TEMA 11.- LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA.
11.1.- Concepto y naturaleza.
a) Concepto.
La protección diplomática ha sido definida como “la acción de un Gobierno ante otro
Gobierno extranjero para reclamar respecto de sus nacionales, o, excepcionalmente, de
otras personas, el respeto al Derecho Internacional o para obtener ciertas ventajas a su
favor”.
Desde otro punto de vista se entiende por protección diplomática “la puesta en
movimiento por el Estado de la acción diplomática o de la acción judicial internacional
en razón de los daños sufridos por sus nacionales en el extranjero”.
Ambas definiciones no recogen la evolución en materia de subjetividad internacional
relativa a las organizaciones internacionales. Por tanto la definición hubo de ser
ampliada entendiéndose por protección diplomática la acción que ejerce un sujeto del
Derecho Internacional, de estructura estatal o no, respecto a otro sujeto de Derecho
Internacional a favor de ciertos individuos que tienen ligámenes determinados con él.
La protección diplomática puede ser ejercitada con la triple finalidad de:
- Prevenir la violación de normas internacionales relativas a extranjeros.
- Hacer cesar una actividad de carácter ilícito.
- Obtener una reparación.
No debe confundirse la protección diplomática con la protección o asistencia que el
Estado ejerce a favor de sus nacionales mediante consulados en el extranjero llamada
tradicionalmente protección o asistencia consular.
b) Naturaleza jurídica.
El derecho de protección diplomática pertenece al sujeto de Derecho Internacional.
Mediante la protección diplomática el Estado ejerce un derecho propio y no un derecho
del ciudadano o nacional suyo. Una vez que el Estado inicia la protección, la persona
física o jurídica no está legitimada para renunciar a la acción emprendida, o para hacer
desistir al Estado de una acción empleada:
- La renuncia a la protección es negada por la mayoría de la doctrina. La cuestión se
planteó más agudamente por la práctica de los países de América Latina conocida como
CLAUSULA CALVO: Según ella se incluía en los contratos celebrados con
extranjeros una cláusula por la que las empresas y ciudadanos extranjeros declaraban
que consentían expresamente el ser equiparados a los nacionales a efectos de
reclamaciones y de acciones judiciales y renunciaban a cualquier trato, prerrogativa o
facultad que le correspondiese por su condición de extranjero, incluida entre ellas la
protección diplomática.
La razón capital para negar efectos jurídicos a dicha cláusula hay que buscarla en el
hecho de que se trata de un derecho del Estado y no del particular. Es este motivo –el
ser un derecho del Estado y no del particular- el que permite que el Estado sí pueda
renunciar convencionalmente al ejercicio futuro de la protección diplomática en los
casos previstos en el tratado en cuestión.
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