LECCIÓN 4. EL SISTEMA ESPAÑOL. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y EL MODELO CONSTITUCIONAL
VIGENTE.
LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Y EL FACTOR RELIGIOSO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
Los valores superiores son aquellas normas jurídicas que se les atribuye el carácter
inspirador de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución Española de 1978
consagra una serie de valores superiores que inspiran las normas que van a formar parte
del nuevo ordenamiento jurídico español. De esa manera el art. 1 C.E. dice: “ España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores
superiores de su O.J. la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
El art 9 y 10 dicen que para que esta igualdad y libertad serán reales y efectivas, los
poderes públicos promoverán aquellas condiciones necesarias para su pleno desarrollo
modificando todos aquellos obstáculos que dificulten su plenitud y también facilitar la
participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural.
Como consecuencia de lo establecido en estos artículos, el factor religioso recibe un
nuevo tratamiento y se produce una visión diferente a la que estaba vigente hasta ahora,
de las relaciones entre el poder político y el poder religioso. Por que el Estado español
al convertirse en un Estado social y democrático de derecho debe estar presente en todos
los sectores de la vida social y, consecuentemente debe estar presente también en el
sector religioso. Por tanto no puede ser indiferente, sino que debe proteger y garantizar
la libertad religiosa de sus individuos.
LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO ECLESIÁSTICO
ESPAÑOL.
Se encuentran especialmente en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Art 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”.
Art 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
16.2: “nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.
16.3: “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesía Católica y las demás confesiones”.
En esto artículos se deduce que el Estado asume un papel favorable al fenómeno
religioso, superando el antiguo favoritismo que existía, la hostilidad o indiferencia
contra la religión.
La valoración positiva del fenómeno religioso se manifiesta cuando se acepta el estatus
de los grupos religiosos y su relevancia social. De lo dicho podemos concluir que la
libertad religiosa, la laicidad, la igualdad y la cooperación entre el Estado y las
confesiones son los principios informadores del actúal derecho eclesiástico español.
Respecto de su naturaleza, aunque hacen referencia al factor religioso, hemos de decir
que no son valores solamente religiosos, sino estrictamente civiles. Y no son solamente
civiles, sino también jurídicos debido a que la cuestión religiosa se resolverá siempre
mediante la aplicación de un derecho que la regule, que es el derecho eclesiástico.
FUNCIÓN PRIMORDIAL DE ESTOS PRINCIPIOS.
Cumplen una tripe función:
