TEMA 9: SISTEMA JURISDICCIONAL (II)
1. EL CONTROL SOBRE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN:
1.1. El recurso de anulación
Lo puede interponer los Estados miembros, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión.
A partir de Lisboa y por el principio de subsidiariedad, es importante el papel de los
Parlamentos nacionales porque pueden promover la acción de nulidad.
No se atribuye legitimación directa para recurrir por esta vía a los particulares, porque quedan
excluidos en la medida, en que las disposiciones jurídicas de carácter general (Reglamentos,
Directivas y decisiones), no se pueden atacar a título privado. Por ello el recurso de anulación
solamente puede ir dirigido contra los actos legislativos.
En cambio los actos reglamentarios o de aplicación quedan excluidos de esta vía de recurso.
La sentencia del Tribunal de Justicia si es estimatoria (si declara la nulidad) tiene efectos erga
omnes (frente a todos), y solamente tendrá que matizar a partir de qué momento surte efecto.
Los motivos de impugnación del acto pueden ser:
• Incompetencia.
• Vicios sustanciales de forma.
• Violación de los tratados.
• Desviación de poder.
Si la sentencia es desestimatoria, el acto impugnado conserva plena vigencia.
1.2. El recurso por omisión
Legitimación activa: Las instituciones europeas y los Estados miembros, sin necesidad de
demostrar afectación alguna, es decir, este recurso no se dirige contra ningún acto, sino contra
la obligación de actuar (omisión de actuar). La omisión suele ser atribuible a la Comisión
Europea.
Se debe requerir a la Comisión previa a la interposición del procedimiento para que subsane
esa inactividad, en el plazo de dos meses, transcurridos los cuales se puede recurrir al Tribunal
de Justicia. La declaración de la sentencia constatará la omisión y obligará a llevar a cabo las
acciones oportunas a la Comisión.
1.3. La cuestión prejudicial de validez
El art. 267 TFUE se suscita no solo respecto de la interpretación de una norma comunitaria
sino también respecto a la validez de la misma. En este sentido este mecanismo sirve para
solventar los problemas de legitimación activa de un particular para atacar disposiciones
generales de carácter general del derecho comunitario, que le quedaba vetado a través del
recurso de anulación.
Derecho Comunitario
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