STC 128/2007
4. En contraste con tal modo de proceder consideramos que nuestra Sentencia
debería haberse pronunciado, desde la perspectiva exclusivamente constitucional,
sobre el alcance y contenido de la libertad religiosa individual en el contexto de una
relación tan peculiar como la que liga a los profesores de una confesión religiosa
con las autoridades religiosas que han de apreciar su idoneidad, lo que no hace.
Avanzando por nuestra parte en dicho análisis llegamos a la conclusión de que la
Sentencia debería haber sido estimatoria. En primer lugar no cabe olvidar que, en el
caso, estamos ante un sacerdote al que la autoridad eclesiástica le ha autorizado a
contraer matrimonio, por lo que su aparición en la prensa en tal condición -es decir,
haciendo "pública y notoria" su situación- no puede equipararse sin más al "peligro
de escándalo" a que alude el "Rescripto" que le secularizó. En efecto, no resiste un
juicio de constitucionalidad la pretensión de que se mantenga en la clandestinidad
o, al menos, reducida a un conocimiento privado, una situación plenamente acorde
con el Derecho estatal e incluso con el propio Derecho canónico. Y es que el deber
de ocultar ese matrimonio, aceptado por la Iglesia y contraído en ejercicio de un
derecho fundamental que la Constitución garantiza (art. 32.1 CE), habría de
reputarse, sin duda, como una obligación abiertamente inconstitucional. Tanto más
cuando, como en el supuesto en cuestión, de ese matrimonio han nacido cinco
hijos, cuya igualdad reconoce la Constitución, encomendando su protección integral
a todos los poderes públicos (art. 39.2 CE), creándose así una familia que la
Constitución igualmente reconoce y protege (art. 39.1 CE). En definitiva, el hecho
de que esa realidad se hiciera pública no la transforma, ni transforma tampoco,
consiguientemente, aquella circunstancia del conocimiento y la tolerancia previa de
la Iglesia, de modo que no puede convertirse de forma sobrevenida en una razón de
inadecuación para la docencia cuando no impedía hasta la fecha la aptitud para la
misma y para la transmisión de los valores religiosos que comporta.
Por otra parte, en segundo lugar, no puede ser impedimento para la continuidad en
la prestación del servicio el hecho de pertenecer a una asociación que defiende la
concepción de la convivencia que el recurrente había puesto en práctica, con
conocimiento de la autoridad religiosa, sin que ello impidiera a lo largo de los años
la declaración de idoneidad del mismo. Finalmente, tampoco puede pretenderse
que el recurrente se opusiera a las manifestaciones de terceros, ni que discrepara
de ellas, pues, en todo caso, en uso legítimo del derecho a la libertad de expresión,
podía optar por mantenerse en una actitud silente (STC 153/2000, de 12 de junio),
sin que ello pueda emplearse, pues, para justificar su inidoneidad para la docencia.
En suma, la Iglesia ha hecho valer para la no renovación de la idoneidad del
profesor una circunstancia personal que conocía, así como su discrepancia con una
posición legítima del profesor amparada por la Constitución, que previamente
consintió. Por tanto, las circunstancias del caso acreditan que los factores invocados
para la inidoneidad del recurrente, pretendidamente amparados en la libertad
religiosa de la iglesia (art. 16.1 CE) y en su derecho consiguiente a decidir quién es
apto para la docencia de la enseñanza religiosa, son elementos que la propia
iglesia, en atención a sus actos previos, no consideró relevantes para negar la
idoneidad del profesor en los años anteriores. La publicidad de esos datos, por
indeseada que fuera para la iglesia, no esconde que los mismos nunca fueron antes
considerados inhabilitantes para la impartición de la doctrina, núcleo que constituye
el derecho de decisión de la iglesia amparado por el art. 16.1 CE, a lo que habrá que
añadir que la no publicidad de ciertos hechos es un elemento ajeno a la cobertura
constitucional de ese derecho, pues no puede la autoridad religiosa condicionar la
idoneidad docente de una persona a que la sociedad no conozca hechos que ella
misma conoció, consintió, toleró y, sobre todo, consideró compatibles con la
enseñanza de la religión.
5. Junto al anterior motivo, la neutralidad del Estado en estos ámbitos, en definitiva,
operaría en términos similares en el momento constitutivo de la relación laboral
inicial y en otros sucesivos en los que el juicio de la autoridad religiosa pudiera
determinar la no designación. Resulta indudable que esa hipótesis puede llegar a
darse. Pero no puede significar que la inidoneidad sobrevenida (como tampoco sería
admisible respecto de inidoneidad original o inicial) sea una calificación derivada de
