola la disposición adicional anteriormente nombrada en conexión con el art. 149.1.18
CE ya que en él no se incluye la posibilidad de promoción interna, y aunque no se
prohíbe tampoco se especifica, por lo que se da por hecho que amputa la promoción
interna.
El 28 de abril de 2015, el pleno acordó admitir a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad, y que en un plazo de quince días pudieran personarse y formular
las alegaciones convenientes. El 6 y 8 de mayo el presidente del Congreso y del Senado
comunicaron los acuerdos a la mesa de ambas.
El Abogado del Estado no presentó alegaciones, pero el 28 de mayo la Letrada de la
Comunidad Autónoma de Aragón solicitó la desestimación. Por un lado aclaró que no se
produce la extinción de los auxiliares sino que desaparecen sus obligaciones equitativas
a las de un policía, ya que con policías su presencia es innecesaria. Además se pueden
tener policías independientemente del número de habitantes de una localidad, no hay
mínimo, por lo que simplemente esa función quedaría inoperativa.
Grupo 114: Berrueco Betoré, Javier
