4. El Derecho y el Estado: el Estado social y democrático de Derecho.
Evolución Histórica
El art. 1.1 de la Constitución española comienza diciendo que “España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
El Estado de Derecho se configura como un régimen de garantía de los derechos individuales, la
libertad y sobre todo la propiedad, que se proclaman como universales, pero que sólo son efectivas
para unos pocos. A su servicio están la división de poderes, el imperio de la ley y el correspondiente
control judicial de la administración, que se conciben como un límite para las intervenciones del
ejecutivo en esa esfera de libertad y propiedad: sólo pueden tener lugar previa autorización de la ley
y bajo el control de los Tribunales. Finalmente, la ley, aunque identificada como expresión de la
voluntad general, era en realidad producida por un parlamento elegido por sufragio censitario. La
democratización del sufragio pone en crisis el Estado de Derecho, porque los representantes de las
masas no garantizan que la ley parlamentaria vaya a ser compatible con la preservación de la
libertad y de la propiedad burguesas. La efectiva primacía de estos intereses, que al parecer la
autoridad del Estado capitalista debía proteger a cualquier precio, se pone de manifiesto en los
intentos autoritarios de desarbolar no ya la democracia, sino el propio entramado institucional del
Estado liberal de Derecho. Pero esas soluciones desembocan en la segunda Guerra Mundial, y de
ella surge el Estado social. Esta nueva forma de Estado integra a las masas en el orden político
liberal, garantizado ahora frente a la propia ley parlamentaria mediante la supremacía de la
Constitución, ofreciéndoles en contraprestación no sólo derechos sociales, sino una larga serie de
garantías (por ejemplo, los servicios públicos de acceso universal) que en principio deben permitir
que los derechos puedan ser efectivos para todos. El Estado social, en cualquier caso, supone una
transformación de la democracia y del Estado de Derecho. Diluye de un lado la separación rígida
que el liberalismo trazaba entre Estado y sociedad, aumentando las facultades estatales de
intervención a fin de controlar el proceso económico y detraer de él recursos para financiar su
acción social; y transforma también la democracia, porque la acción pública estatal pasa a estar
mediada no sólo por una administración dotada de nuevos poderes, sino especialmente por
organizaciones sociales que contribuyen a configurar la acción estatal. El texto constitucional
español recoge esa situación cuando el modelo se encuentra en declive; porque, en efecto, desde las
convulsiones económicas de 1973 comienzan a hacerse patentes los límites del Estado social y se
teoriza incluso sobre su crisis . Una crisis que, naturalmente, arrastra consigo la configuración
vigente de los postulados democrático y del Estado de Derecho. Ello, en cualquier caso, no significa
que a estas alturas haya de considerarse sencillamente superada la configuración constitucional del
